SENTENCIAS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVAS: DESLINDE ENTRE LA INCONGRUENCIA Y EL IURA NOVIT CURIA

Existen ocasiones en que un demandante se encuentra en la jurisdicción contencioso-administrativa con que los Tribunales desestiman su pretensión con razonamientos o argumentaciones que no han sido esgrimidas por la parte contraria, es decir, por la Administración demandada. La cara de estupor que le queda al letrado en estos casos es un poema, no sólo porque tiene la sensación de que el trabajo sucio de la Administración en determinados casos es suplida por los Tribunales, sino porque tendrá que explicar a su iracundo cliente cómo un Tribunal le ha quitado la razón por motivos que ni tan siquiera fueron puestos de manifiesto por el ente público demandado. ¿Es procesalmente correcta tal actuación de los órganos jurisdiccionales? ¿Acaso no choca con lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Ley 29/1998? Recordemos que dicho precepto legal establece que “Si el Juez o Tribunal, al dictar sentencia, estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición, lo someterá a aquéllas mediante providencia en que, advirtiendo que no prejuzga el fallo definitivo, los expondrá y concederá a los interesados un plazo común de diez días para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo. Contra la expresada providencia no cabrá recurso alguno”. La vulneración de dicho precepto supondría que la resolución judicial estaría viciada por incongruencia. Ahora bien ¿Cuál es el límite entre la congruencia y el iura novit curia? Y ¿Por qué razón este principio opera especialmente en un determinado orden jurisdiccional y siempre –o casi siempre- en beneficio de la parte –la Administración- que menos lo necesita?

Un supuesto en que se estimó un recurso contencioso-administrativo por incongruencia es el resuelto por la Sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2009 (Ponente, Agustín Puente Prieto), en cuyo fundamento jurídico segundo se aborda la aplicabilidad del artículo 33.2 con el siguiente razonamiento:

Contra dicha sentencia se interpone el presente recurso por la representación de Ibéricos del Sur, S.A. con fundamento en un primer motivo casacional que ha de ser objeto de valoración prioritaria, dado que, en caso de estimación, y al estar fundado en lo dispuesto en el apartado 88.1.c) de la Ley de la Jurisdicción, sobre la base de que se ha resuelto en la sentencia en función de consideraciones o cuestiones que no habían sido suscitadas por las partes, sin que se hubiera puesto de manifiesto tales motivos a las mismas para alegaciones, como exige el articulo 33.2 de la Ley de la Jurisdicción, la apreciación de dicho motivo habría de dar lugar a la declaración de nulidad de la sentencia para que, con cumplimiento del trámite previsto en el precepto citado, se produzca nuevo pronunciamiento por el Tribunal de instancia.

El punto de partida para la resolución del presente motivo ha de partir de la jurisprudencia de esta Sala que entiende que la congruencia, en el ámbito del recurso contencioso administrativo, tiene una mayor exigencia y relevancia que en el proceso ordinario, toda vez que la misma ha de apreciarse no solamente en relación con las pretensiones suscitadas por las partes sino en consideración también a las cuestiones básicas sometidas a consideración del Tribunal de instancia por cuanto que, conforme al articulo 33 de la Ley de la Jurisdicción , éste ha de resolver no solamente acerca de dichas pretensiones, sino también tomando en consideración los motivos que fundamenten el recurso y la oposición, de tal manera que el Juez o Tribunal, si al dictar sentencia, estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes por existir en apariencia otros motivos susceptible de fundar el recurso a la oposición, los someterá a aquéllas mediante providencia en que, advirtiendo que no prejuzga el fallo definitivo, los expondrá y concederá a los interesados un plazo común de diez días para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo.

En el presente caso es evidente que el Tribunal de instancia ha introducido una cuestión nueva, como es la relativa a la relevancia que, en relación con los daños producidos por el cierre del matadero se habían ocasionado a su titular, dado que el Tribunal afirma que la legalidad del cierre está declarada en anterior pronunciamiento de la propia Sala de instancia en su sentencia de 5 de octubre de 2001, dictada en el recurso 486/1997, que resuelve la legalidad de la resolución que ordenó el cierre de 11 de abril de 1996.

