LEY Y ORDEN – TÉCNICOS VERSUS POLÍTICOS

jack

Este miércoles la cadena “Calle 13” ha terminado de emitir los capítulos de la decimooctava temporada de la veteranísima serie “Ley y Orden”, en antena desde 1990, y que narra el acontecer de los miembros del cuerpo de policía y de la fiscalía del distrito en su lucha contra el crimen. Los últimos capítulos son especialmente ilustrativos de lo que ocurre cuando una persona ajena a los manejos y navajeos del mundo de la política y que ha desempeñado toda su carrera en un puesto técnico accede a un puesto donde la política es algo inherente al cargo.
Jack McCoy ha desempeñado durante catorce años el puesto de ayudante del fiscal de distrito. Ajeno al mundo de la política, durante todos esos años como fiscal procesó en los Tribunales a tirios y troyanos, guiándose únicamente por su sentido de la justifcia y no dejándose influir por cuestiones extrajurídicas. Ello en ocasiones le enfrentó con sus jefes, los fiscales de distrito. Y es que tanto el liberal Adam Schiff (fiscal de distrito durante diez años) como su sucesor el republicano Arthur Branch, aun siendo expertos peritos en asuntos judiciales, eran más políticos que técnicos y no dudaban en realizar turbios manejos, tirar de agenda, hacer una llamada a personalidades influyentes o usar cualquiera de los recursos de un veterano político en casos de dificultad. Ello les colocaba a veces en situaciones incómodas, pues en la política, como en todo, los favores se pagan y en ocasiones uno debe mirar dolorosamente hacia otro lado y taparse las narices.
Pero, tras catorce años en el foro, McCoy es elegido fiscal del distrito. Su contacto con el mundo de la política era (y es) casi nulo y ello le lleva al borde del abismo en dos ocasiones. La primera cuando la fiscalía acusa de asesinato a un policía en prácticas que había disparado a una hispana en una manifestación. McCoy no cedió a las presiones de los sindicatos policiales para que retirara la acusación, e incluso dejó a un lado toda consideración personal cuando encargó dirigir la acusación a un miembro de la fiscalía con el cual no simpatizaba, fiscal que se demostró voluntariamente incompetente por creer que debería concederse “deferencia” a los policías. Cuando McCoy despide al inepto fiscal salen a relucir sus ideas liberales y se le acusa públicamentede utilizar el cargo para perseguir a sus enemigos. Es entonces cuando dice a sus subordinados que “Me han sugerido un par de llamadas influyentes o un comunicado de prensa…Me defenderé donde mejor sé hacerlo”, y donde mejor sabía hacerlo es en el estrado, en este caso como testigo. Cuando en la misma sala donde se había dejado la piel tantos y tantos años años una letrada sin escrúpulos le acusó de hacer política en el cargo, la vivísima respuesta de McCoy fue que “Allí donde hay una ley la apoyaré. Allí donde alguien incumpla la ley lo procesaré y allí donde haya una víctima hablaré por ella. ¡Esa es mi política!”. Nunca un político hubiera reaccionado de tal manera.
La segunda ocasión en que queda de manifiesto que no es más que un neófito en cuestiones políticas tiene lugar cuando el gobernador del estado se ve implicado en un oscuro asunto que afecta a una empresa que alquila los servicios de prostitutas de lujo. Queda patente la nula experiencia de McCoy en asuntos políticos, hasta el punto que cuando su ayudante y amigo, el fiscal Mike Cutter le reprocha su actitud pasiva indicándole que a Adam Schiff le encantaban estas situaciones, McCoy respondía que ello se debía al hecho de que aquél “veía la política inherente al cargo”.
Un gran ejemplo de que una excelente persona de una integridad a toda prueba y de una profesionalidad encomiable puede naufragar irremisiblemente cuando desempeña un cargo político. Y es que para dedicarse a la política hay que tener estómago y una enorme capacidad de ser ciego, sordo y mudo. Y en ocasiones, cojo (nunca manco).
Que nos sirva de lección.

