TIRONES DE PELOS, CACHETES, JUECES Y FISCALES.

Cachete

Cada vez que escucho la palabra fiscal referida a un integrante del Ministerio público, mi imaginación evoca la figura de Jack McCoy, el íntegro, digno y recto ayudante de fiscal del distrito en la magnífica serie norteamericana Ley y Orden, veterano espacio que inició su andadura en 1990 y que actualmente finaliza su decimonovena singladura. Desde que al final de la cuarta temporada el ayudante del fiscal Ben Stone, magníficamente interpretado por Michael Moriarty, renunciara a su cargo cuando asesinaran a una testigo a quien había asegurado su protección (algo inimaginable en nuestro país ni tan siquiera a nivel de serie televisiva, ¡o tempora, o mores!) Jack McCoy tomó su relevo. Su carácter absolutamente intransigente en lo que a persecución del crimen se refiere, pero con un sentido de la justicia y de la equidad tanto o mayor que el de su predecesor, McCoy entró en conflicto en numerosas ocasiones con el fiscal de distrito precisamente por su implacable lucha contra el crimen.

Por el contrario, en nuestro país el Ministerio Fiscal se ha sumido en una escala de desprestigio de la que, ojalá me equivoque, tardará años en salir si es que alguna vez lo logra. La escala de valores que propugna el ministerio público es tan absolutamente chocante, tan alejada de la realidad que si la misma sorprende a quien ostenta una mínima formación jurídica, imagínense lo que pensará de ella el ciudadano lego en la materia. Viene esto a cuento de la noticia que saltó a los medios de comunicación el pasado siete de mayo, cuando el Juzgado de lo Penal número 3 de La Coruña imponía a una madre la pena de 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad, un año de alejamiento de su hija menor y una indemnización de 150 euros por el “gravísimo” delito de coger de los pelos a su retoño. Y eso que la defensa llegó a un acuerdo con el fiscal, así que imagínense lo que hubiese ocurrido de celebrarse vista oral.  Igual hasta pena de cárcel y todo.

El asunto sería para tomarlo a risa si no fuese por el fondo trágico cuando no dantesco que subyace. En mis lejanos años de facultad si algo me trató de inculcar ya en el primer año fue precisamente el principio de intervención mínima del derecho penal, la idea de que el ius puniendi del Estado debía reservarse a actuaciones absolutamente graves o notoriamente perjudiciales al interés público. Pues bien, no nos encontramos en el supuesto enjuiciado ante un caso de palizas reiteradas, de maltratos continuados o de abusos constantes hacia un menor, no. Se trata de un mero agarrón por los cabellos. ¡Un agarrón, señores de la fiscalía y del poder judicial! Y es más, aún en el supuesto de que se tratase de un sonoro bofetón en los carrillos ¿Es que acaso no pueden los progenitores en determinadas ocasiones reprender con una bofetada, un leve azote o una colleja a sus hijos, lo que antaño se llamaba corrección disciplinaria paterna (o materna, seamos políticamente correctos)? ¿Cómo esperan los poderes públicos que se eduque a los menores sin el necesario correlato del castigo en caso de mal comportamiento? No se trata de personas intelectualmente formadas con las cuales se pueda filosofar cual Platón con sus discípulos, sino precisamente niños, o lo que es lo mismo, seres de pequeña estatura con sus intelectos en formación y que, en muchas ocasiones aprenden más con un pequeño estímulo en forma de azote en el trasero que con mil palabras. Conste que mi padre jamás me puso la mano encima (jamás le hizo falta, pues una de sus miradas era más elocuente que una buena tunda), pero mi madre, que carecía de ese aura o halo mágico de respetabilidad que ofrecía la figura paterna, sí que en más de una ocasión, cuando el humilde redactor de estas líneas aún no frisaba a la decena, me recompensó con algún que otro azote e incluso con más de un par de bofetadas, sin que hasta la fecha este servidor de ustedes considere que en su día se le haya maltratado, ni física ni psicológicamente.

Pero tras lo bufo viene lo dramático, y es que el Ministerio público se haya cubierto de ridículo al perder gran parte de su valioso tiempo en asuntos como el presente mientras, por ejemplo, otras personas que enaltecieron a terroristas andan sueltos porque el aguerrido fiscal del caso manifieste que ello “no desborda los límites de la libertad de expresión”. O que otros orates falten al respeto en público al jefe del Estado al grito de “muera el Borbón” y el heroico representante de la fiscalía escurra el bulto y no haga nada escudándose igualmente en la libertad de expresión. O el asunto que personalmente me ha llegado a lo más íntimo, que la fiscalía retirara la acusación de terrorismo a un sujeto que había arrojado un cóctel molotov a casa y al coche de un ertzaina, porque “al considerar que el acusado actuó movido por el desamor, en un intento de impresionar a su ex novia que le había abandonado” (véase al respecto el tratamiento que a tal noticia dio el periódico La Razón: http://www.larazon.es/noticia/la-fiscalia-retira-el-cargo-de-terrorismo-a-un-acusado-de-kale-borroka-porque-actuo-para-impresionar-a-su-ex-novia). Idénticos reproches deben dirigirse al Poder Judicial, que (dicho sea con todos los respetos que a nivel personal me merecen todos y cada uno de sus integrantes) pierde el tiempo con auténticas mamarrachadas como la presente. En un país donde los asuntos se amontonan en el sentido literal de la palabra sobre las mesas de los magistrados ¿Cómo es posible que se de curso y se tramiten como delito asuntos de tan escasa entidad como el presente?