Evidentemente, es ésta una cuestión no tomada en consideración por las partes ni aducida por ninguna, y que constituye un motivo que debió de dar lugar a la apertura del trámite previsto en el articulo 33.2 de la Ley de la Jurisdicción, al objeto de dar la posibilidad a las partes de alegar sobre la relevancia de dicha sentencia que, en definitiva, desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por Ibérica del Sur, S.A., confirmando la resolución objeto de impugnación, y que, según el fundamento de derecho segundo de dicha sentencia, incorporada por la recurrente con el escrito interpositorio de esta casación, considera acertada y correcta la orden que, en definitiva, es el objeto del presente pleito de 17 de diciembre de 1996 que, teniendo en cuenta que el cierre del matadero se había decidido el 11 de abril del mismo año y revocado el 13 de mayo, entiende que se había producido la pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento que preve el articulo 42.1 de la Ley 30/92 , remitiendo a la recurrente, para la reclamación de daños y perjuicios, a la formulación de la correspondiente reclamación ante la Administración.

En definitiva, el Tribunal de instancia ha introducido una cuestión nueva no tomada en consideración por las partes y ni siquiera aducida por la Administración recurrida, pese a que contestó a la demanda y formuló conclusiones con posterioridad a la fecha de la sentencia tomada en consideración por el Tribunal de instancia como fundamento de su pretensión desestimatoria, en base a la supuesta legalidad de la orden de cierre del matadero que, según el Tribunal de instancia, ha sido declarada conforme a derecho en la citada sentencia.

En definitiva, producida indefensión a la recurrente por la introducción de esa cuestión nueva en el proceso, al dictarse la sentencia sin haberse producido el trámite a que se refiere el articulo 33.2 de la Ley de la Jurisdicción , y sin, en definitiva, haberse dado oportunidad a la parte de ejercer con plenitud el derecho a la efectividad de la tutela judicial procede, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 95.2.c) de la Ley de la Jurisdicción , anular la sentencia recurrida, mandando reponer las actuaciones hasta el mismo momento en que se hubiere incurrido en la falta antes expresada, al objeto de oír a las partes, por término de diez días, en relación con la relevancia de la sentencia del propio Tribunal de instancia de 5 de octubre de 2001 dictada en el recurso contencioso administrativo nº 486/1997.

Quedémonos, al menos, con que el Tribunal Supremo reconoce que en el ámbito del proceso contencioso-administrativo el Tribunal Supremo considera que la congruencia tiene una “mayor exigencia y relevancia” que en el proceso ordinario. No obstante, dos sentencias aún más recientes del alto Tribunal, en concreto las Sentencias  de la Sección Cuarta del la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 16 de febrero de 2010 y  de 1 de marzo de 2010 (Ponente, Celsa Pico Lorenzo), abordan en su  fundamento jurídico tercero (materialmente idéntico en ambas) el deslinde o delimitación de las fronteras entre el iura novit curia y el vicio de incongruencia. Transcribimos literalmente el razonamiento

Siguiendo el orden argumental de la parte procede lo primero examinar la esgrimida incongruencia. Para ello vamos a recordar su esencia constitucional partiendo de que el Tribunal Constitucional ha dicho que la incongruencia consiste en la ausencia de respuesta a las pretensiones de las partes, es decir un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formulan sus pretensiones (STC 36/2006, de 13 de febrero).

La citada doctrina distingue entre lo que son meras alegaciones formuladas por las partes en defensa de sus pretensiones y las pretensiones en sí mismas consideradas (STC 189/2001,24 de septiembre). Son sólo estas últimas las que exigen una respuesta congruente ya que no es preciso una respuesta pormenorizada de todos las cuestiones planteadas (STC 36/09, de 9 de febrero), salvo que estemos ante una alegación fundamental planteada oportunamente por las partes (STC 4/2006, de 16 de enero). E insiste en que es una categoría legal y doctrinal cuyos contornos no corresponde determinar al citado máximo intérprete constitucional (STC 8/2004, de 9 febrero). Cabe, además, una respuesta de forma tácita o implícita obtenida del conjunto de razonamientos (STC 29/2008, de 20 de febrero). No cabe un desajuste entre el fallo y las pretensiones de las partes que contravenga los razonamientos expuestos para decidir (STC 114/2003 de 16 de junio).

