OVIDIO BLANCO Y LA PARCELA DE LA DISCORDIA.

arquitecto

Es público y notorio el escándalo ocasionado por la salida a la luz pública del incremento patrimonial obtenido por el anterior arquitecto municipal del Ayuntamiento de Gijón, don Ovidio Blanco, con motivo de la venta de una parcela en Cabueñes. La diferencia entre lo abonado por su adquisición y lo obtenido por su venta supera los cien millones de las antiguas pesetas (eso, al menos, es la cantidad oficial estipulada por la venta, pues me temo que la real supere al menos el doble esa cantidad). Ello nos demuestra, una vez más, que en este país las operaciones urbanísticas y todo lo que tiene que ver con esta rama del derecho se encuentra en una sombra permanente donde las luces del derecho rara vez suelen iluminar el camino, y donde el riesgo de que el caminante suela tropezar con inmundicias es casi del ciento por ciento. De todos es sabido que el principio de suficiencia de las Haciendas Locales, garantizado constitucionalmente, es una utopía o cuento de hadas y que es precisamente este campo, el del urbanismo, donde los Ayuntamientos suelen desplegar toda su habilidad para financiarse, y, de paso, enriquecer un poco las arcas del partido en el poder. No en vano el puesto más codiciado en cualquiera de las distintas entidades locales que pueblan nuestro país es el de urbanismo, por encima incluso de la de hacienda. Ello no ofrece ninguna duda en el caso del Ayuntamiento de Gijón, donde se da la curiosísima circunstancia que las concejalías de urbanismo y hacienda están en manos de una misma familia (entiéndasenos, no familia política, sino familia, familia….¡vamos, que ambos concejales son cuñados!).

No obstante, tal y como nos recomendaba el narrador de la obra de teatro Enrique V obra del inmortal bardo de Avon, hagamos un esfuerzo de imaginación. Pensemos por un momento que la gestión pública del urbanismo en este país es un ejemplo de transparencia; olvidemos por un momento que en este tipo de actuaciones obra más el ánimo de lucro que el ánimo de servicio público; apartemos de nuestra mente que se pueden contar con los dedos los Ayuntamientos donde no haya un escándalo en relación con la urbanización y desarrollo territorial; alejemos de nuestro cerebro toda mácula de sospecha e imaginemos que en este punto todo es un ejemplo de desinterés, transparencia, honestidad y gestión de la cosa pública. Pónganse ustedes los índices sobre las sienes e imaginen todo eso.

Contrastemos los datos que tenemos sobre el caso: el señor Blanco (de cuya presunción de inocencia aquí partimos, como no podía ser menos) fue durante muchos años el responsable del urbanismo municipal gijonés; cuando abandona su puesto de arquitecto municipal pasa a estar vinculado contractualmente con SOGEPSA, que depende del Principado de Asturias, cuyo Presidente fue el anterior alcalde de Gijón y cuyo Consejero de Urbanismo, Presidente a su vez de SOGEPSA, fue durante mucho tiempo cargo importante a su vez en la concejalía de urbanismo de la misma ciudad. Sabemos que dicha sociedad de gestión y promoción del suelo está inmersa en muchas de las operaciones urbanísticas; sabemos que el consejero de urbanismo cobra un salario escasísimo en comparación con los contratos que adjudica. En otras palabras, que el señor Blanco, en efecto, puede estar desvinculado de iure del urbanismo gijonés, pero de facto está metido hasta los tuétanos en el mismo y es impensable que la desvinculación con las operaciones que se desarrollan en este ámbito territorial haya tenido lugar alguna vez. ¿Alquien puede pensar seriamente que un antiguo arquitecto municipal, vinculado actualmente por contrato a SOGEPSA no está al tanto de lo que se cuece en el municipio? Creo que todos sabemos la respuesta.

El asunto está en manos de la Fiscalía. El señor Herrero Montes (que tanta prisa se dio, por cierto, en llevar a los Tribunales al Colegio de Abogados) manifestó que no había llegado a sus manos ninguna denuncia, pero que, de no haberla, actuaría de oficio. Ignoro si el señor Blanco habrá incurrido en infracciones penales o administrativas (en su momento se pronunciarán los órganos competentes), y en todo caso, jurídicamente para mí goza de la presunción de inocencia en tanto no se acredite mediante la prueba oportuna la concurrencia de un ilícito penal o administrativo. Pero desde el punto de vista moral y político, el señor Blanco merece en justicia la más enérgica condena, que debería extenderse a los responsables máximos del urbanismo municipal.

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de Monsieur de Villefort Publicado en Política

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