LOS ABOGADOS DE GIJÓN Y LA HUELGA DEL TURNO DE OFICIO (II)

letrados

El día 23 de diciembre de 2008 el Colegio de Abogados de Gijón acordó, en Junta General Ordinaria, dar de baja a todos los letrados inscritos en el turno de oficio garantizando en todo momento que, aquéllos que deseen prestar dicho servicio hayan de solicitarlo expresamente. La Junta tuvo, además, una coda o final tragicómico con “espantá” de la élite dirigente colegial que revela no sólo un escaso respeto por las reglas del juego democrático, sino una carencia absoluta de lo que hoy se conoce como educación y antaño como urbanidad.

La medida es absolutamente necesaria y totalmente ajustada a Derecho, y ello por dos razones. En primer lugar, porque a un letrado no se le puede obligar a prestar un servicio si no lo desea, y menos uno tan escasamente remunerado que prácticamente supone un ejercicio de entrega voluntaria; a mayor abundamiento, el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Gijón en su Auto de 5 de diciembre de 2008 (jurídicamente impresentable en el humilde entender del redactor de estas líneas,  a pesar de que al señor Herrero Álvarez no le parezca ni desproporcionado ni injusto) dejaba abierta tal posibilidad cuando decía que los letrados podían acudir a las medidas alternativas tomadas en la Junta General Extraordinaria de 29 de octubre de 2008 (léase, darse de baja). En segundo lugar, porque no se coarta el derecho de los letrados que deseen continuar prestando voluntariamente tal servicio, pues no se les priva de tal posibilidad al contemplarse únicamente que deben darse expresamente de alta. Ello servirá para que se retraten todos aquéllos que a partir de ahora se den de alta, que no sólo revelarán una profunda insolidaridad con sus compañeros, sino incluso un ciertamente preocupante toque de masoquismo.

Lo cierto es que la asistencia jurídica gratuíta se ha convertido en algo realmente grotesco. Pensemos que si el salario mínimo sube a 900 euros, como prometió nuestro presidente de Gobierno, con la ley en la mano quienes perciban rentas de hasta 1800 euros mensuales (es decir, trescientasmil de las antiguas pesetas), y si tenemos en cuenta que el salario medio de los españoles es de 1606 euros, ello quiere decir que el ochenta y pico por ciento de la población es potencial titular de la justicia gratuita. Y ello no supondría problema alguno si las retribuciones asignadas por el Principado de Asturias fueran medianamente dignas, pero si uno contempla el baremo de “compensaciones” [sic] que la Administración autonómica asigna sólo puede bien echarse a llorar o, si uno es optimista y opta por la triste evasión, tomárselo a broma. Es decir, toda una profesión (la de los letrados) reducida a una situación próxima a la esclavitud. Y es que, si uno conoce un poquito la historia, recordará el enorme problema suscitado en los Estados Unidos de América cuando, tras la guerra de secesión y por aplicación de la Emancipation Proclamation Act hubo de concederse la libertad a los antiguos esclavos negros. Las élites dominantes en los estados del sur, integradas por los dueños de las grandes plantaciones, se vieron con un problema gravísimo, pues si los negros eran libres habrían de retribuirles su trabajo a precio de mercado, lo que repercutiría negativamente en los bolsillos de los poderosos. ¿Cómo solventar tamaño problema? Pues logrando que los legislativos sureños aprobasen lo que en la historia norteamericana se conoce como los black codes: sí, se reconocía libertad a los negros pero se retribuiría su prestación laboral en una cantidad que suponía el diez por ciento del precio de mercado, y se tipificaba como delito la ausencia del trabajo o negarse a trabajar en las plantaciones. Como puede observar el lector, la Administración del Principado de Asturias, el Ministerio Fiscal y el Poder Judicial parecen querer, con su actitud, rememorar aquellos leanos tiempoe mediante la aprobación de facto de unos attorney codes. Sólo falta el látigo de dómine y que nos obliguen a los letrados a llamarlos massa.

En fín, que medidas como la aprobada el pasado día 23 son un paso más en la lucha por reivindicar la dignidad de una profesión injustamente valorada y que soporta una incomprensión por parte de todo el estamento del mundo jurídico. Porque, a diferencia de lo ocurrido con los funcionarios, no he visto ni a fiscales, ni a jueces ni a empleados públicos ni un sólo gesto de solidaridad con las legítimas y justas reivindicaciones de los letrados.

PD: Dedico el siguiente vídeo al Ministerio Fiscal, por su aguerrida actitud en la lucha contra los comportamientos execrables y su incansable defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. E impagable la explicación del titular de la cartera de justicia, un fiscal de carrera que, según confesión propia, en treinta años como fiscal nunca tuvo claro un asunto. ¡Menuda representación del cuerpo!

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