LA DECISIÓN DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN RELATIVA A LOS TURNOS DE OFICIO. LA INDIGNIDAD DEL MINISTERIO FISCAL .

candido-malo

Corría el mes de octubre de 2008 cuando el Colegio de Abogados de Gijón convocó una Junta General Extraordinaria donde acordó por mayoría dejar de tramitar solicitudes de asistencia jurídica gratuíta como forma de protesta por la escasa retribución de las mismas. En efecto, un procedimiento civil ordinario, que según honorarios puede minutarse como mínimo en 1300 euros la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad lo abona a 200 euros, y eso si lo abona (porque lo hace medio año más tarde y sin devengo de interés de demora alguno). Pues bien, hoy el Colegio de Abogados informa que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha recurrido tal acuerdo interponiendo un procedimiento especial por vulneración de derechos fundamentales.

Lo de la fiscalía en este país sí que es de juzgado de guardia. Este aguerrido cuerpo de funcionarios (porque no se llame a dudas el infatigable lector, un integrante del ministerio fiscal no es sino uno de tantos funcionarios que se nutren de esa inagotable ubre pública que supone el presupuesto nacional) que no ha dudado en ensuciar sus togas con el polvo del camino, por ejemplo, retirando o rebajando acusaciones contra terroristas, rebajando acusaciones contra personas que procedieron a quemar retratos del jefe del estado; este aguerrido e infatigable grupo de funcionarios que asistieron impávidos a la huelga de sus colegas funcionarios de la Administración de justicia sin que movieran un solo dedo en defensa de los ciudadanos; este aguerrido cuerpo de funcionarios, en fín ahora interponen un recurso contra la legítima decisión del colegio de abogados por la que se acuerda suspender la tramitación de la justicia gratuíta. Valientes y heroicos fiscales, cuya bravura se asemeja mas bien a la de Alejandro de Troya (por no decir a la del león del mago de Oz) que a la del esforzado héroe griego Heracles.

Entiende el humilde redactor de estas líneas que si la decisión del Colegio de Abogados (tomada por el órgano competente, la Junta General Extraordinaria) vulnera algún derecho fundamental (se supone que el de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva) ese mismo derecho lo vulneró igualmente la decisión del cuerpo de antiguos oficiales, auxiliares y agentes de justicia de acudir a la huelga, paralizando el servicio público de Administración de Justicia durante dos meses con la dolosa complicidad cuando no gozoso y explícito apoyo del Ministerio Público (quizá sobre una letra en tan ponposo nombre). Pero, claro, ¿cómo mirar a la cara a tus compañeros funcionarios si impugnas su decisión? Es muchísimo más fácil y cómodo encararse con el Colegio de Abogados, una institución que en buena medida debiera estar gloriosamente fenecida con el resto de gremios medievales suprimidos ya en 1812, pero que aún persiste en nuestro ordenamiento merced a nuestro Tribunal Constitucional, que, para justificar su constitucionalidad,  tuvo que echar mano nada más ni nada menos que del prestigiosísimo constitucionalista don Miguel Primo de Rivera (de su razonamiento, claro, porque ni tan siquiera el alto intérprete de la Constitución tuvo el arrojo de citar de manera expresa la fuente doctrinal utilizada) . Porque, claro, los letrados no tienen un sueldo fijo, no chupan del bote presupuestario, no tienen el mismo estatus privilegiado que cualquier funcionario de la Administración de Justicia (pues si cualquier abogado incurriese en un comportamienteo que fuese símplemente la décima parte de grave del que ha hecho gala doña Rosario Fernández Hevia estaría expulsado del gremio de letrados, y no con una mera suspensión de cinco meses) cuya irresponsabilidad es absoluta salvo en casos de gran repercusión mediática. En fín, que quienes han hecho la vista gorda o han sido cómplices o cooperadores necesarios de la paralización del servicio público de la Administración de justicia durante dos meses se escandalizan ahora por una decisión que comparada con la actitud de los funcionarios de justicia no causa un daño irreparable al justiciable (pues el ciudadano siempre puede acudir a un letrado privado, mientras que no puede acudir a un Tribunal privado, por desgracia).