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Un comentario el “LEY Y ORDEN – TÉCNICOS VERSUS POLÍTICOS

  1. ALERTA A ANTONIO CAMACHO,JUEZ,FISCAL,... DE ANTICONSTITUCIONALIDAD DE FUNCIONARIOS POLICIAS Y TECNICOS DEL MINISTERIO DE INTERIOR

    ALERTA A ANTONIO CAMACHO,JUEZ,FISCAL, DIPUTADO POR ZAMORA Y MINISTRO EN FUNCIONES, DE ANTICONSTITUCIONALIDAD DE LOS FUNCIONARIOS POLICIAS Y TECNICOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y RESTO DE AAPP ATERRORIZADOS DESDE 1978 A 2011 CON SANCIONES Y PENAS PERPETUAS FRANQUISTAS INICUAS DE SEPARACION DE SERVICIO SIN REHABILITACION RESPECTO JUECES Y FISCALES

    ADJUNTAMOS ALERTA DE 8 DE JULIO DE 1992 DE “LA OPINION DE ZAMORA” DESOÍDA POR TODAS LAS AAPP Y AUTORIDADES DE CASTILLA Y LEON Y DEMÁS PODERES DEL ESTADO PARA SU ESTUDIO Y REFLEXION POR LOS MISMOS Y PARA RESOLVER ESTA MONUMENTAL CRISIS CONSTITUCIONAL DEL IUS PUNIENDI Y HONORANDI DEL ESTADO DE DERECHO TORCIDO DE SANCIONES Y PENAS PERPETUAS FRANQUISTAS

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    24/LA OPINIÓN DE ZAMORA/ SOCIEDAD/Miércoles,8 julio 1992

    LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL Y ONCE AUTONÓMICAS, AFECTADAS POR UN POSIBLE VICIO LEGAL

    LAS OPOSICIONES A EMPLEOS PÚBLICOS PODRÍAN RESULTAR NULAS DESDE 1978

    LA INICIATIVA DE UN SOLO CIUDADANO HA ABIERTO UN FRENTE JURÍDICO QUE PUEDE ROMPER UNA CADENA DE VIOLACIONES DE DERECHOS FUNDAMENTALES

    ZAMORA

    Si no todas, la gran mayoría de las oposiciones públicas celebradas en España desde 1978, incluídas las de Castilla-León, podrían estar viciadas de nulidad por el presunto carácter inconstitucional de un requisito de acceso a la función pública. Después de siete años de denuncias y recursos promovidos por un particular, la juez María del Mar Gan Busto, titular del Juzgado Social número 20 de Barcelona, dictó el pasado abril una Providencia declarando pendiente “resolver la cuestión de inconstitucionalidad” alegada por la parte actora en una demanda por despido.

    Es el primer documento judicial que se abre a un supuesto de inconstitucionalidad, evitado hasta ahora por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona y del Tribunal Supremo. La Administración estatal y al menos once de las autonómicas podrían resultar afectadas por la iniciativa de un solo ciudadano que, en su propia defensa, hace palanca sobre un aparente vicio jurídico y trata de romper una cadena potencialmente interminable de violaciones de derechos fundamentales.

    SUPERVIVENCIA DE UN IMPEDIMENTO FRANQUISTA

    La Ley 30/84, llamada “ley Moscoso” de Medidas Urgentes de Reforma de la Función Pública fue tildada de inconstitucional y una vez suprimidos varios de sus artículos, rehecha en 1988. Ni el texto vigente ni el anterior derogan expresamente el artículo 30.1.e del Decreto-Ley 315/1964 de Funcionarios Civiles del Estado, conocida como “Ley López Rodó” (entonces al servicio de Carrero Blanco en su calidad de administrativista)

    Entre los motivos de exclusión de empleo público enumerados por aquella ley preconstitucional, subsisten en la ley democrática el de “estar inhabilitado” y el de “haber estado separado del servicio” por cualquier administración pública. Esa equiparación de dos situaciones tan distintas hereda un lapsus corruptor del criterio del tiempo: Si “estar” es lo mismo que “haber estado”, hoy es igual a ayer, y mañana será igual a hoy, deducción inviable en cualquier procedimiento y sobre todo en Derecho, que atribuye valor determinante a los conceptos de tiempo y plazo.

