EL JUEZ DE LA HORCA O THE LAW WEST OF THE PECOS.

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Quienes sean aficionados al cine recordarán sin duda alguna la magnífica película El forastero, protagonizada por Gary Cooper y Walter Brennan, siendo la interpretación de este último merecedora de un oscar de la academia. Brennan daba vida a Roy Bean, mítico personaje del far west americano que en su calidad de magistrado impartía justicia en el saloon del pueblo, al que bautizó con el nombre de Jersey Lily en homenaje a la actriz Lily Langtry. Entre botella y botella, Bean impartía su peculiar”justicia”, llegando a convertirse en un foco de atracción popular, siendo así que muchos viajeros de la diligencia hacían una parada estratégica para conocer al magistrado en cuestión. En el folklore americano, Bean fue conocido como the law west of the Pecos.

Los meses de febrero y marzo de 2008 se vivió en las principales ciudades asturianas, léase Gijón y Oviedo, la situación diametralmente opuesta. En lugar de impartir justicia en un saloon, las salas de vistas se convirtieron en un improvisado restaurante-cafetería para “ayudar” a los funcionarios en huelga a dotar de ingresos a la “caja de resistencia” que les permitiese seguir paralizando el servicio público de administración de justicia. Mientras los ciudadanos esperaban resignados una justicia que no llegaba, jueces, magistrados y fiscales apoyaban (al menos de cara a la galería) a los huelguistas en su reivindicaciones sin que ninguno de los colectivos togados (magistratura y fiscalía) observasen en tal comportamiento irregularidad alguna o considerasen tal actitud merecedora de algún tipo de reproche.

Pues bien, en nuestro anterior post nos hacíamos eco de la súbita preocupación que en el Ministerio Fiscal se había despertao en lo relativo al servicio público de la ADministración de Justicia cuando el Colegio de Abogados decidió no tramitar solicitudes de asistencia jurídica gratuíta como modo de protesta por las vergonzantes retribuciones que desde la Administración autonómica se vienen dando a las actuaciones de los profesionales del derecho. Pues bien, a la heróica actitud del Ministerio Fiscal, ausente voluntario durante los meses de febrero y marzo, se añade ahora un nuevo Hércules, pues el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Gijón (otro que ni estuvo ni se le esperaba durante la huelga de funcionarios) acaba de dictar un Auto fechado el día 5 de diciembre de 2008 en el que, como medida cautelar, suspende los acuerdos de la Junta de Gobierno del Colegio y, en consecuencia, les obliga  continuar prestando el servicio. La cosa en sí no tendría importancia ni no fuera porque el magistrado en cuestión suele ser de ordinario bastante restrictivo para conceder las medidas cautelares, pero en esta ocasión ha despertado su sentido en pro de los derechos de los ciudadanos.

El ciudadano del vulgo se pregunta si quienes dejaron que De Juana volara haste Belfast, Arnaldo se fuera de rositas, quienes quemaron retratos del Jefe del Estado se vieran únicamente condenados al abono de una multa de 3.000 euros y, lo que es más grave, si quienes no han movido un dedo en dos meses largos de huelga de funcionarios con paralización total de juzgados y Tribunales tienen una legitimidad moral para actuar ahora. En cualquier país civilizado, en el Ministerio Público rodarían cabezas ( en algún país oriental en el sentido literal de la expresión). Lo cierto es que, cuando menos, debemos agradecer al magistrado un punto en concreto: cuando dice que el Ministerio Fiscal está legitimado para impugnar estos acuerdos, de manera implícita está diciendo que dicho organismo incurrió en una dejación de funciones los meses de febrero y marzo de 2008, es decir, que deberían depurarse responsabilidades disciplinarias en la fiscalía.

Cuando finalizó la guerra de secesión norteamericana, los dueños de las grandes plantaciones sureñas lograron que las élites políticas de los estados sureños aprobaran unas normas jurídicas conocidas como los black codes, que, aún reconociendo a los antiguos esclavos la libertad, trataban de aproximar su situación lo más posible a la esclavitud. El Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Gijón parece retrotraernos a una época felizmente superada y únicamente falta que a los letrados se les coloque la cadena y la bola en el tobillo y los juzgados lo declaren conforme a derecho. En otras palabras, una élite privilegiada (la funcionarial) puede detener la maquinaria de la justicia durante dos meses (al fin y al cabo, los jueces son sus compañeros de profesión que, como ellos, cobran del erario público, lo mismo que los fiscales). Cuando otros profesionales del sector tratan tomar medidas para reivindicar otra serie de mejoras, quienes antaño fueron mansos como corderos sacan la bestia que llevan dentro.

La Judicatura amenaza con ponerse en huelga, los Secretarios judiciales están que trinan y no es descartable que los cuerpos de tramitación vuelvan a ponerse en huelga. ¡Veremos si el Ministerio Público actúa con tanta celeridad como lo ha hecho en esca ocasión! Desde esta tribuna, estaremos vigilantes y recordaremos a la fiscalía su obligación de actuar en casos similares, caiga quien caiga.

Y es que, al menos,en el old far west se sabía que el más rápido con el revólver era quien tenía todas las posibilidades de ganar.

 

 

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