Desde estas páginas me atrevo a denunciar públicamente la intolerable actitud de la Fiscalía General del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Por mezquina, por injusta y, sobre todo y por encima de todo, por cobarde. Porque quienes pretenden arrojar el rayo de Zeus sobre un grupo de letrados,  hace poco más de medio año aquel grupo de justicieros compartían néctar y ambrosía, mesa y mantel (y algún que otro “desayuno solidario”) con los huelguistas que sí paralizaron un servicio esencial de la comunidad por unas reclamaciones cuando menos tan razonables que la de los letrados.

Yo acuso. Acuso a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de indignidad moral, de cobardía y de inusitada pero por desgracia nada sorprendente parcialidad al tratar de manera desigual situaciones idénticas. Acuso a los integrantes del Ministerio Fiscal de ser copartícipes de esta treta cuasicaciquil. Y animo a todos y cada uno de los letrados que, desde este momento, no se tenga consideración alguna con ciertas actitudes de los miembros del Ministerio Público y, dado que funcionarios son y como tales corporativamente se protegen, los abogados y particulares  comiencen frente a los mismos a utilizar esa figura tan desconocida en nuestro derecho que es la responsabilidad disciplinaria. Estoy seguro de que, en estos tiempos de crisis y con la imagen tan digna e idílica que el ciudadano del vulgo tiene de la Administración de Justicia y de los funcionarios que la integran, se entenderá mejor la actitud de este cuerpo semipolítico (al menos en los Estados Unidos es público y notorio que el cargo de Fiscal de Distrito es un puesto más político que jurídico).

Ante todo lo anterior, me permito plantear los siguientes interrogantes:

 1) ¿Estaría dispuesto el Ministerio Fiscal a impugnar igualmente la decisión de los cuerpos de la Administración de Justicia de ir a la huelga y paralizar la Administración de Justicia si la situación vuelve a producirse nuevamente?

2) ¿Estaría dispuesto el Ministerio Fiscal a impugnar la decisión de la Junta de Jueces de reducir el tiempo dedicado a la celebración de vistas e incluso de ir a la huelga si esa situación se produce, tal y como publicó el diario “La Nueva España” en su edición impresa del sábado día 22 de noviembre?

3) ¿Estarían dispuestos todos y cada uno de los miembros de Ministerio Fiscal a renunciar a una retribución mensual fija y a percibir sus emolumentos al igual que lo hacen los profesionales que prestan sus servicios en régimen de Asistencia Jurídica Gratuíta, léase, con las mismas cuantías y con los mismos plazos de abono?

Y es que quien esto suscribe tiene una triste impresión, sin duda equivocada, y es que cuando se trata con el Ministerio Público, parafraseando a Oscar Wilde, quizá no se pondera lo suficiente la importancia de llamarse Arnaldo (¡oops, perdón, quería decir Ernesto; pido disculpas por el lapsus, pero ¿en qué estaría yo pensando?).

Ego autem censeo. I am VILLEFORT.

 

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de Monsieur de Villefort Publicado en Política

7 comentarios el “LA DECISIÓN DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE GIJÓN RELATIVA A LOS TURNOS DE OFICIO. LA INDIGNIDAD DEL MINISTERIO FISCAL .