    “Haber estado separado del servicio” es una circunstancia que así enunciada, permanece toda la vida a partir del momento en que cesa la separación. Lo correcto parece diferenciar la situación de “estar o hallarse separado” y la de “haber estado”. Esta última situación, la de ex-separado, no debiera obstaculizar el acceso a empleos públicos.

    A la confusión gramatical se añade la de homologar la inhabilitación (que exige sentencia judicial firme, es decir, dictada al menos por dos tribunales, penda o no de revisión o amparo de otro superior) y la separación del servicio (máxima sanción administrativa sin carácter ni rango penal). Mediante un vicio de lenguaje, separados y ex-separados por sanción administrativa se igualan a inhabilitados por sentencia judicial firme y pueden ser excluidos de la función pública.

    La legislación estatal vigente no rectifica un error tal vez deliberado en el régimen franquista, que no reconocía los derechos fundamentales. Cuando en aquél tiempo se inhabilitaba o separaba del servicio a personas como Tierno Galván, Aranguren, García Calvo, Jordi Pujol o Miguel Roca, se hacía con propósito “vitalicio”. Lo curioso es que su posterior reincorporación a empleos y funciones públicas tendría que reputarse de ilegal “por haber estado separados” sin que una ley democrática distinga en su caso, como en ningún otro, la condición de ex separados. En suma, la aplicación estricta del artículo 30.1.e del DL 315/1964 FCE antes y después de 1978 les mantendría separados a ellos y a muchos otros.

    La permanencia del precepto franquista en la ley democrática, y el calco más o menos literal del mismo por las leyes autonómicas de la función pública podrían estar vulnerando los derechos fundamentales de acceso a empleo público, no discriminación, honor, presunción de inocencia, tutela judicial, legitimidad sancionadora, libertad sindical y petición, así como los principios de legalidad, no arbitrariedad, jerarquía e irretroactividad sancionadora. Esa vulneración afecta a todas las personas que “habiendo estado” separadas del servicio por cualquier administración pública -aunque ya no lo estén- aspiren a un empleo público estatal (salvo los judiciales, como se verá), autonómico, y/o local en Navarra, Cataluña, Valencia, Castilla-León, Galicia, Murcia, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Baleares y La Rioja, que homologan expresamente el artículo 30.1.e del Decreto-Ley 315/1964 FCE franquista e incluso agravan sus errores. Por laguna legal podría no afectar al empleo local y autonómico de Asturias, Madrid, País Vasco, Aragón, Andalucía y Cantabria, autonomías que no rectifican ni derogan expresamente dicho artículo y decreto-ley básicos preconstitucionales, lo que añade la hipótesis de discriminación entre aspirantes de unas u otras Comunidades.

    La Constitución Española de 1978 deroga genéricamente todo lo que se oponga a sus preceptos, pero los dos textos de la Ley de Reforma FP 30/1984 de Moscoso y de Modificación 23/1988 de Almunia, no derogaron ese DL 315/1964 franquista anterior para adaptarlo a los derechos fundamentales. Cuando no existe derogación expresa sobrevive la ratificación tácita.