Constatamos que no es necesaria una correlación literal entre el desarrollo argumentativo de los escritos de demanda y de contestación y el de los fundamentos jurídicos de la sentencia. Podemos, por ello, resumir la doctrina de esta Sala sobre la materia en:

a) Se incurre en el vicio de incongruencia tanto cuando la sentencia omite resolver sobre alguna de las pretensiones y cuestiones planteadas en la demanda (STS de 8 de julio de 2008, rec. Casación 6217/2005, STS 25 de febrero de 2008, rec casación 3541/2004), es decir la incongruencia omisiva o por defecto; como cuando resuelve sobre pretensiones no formuladas, o sea incongruencia positiva o por exceso (sentencias de 20 de septiembre 2005, rec. casación 3677/2001, de 5 de diciembre de 2006, rec. casación 10233/2003 y 20 de junio de 2007, rec. casación 11266/2004).

b) El principio de congruencia no se vulnera por el hecho de que los Tribunales basen sus fallos en fundamentos jurídicos distintos de los aducidos por las partes (STS 17 de julio de 2003, rec. Casación 7943/2000). En consecuencia el principio “iuris novit curia” faculta al órgano jurisdiccional a eludir los razonamientos jurídicos de las partes siempre que no altera la pretensión ni el objeto de discusión.

c) Es suficiente con que la sentencia se pronuncie categóricamente sobre las pretensiones formuladas (STS 3 de noviembre de 2003, rec. casación 5581/2000). Cabe, por ello, una respuesta global o genérica, en atención al supuesto preciso, sin atender a las alegaciones concretas no sustanciales.

d) No incurre en incongruencia la sentencia que otorga menos de lo pedido, razonando porqué no se concede el exceso (STS 3 de julio de 2007, rec. casación 3865/2003).

e) No cabe acoger un fundamento que no se refleje en la decisión ya que la conclusión debe ser el resultado de las premisas establecidas (Sentencias de 27 de enero de 1996, rec. de casación 1311/1993).

f) Es necesario que los argumentos empleados guarden coherencia lógica y razonable con la parte dispositiva o fallo, para no generar incoherencia interna, pues de no haberla se genera confusión (STS 23 de abril de 2003, rec. de casación 3505/1997). Contradicción entre fallo de la resolución y su fundamentación reputada por el Tribunal Constitucional defecto de motivación lesivo del derecho a la tutela judicial efectiva y no vicio de incongruencia (STC 127/2008, de 27 de octubre, FJ 2) si bien este Tribunal (STS 4 de noviembre de 2009, recurso de casación 582/2008, FJ 4) reputa incongruencia interna la contradicción entre lo que se razona y lo que se decide derivada de error evidente en la redacción de un párrafo caracterizado por recaer sobre la circunstancia de la que depende la decisión del proceso).

En definitiva, que una cosa son los razonamientos jurídicos y otra muy diferente las pretensiones, y son éstas las que vinculan al juez, no los motivos en los que las partes sustentan su petitum. Ahora bien, hecha la ley, hecha la trampa. Porque si bien es cierto que el juez no se encuentra vinculado por los razonamientos de las partes, no deja de ser cierto que son infinitamente más las ocasiones en que utiliza su prerrogativa iura novit curia a favor del ente público que del particular. Ello me recuerda cuando el celebérrimo José María García manifestaba para defender los frecuentes errores de los colegiados (errores que siempre iban en la misma dirección) que “unas veces te dan y otras te quitan”, obviando que no es lo mismo que te den diez y te quiten uno que a la inversa. Recuerdo en cierta ocasión que en un juzgado de primera instancia un colega solicitó una reclamación por daños argumentando jurídicamente que se estaba ante un supuesto de culpa extracontractual (el supuesto era un accidente de un menor en un centro), daño que la parte contraria aceptaba en cuanto a la realidad del mismo y en cuanto a la cantidad reclamada, pero se mostraba disconforme porque entendía que el dueño del centro no era responsable; pues bien, la sentencia desestimó el recurso porque entendía que el supuesto no era de responsabilidad extracontractual, sino contractual, y como la indemnización no se había solicitado por ese concepto no cabía otorgarlo. Otro ejemplo, recuerdo que una compañera acudió en cierta ocasión a un juzgado de lo contencioso impugnando una sanción administrativa por edificación de obras sin licencia; el argumento es que la obra en cuestión –una nave industrial nada menos- llevaba edificada más de diez años en el momento en que se inició el procedimiento sancionador. Pues bien, para salvar la prescripción en la sentencia se adujeron motivos de hecho (es decir, no jurídicos sino fácticos) que ni tan siquiera habían sido alegados por la Administración.

En definitiva, errare humanum est, pero cuando los errores se producen siempre en la misma dirección es cuestión de reflexionar si estamos ante un error o ante una convención o costumbre. Más que nada porque las costumbres se consolidan y, una vez asentadas, es muy difícil rectificarlas.

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