  1. Gracias por este artículo de apoyo a los abogados de Gijón. Estamos todavía en la brecha, nos han impugnado la junta del otro día pero no perdemos las ganas de defender nuestros derechos.
    Somos los únicos que ejerciendo funciones semipúblicas carecemos hasta de sanidad. Si rompemos una tibia en Comisaría durante una guardia debemos pagarnos hasta la escayola.
    Las retribuciones, la mayoría de las veces, no retribuyen ni una décima parte del trabajo llevado a cabo. Se nos obliga a mil papeleos para cobrar y, para colmo, si se supone que el cliente no es beneficiario del derecho a Justicia Gratuita, no cobramos nada y a correr detrás del cliente para ver si conseguimos que abone nuestros servicios.
    Las condiciones de trabajo son económicamente indignas y se vienen perpetuandocon la aveniencia de la mayoría de las Juntas de los distintos Colegios de Abogados.
    En Gijón, si conseguimos seguir unidos seguiremos reivindicando lo que nos corresponde.
    Pedimos a todos los demás compañeros que se organicen desde las bases para acompañarnos en la lucha por nuestra dignidad.
    Nosotros podemos contaros cómo lo vamos haciendo en Gijón.

  2. Estimada Carina:
    Era lo menos que desde esta tribuna se podía hacer, otorgar voz y voto a un clectivo ninguneado y despreciado por la casta funcionarial (a todos los niveles) que paralizó sin el más mínimo rubor durante dos meses el servicio de justicia pidiendo cuatrocientos euros al mes y ahora resulta que según el Ministerio Fiscal y el juez de lo Contencioso de Gijón hay que preocuparse por el justiciable.
    Un consejo a los letrados gijoneses: recomienden a sus clientes y, en general, a los ciudadanos que se vieron perjudicados por la huelga a que interpongan un escrito en el Ministerio de Justicia y en la fiscalía General del Estado instando la apertura de un expediente disciplinario por falta muy grave contra el firmante de la impugnación por haber incurrido en dejación de funciones durante los meses de febrero y marzo de 2008.

  3. muchisimas gracias por ser y por estar, no podemos soñar un apoyo juridico mejor que el tuyo, en nuestra lucha con la Administración.

    Debería publicarse el la revista ” sALA DE TOGAS” y a más de alguno se le subirían más de lo normal sus coloretes.ç

    Mi más sincero apoyo y agradecimiento a quienes se están involucrando en esta legitima lucha, a quiens dan algo de su tiempo, o ponen una idea, una palabra…

    Siempre nos quedará el haber sido quien dijo BASTA y HASTA AQUI LLEGAMOS!!!

    vERGUENZA LES TIENE QUE DAR A TODOS AQUELLOS QUE NO SACAN SU CABEZA DEL SUBSUELO .Sabiais que las avestruces tienen el cerebro tan pequeño que muchas mueren de estrés ???

    gracias

  4. Agradezco sobremanera las dos últimas intervenciones. La verdad es que era más que necesario dar un puñetazo sobre la mesa y que el público en general supiera de nuestra entrega desinteresada y sobre todo la escasa consideración que tenemos para el resto de integrantes del mundo jurídico, léase jueces, fiscales y funcionarios de justicia en general. Precisamente ayer comentaba con un empleado público la situación de desamparo en la que nos encontramos: cuando en febrero, marzo y abril del 2008 el servicio público de la Adminstración de justicia sufrió un parón de casi el cien por cien debido a la huelga de los funcionarios tramitadores, todos, absolutamente todos los que ahora se rasgan las vestiduras tras haber descubierto el mediterráneo de los derechos ciudadanos (léase jueces, fiscales e incluso el propio decano del Colegio de Abogados, que perdió el traserillo al salir rápidamente a la palestra) apoyaron expresamente a los huelguistas manifestando lo justo de sus reivindicaciones y achacando el parón judicial a Bermejinsky. Pues bien, esos mismos que toleraron, ampararon y apoyaron la aplastante tiranía de un sector minoritario frente a la mayoría ciudadana (esos mismos jueces, esos mismos fiscales y ese mismo decano) ahora se preocupan por el “justiciable”.
    Si el Ministerio Público pretende ahora lavar sus vergüenzas de cara a la ciudadanía el tiro le ha salido por la culata, y sin duda descenderá aún más (si es que ello es posible) el ya escaso prestigio que la institución tiene en la opinión pública. Y es que quienes han permitido la excarcelación de Arnaldos y De Juanas, quienes han permitido públicamente elogios a terroristas fallecidos, quienes han tolerado la quema de retratos del Jefe del Estado solicitando penas mínimas (tres mil euros, para ser exactos), son los mismos que ahora se escandalizan y piden cuarenta y cinco días de cárcel y un año de alejamiento a una madre por dar un bofetón (¡un bofetón, un mero cachete, no una paliza!) a un hijo. ¡Curiosa escala de valores la del Ministerio Público!
    Quizá los letrados gijoneses debiéramos emular a Arnaldo y preguntar al señor Herrero Montes si el Fiscal General está al tanto de su actuación. Lo más triste de todo es que estoy íntimamente convencido de que si en la sede colegial se hubiera hecho una pública exaltación de comportamientos execrables, el Ministerio Píublico, como el gran Julio César el día de su asesinato, se hubiera tapado la cara son su toga para no ver tanta indignidad y se hubiera abstenido de toda actuación judicial.