    Hay, sin embargo, varias leyes orgánicas, la del Consejo General del Poder Judicial y las de los Tribunales Constitucional, Supremo y de Cuentas, derogatorias del precedente franquista al sentar como único impedimento de acceso a la función pública las penas de inhabilitación por sentencia firme, pendiente o no de revisión o amparo. Paradójicamente, podrían acceder a esa esfera de empleos superiores judiciales (secretarios, fiscales, jueces y magistrados) los mismos aspirantes que fueron rechazados en el resto de AAPP y de cuerpos y escalas funcionariales de menor rango por el requisito de “no haber estado separados”

    La derogación de facto del requisito en las normas del poder judicial (art.303 LOPJ y 44 EOMF) subraya todavía más, si cabe, la vigencia errónea de ese Decreto-Ley franquista no derogado en el resto de AAPP. Con su aplicación pudieron darse numerosas exclusiones incompatibles con los derechos fundamentales desde 1978. Pero aún cuando no se hubieran producido, la sola posibilidad justifica la cuestión inconstitucional contemplada por la juez Gan.

    Allí donde sigue vigente, no sólo las oposiciones de acceso y el desempeño del servicio en empleos públicos estarían viciados de nulidad si recae pronunciamiento inconstitucional; también los convenios laborales, las ofertas de empleo público, las convocatorias, concursos y nombramientos, los censos electorales y elecciones sindicales, las separaciones del servicio y determinados despidos retroactivos, en cuanto supuestos derivados de la aplicación del famoso impedimento.

    UN LARGO PROCESO

    Esta cadena de efectos explica tal vez la resistencia a afrontar la cuestión de inconstitucionalidad, -materia impenetrable-, hasta la citada Providencia de la juez Gan.

    Todo empezó cuando XXX , ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, autor del Minitrasvase del Ebro por cuenta del Consorcio de Aguas de Tarragona y ex-jefe de proyectos de Obras Hidráulicas de la Generalitat de Cataluña, es separado del servicio en 1986.

    Su apelación contra el hecho moviliza una serie de actos judiciales y desemboca, años después, en el procesamiento por presuntos delitos de falsedad, prevaricación y desobediencia judicial, sólo de YYY, Secretario de Obras Públicas del Gobierno
    autonómico catalán.

    Desde su separación, el ingeniero se presenta a todas las oposiciones convocadas por la Generalitat para empleos públicos de cualesquiera rangos o categorías, y es sistemáticamente rechazado.

    Hasta el momento ha interpuesto más de 600 recursos ante jurisdicciones diversas, pero en la vía contencioso-administrativa ningún Tribunal ha querido darle la razón. Las consecuencias que una estimación podría desencadenar en todo el país parecen inhibir el cuestionamiento de las leyes de la función pública ante el Tribunal Constitucional pese a la obligación de hacerlo si hay indicios inconstitucionales de las mismas (según los artículos 303 LOPJ y 44 EOMF que admiten a separados del servicio como aspirantes a jueces y fiscales)

    El principio de prejudicialidad penal, por otra parte, indica la prevalencia de los tribunales penales sobre los contencioso-administrativos que deben callar hasta que aquéllos resuelvan, para evitar contradicciones.

    Lo que el demandante ha conseguido, es que se dicten autos judiciales prohibiendo excluirle de las oposiciones, pero no ha conseguido que se ventile democráticamente el impedimento de “haber estado separado del servicio”. Así pues el Tribunal anulando el efecto legal se estaría tratando de obviar la causa.

    Esta prohibición judicial contenciosa ha determinado años después entre otras cosas el procesamiento de YYY acusado de no cumplirla, pero mantiene paralizada la gran cuestión de fondo, que podría aparejar la revisión, y acaso la anulación de todas las oposiciones públicas y otros actos administrativos desde 1978 hasta hoy.

    Han sido innumerables y muy complejos los episodios de los procedimientos, entre ellos una anulación, por parte de la Generalidad, de la Orden de separación del servicio, sustituída por un despido retroactivo con rescisión de contrato. Al parecer, lo pretendido es deslegitimar las denuncias y recursos del demandante, en tanto que “despedido laboral”.

