LA PERVERSIÓN DEL CONCEPTO “MODERNIZACIÓN JUDICIAL”

Modernización

Durante los últimos lustros hemos oído hablar hasta la extenuación de la “modernización de la Administración de Justicia”, y de la necesidad de superar viejos conceptos y tradiciones para situar la Justicia española al compás de los tiempos actuales. Empeño tan loable como necesario. Ahora bien, cuando uno se dedica a estudiar los textos legales aprobados al amparo de ese concepto tan jurídicamente indeterminado como es el de “modernización”, lo cierto es que se contempla con desánimo cómo el mismo o bien se ha desvirtuado al pasar por las cámaras legislativas o bien el legislador entiende por “modernización” algo totalmente distinto a lo que el concepto significa. Si acudimos al Diccionario de la Real Academia Española podremos observar que el término “modernización” es definido como “acción y efecto de modernizar”, verbo este último cuyo significado es “hacer que alguien o algo pase a ser moderno”. A su vez el término “moderno” tiene varias acepciones, aunque a este respecto nos interesa fundamentalmente la primera, es decir, “perteneciente o relativo al tiempo de quien habla o a una época reciente”. Llama poderosamente la atención, pues, que uno de los objetivos sea acercar la Justicia a la altura de los tiempos, reconociendo implícitamente que estamos ante unos procedimientos arcaicos, desfasados y propios de siglos ya fenecidos. Pero, en definitiva, lo pretendido es construir una Administración de Justicia ágil, eficaz, adaptada a las nuevas tecnologías y que suprima trámites innecesarios, supere viejos rigorismos y facilite el acceso del ciudadano a la tutela judicial efectiva. Pero, al igual que en el mito platónico, el ciudadano lo que ve y palpa no son esas realidades sino (y nunca mejor dicho en el momento actual) sombras de las ideas.

El legislador “moderno” prima eficacia sobre garantías, rapidez sobre calidad. Los operadores jurídicos ya pudimos otear el panorama cuando se aprobó la Ley 37/2011 de Medidas de Agilización Procesal, cuyo nervio central consiste en cercenar la segunda instancia elevando cuantitativamente los límites para acceder a la apelación y haciendo prácticamente imposible el acceso a la casación, que en la práctica pasa a configurarse como algo parecido al writ of certiorari estadounidense; en el orden contencioso, además, para disuadir aún más al ciudadano y primar o fomentar la mala praxis administrativa se introduce el sistema del vencimiento objetivo en las costas.  Si tenemos además en cuenta el módulo de productividad impuesto a los jueces tenemos la inevitable conclusión que lo pretendido por los dirigentes (sean de la opción política que sean) es una justicia rápida y ágil, mas en modo alguno una justicia eficiente y de calidad. A lo anterior se ha venido a sumar la reciente y nefasta Ley 10/2012 por el que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia. El actual titular de la cartera antaño gloriosamente denominada Gracia y Justicia concibe pues la Administración de Justicia como algo similar a un hipermercado: sírvase pero pase usted por caja (olvidando cínicamente que el ciudadano ya paga ese servicio con sus impuestos).

Pero, ¿Qué hay de la “modernización”?. Reducida a la nada, y para ello basta con echar un vistazo a cualquiera de las dependencias judiciales que pueblan nuestro rico y variopinto país. Montañas de legajos que asemejan las oficinas a un inmenso archivo regido con soportes y criterios propios del siglo XIX; trámites superfluos que continúan perpetuándose sin más fundamento que la inercia histórica (basta, como ejemplo, el inmenso fraude que supone que a pie de página en todas las sentencias se hace constar que la misma ha sido “leída y publicada”, siendo así que es un hecho público y notorio la falsedad de dicho aserto, con lo cual se manifiesta en la resolución judicial algo que es falso y que, a mayor abundamiento, el fedatario judicial asevera), resurrección de viejos formalismos para cercenar garantías del particular. En el orden contencioso-administrativo existen privilegios otorgados a la Administración que son intolerables en pleno siglo XXI (exención de tasas, depósitos y cauciones; ampliación del periodo voluntario de ejecución que triplica el existente en el orden civil; la autotutela a la hora de ejecutar la tasación de costas) y que sólo pueden entenderse por un acrítico apego a corruptelas históricas.

En definitiva, todo lo contrario a la modernización. El neolenguaje ha irrumpido de pronto en el argot jurídico hispánico. “Modernizar” en la justicia española no equivale a  situar ésta a la altura de los tiempos, sino justo a la inversa: situar a los tiempos a la altura de la Administración de Justicia española regida aún con principios (y en algunos casos con normas) decimonónicas. Situación perfectamente descrita de forma gráfica en la impagable viñeta de Antonio Fraguas “Forges” que ilustra este post.

About these ads

Deja un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s