    Reitero lo manifestado en mi post. Yo acuso. Acuso al Ministerio Fiscal de parcialidad. Acuso al inefable Candidinsky de interpretar la ley al son que le marcan los políticos de turno. Acuso a la fiscalía de venderse al mejor postor permitiendo que autores de crímenes execrables paseen impunemente por Dublin mientras que ciudadanos oprimidos por el poder público han de ver la aplastante bota del Ministerio Público que sirve de instrumento al poder frente al pobre ciudadano. Y lo más triste de todo es que no falta algún émulo del juez Roy Bean (“la ley al oeste del pecos” del que hablo en otro post) que le baila el agua al fiscal.

    Lo dicho. Gracias a todos y desde esta tribuna se estará atento a la evolución del asunto, no dudándose en denunciar comportamientos de tirios y troyanos en la defensa de una profesión escarnecida, minusvalorada y cuyos profesionales han de sufrir la incomprensión de todo el mundo.
    Para mayores explicaciones, me remito a mi más reciente post, que podréis encontrar en este mismo blog o pinchando en el enlace https://monsieurdevillefort.wordpress.com/2008/12/26/los-abogados-de-gijon-y-la-huelga-del-turno-de-oficio-ii/.

    I am VILLEFORT.

  5. creo que olvidamos algo y es que, no son simples funcionarios sino que sobre ellos pesa cual losa el principio de dependencia jerárquica ¿quién es el responsable quien ejecuta obligado por necesidad jurídica y laboral o quien ordena la ejecución por cuestiones ajenas a la razón?

  6. Creo que en este punto, estimada María, estás en un pequeño error. En efecto, los fiscales están lastrados por la dependencia jerárquica, pero respecto de sus superiores (los fiscales jefes y, en su caso, el Fiscal General del Estado), pero no de los órganos políticos y administrativos (al menos, sobre el papel). En el caso concreto que motivó el post, el Fiscal Jefe de Asturias podía perfectamente haberle devuelto el marrón a la Consejería de Presidencia, manifestando que, como es el Principado el responsable de la prestación de dicho servicio, impugnara él los acuerdos. No lo hizo así, y por tanto me ratifico en mi acusación de indignidad del Ministerio Público.
    Indignidad que, por otra parte, queda de manifiesto en el apoyo explícito que dieron a la huelga de funcionarios de justicia hace un año y en la que explícitamente están dando a las reivindicaciones de los jueces.
    En resumen, que la única palabra que se me ocurre para calificar la actuación de la fiscalía es miserable.
    Pero, afortunadamente, si algo sabe ya cualquier ciudadano aún lego en Derecho es precisamente qué es el Ministerio Fiscal, cuando interviene y cuando no. Y lo más importante, por qué no interviene cuando su omisión es clamorosa.

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