    /////////////////////////////////

    OBSERVACIONES

    1-No se entiende el error continuado del diputado Rubalcaba, como Vicepresidente, Ministro de Interior, Educación, Presidencia, y candidato a la Presidencia de Gobierno, siendo docente universitario, de haber mantenido y aplicado desde 1978 a 2011 para todos los funcionarios incluso PARA ABOGADOS DEL ESTADO Y EXCEPTO PARA JUECES Y FISCALES, las sanciones y penas perpetuas franquistas de separación del servicio mediante el requisito de lealtad al Caudillo del art.30.1.DLFCE 315/1964 “CARRERO” y art.56.1.c.d EBEP 7/2007 “SEVILLA-VELAZQUEZ” fulminados por las LISTAS-CENSOS “GARZON-2008” DE SEPARADOS, EXILIADOS, DESAPARECIDOS….CLAVE DEL INMEDIATO ARCHIVO DE SUS 3 PROCESOS ANTE LA SALA 2ª TS

    http://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_P%C3%A9rez_Rubalcaba

    2–No se entiende el error continuado del diputado Antonio Camacho , como Ministro y Secretario de Estado de Interior, siendo juez y fiscal abolicionista de las sanciones y penas perpetuas franquistas civiles y militares de separación del servicio, inhabilitación, pérdida de empleo prohibidas por art.303 LOPJ y 44 EOMF , de haberlas mantenido para policías, guardias civiles, y resto de funcionarios mediante el requisito de lealtad al Caudillo del art.30.1.e DLFCE 315/1964 “CARRERO”y art.56.1.c.d EBEP “SEVILLA-VELAZQUEZ” fulminados por las LISTAS-CENSOS “GARZON-2008” DE SEPARADOS, EXILIADOS, DESAPARECIDOS….CLAVE DEL INMEDIATO ARCHIVO DE SUS 3 PROCESOS ANTE LA SALA 2ª TS

    http://www.mir.es/ministro-7/antonio-camacho-vizcaino-23

    3-No se entiende el error continuado del Secretario de Estado en funciones ZAMBRANA y del Director General de Policia y Guardia Civil en funciones VELAZQUEZ,

    http://www.mir.es/biografias-de-altos-cargos-34/justo-tomas-zambrana-pineda-2

    http://www.mir.es/biografias-de-altos-cargos-34/francisco-javier-velazquez-167

    ambos sevillanos, economistas y TACE, uno sindicalista, diputado, subsecretario de AAPP, Consejero de la Junta de Castilla-La Mancha, otro docente y Secretario de Estado de AAPP “ padre del EBEP” , asicomo de la Subsecretaria en funciones GALLEGO, siendo del CTS de la SS, y de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias en funciones GALLIZO , siendo funcionaria municipal,

    http://www.mir.es/biografias-de-altos-cargos-34/pilar-gallego-berruezo-166

    http://www.mir.es/biografias-de-altos-cargos-34/mercedes-gallizo-llamas-168

    de haber mantenido y aplicado desde 1978 a 2011 en todos sus cargos el requisito de lealtad al Caudillo de los TACE impuesto por del art.30.1.e DLFCE 315/1964 “CARRERO” y art.56.1.c.d EBEP “SEVILLA-VELAZQUEZ” de “no haber sido separado” pese a que lógicamente no fue homologado en la Ley 30/1984 de “MOSCOSO” por estar dichos requisitos prohibidos y fulminados por STC 4/1981 y 37/2002, y por las LISTAS-CENSOS “GARZON-2008” DE SEPARADOS, EXILIADOS, DESAPARECIDOS….CLAVES DEL INMEDIATO ARCHIVO DE SUS 3 PROCESOS ANTE LA SALA 2ª TS

    4- La trascendencia de esta crisis monumental del Estado radica además en la nulidad radical de oposiciones y nombramientos y actuaciones de funcionarios garantes como policias y tecnicos del Ministerio del Interior y resto del Estado (por violar sus DDFF y deslegitimarlos como empleados y servidores publicos constitucionales desde 1978 a 2011 el requisito franquista de “no haber sido separado”) nulidad que implicaría en su caso la nulidad de informes, pruebas, atestados de delitos, testimonios,….,juicios y sentencias desde 1978 a 2011 por la doctrina del “árbol envenenado” y el art.11 LOPJ

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