En definitiva, que uno puede insultar impunemente al Jefe del Estado, ensalzar gratuitamente a terroristas e incluso arrojar cócteles molotov a viviendas de agentes de la autoridad (siempre que el agresor haya sido oportunamente abandonado por su pareja y desee, en un desesperado intento de recuperarla, causarle buena impresión con tan educadas muestras de civismo) sin que el peso de la ley recaiga sobre su persona. Pero, eso sí, corrija usted disciplinariamente sus retoños con un bofetón o un tiró de cabellos y toda la implacable maquinaria de la justicia se pondrá en marcha para reprocharle su lamentable y delictiva actuación.

Curiosa escala de valores la del Ministerio Fiscal. Y peligrosa, porque nos lleva de cabeza y sin remedio a un estado de barbarie y salvajismo.

P.D.: Para evitar cualquier tipo de lectura maliciosa, aclaro a cualquier miembro del Ministerio Fiscal que esto leyere que a mi lado se encuentra una chica que en su día me rechazó como pareja, y con el presente post no pretendo otra cosa sino impresionarla, a ver si reconsidera su decisión.

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7 comentarios el “TIRONES DE PELOS, CACHETES, JUECES Y FISCALES.

  1. Como madre y como hija que soy, estoy espeluznada con la información que nos facilita Monsieur de Villefort. Me gustaria ver al Ministerio Fiscal en mi casa cuando intento hacer entrar en razon a mi niña de dos años, y la contestacion que recibo es tirar la comida al suelo, o el plato, o el vaso, o lo que tenga mano. Me gustaria ver como le hace llegar su argumentación.
    Espero que esa moda de “criminalizar” de esa manera a los padres se acabe pronto.

  2. Los derroteros de la imagen de los fiscales, propia de los legionarios de Cristo y otros grupos de disciplina cuasicastrense, son conocidos. Sin embargo, a mi juicio, el problema radica en la confusión de lo “políticamente correcto” con lo “jurídicamente legítimo”. La idea subyacente en las leyes penales radica en la anacrónica doctrina de la inocencia del ser humano y como la sociedad le pervierte, que conduce a leyes beatíficas en materia penal, leyes de puertas abiertas en materia penitenciaria, leyes educativas que otorgan protagonismo al alumno a costa del docente y leyes administrativas que dejan todos los resortes de un poderoso aparato en manos de políticos cuya bonhomía candorosamente se presume. No se trata de Ordenamientos Jurídicos represivos sino equitativos. En suma, no vivimos jurídicamente el mejor de los mundos posibles, pero somos los únicos responsables porque lo toleramos y somos cómplices con nuestros votos.

  3. Pobrecitos, tan “cándidos y angelitos” ellos!

    No tan lejos quedán aquellos tiempos en que el profesor en su condición de garante de la disciplina del aula, blandía su “arma blanca” por excedencia, es decir la regla, y la utilizaba, emulando al “verdugo” de Berlanga, para impactar sobre los deditos frágiles, sonrosados y de uñas mordisqueadas de sus alumnos.

    Dependiendo de la ocasión, también utilizaban el cachetazo, la colleja e incluso algún pequeño tirón de pelo. Cuantos mechones se perdieron en las aulas!!!!!

    Y que decir del “zapatillazo” de los padres sobre las nalgas de sus hijos, algo que sería inconcebible en los tiempos que corren, y me temo que con los precedentes que existen, sería calificado por el Fiscal como un delito de lesiones, cuanto menos. Pues el malicioso “impuber” además de acudir al centro de salud mas cercano, muy probablemente precisaría de un tratamiento psicológico continuado, para superar el “trauma” del golpe con la zapatilla que atentaría contra su vida, integridad física, honor, intimidad personal e inviolabilidad del domicilio, pues la madre irrumpió en el cuarto del inberbe, aporreando la puerta de la misma manera que Tejero en el Congreso.

    En fin, quizás además de Fiscales de Menores, la solución estaría en instaurar Defensores de Progenitores, no crees, Monsieur?

    Saludos

  4. Dicen que las generalizaciones son odiosas, pero la verdad es que la nueva ola de fiscales, en su mayoría señoritas de buen ver, pero con látigo oculto, no pueden menos que hacer temblar, dado que parecen querer sentar cátedra a costa de medidas ejemplarizantes. Qué diferencia con encontrarse a un/a fiscal de cincuenta años bien cumplidos, de vuelta de todo, que no se arruga para considerar majaderías unas conclusiones provisionales y retirar una acusación injusta. Lástima que la marea judicial traiga tantas de las primeras y el hastío se lleve a tantos de los segundos, ya diezmados.

  5. Hola.
    Soy compañero tuyo en Oviedo, también dedicado a la materia contenciosa.

    Magnífico e ilustrativo tu blog, lo acabo de descubrir.

    Al respecto dos precisiones: Evidentemente es una majadería inexplicable condenar a una madre por un tirón de pelos al hijo (Recuerdo que el Código Civil decía hasta hace bien poco que “los padres podrán corregir razonable y moderadamente a sus hijos” Ahora bien, no me convence ni me ha convencido nunca la escapatoria del “principio de intervención mínima” para absolver. Y ello porque creo que este principio no es sino una injerencia o intromisión del Poder Judicial en el legislativo. Algo así como: “Me da igual que la acción esté tipificada, a mi me parece que no es delito, así que no la aplico”.

    Ya que te refieres a los Fiscales, no he dejado de pensar en la diligencia de nuestro Fiscal Fefe a la hora de emitir dictámenes contra la huelga de los Abogados del turno de oficio de Gijón, en contraposición a su pasividad y complacencia cuando se trata de tocar a alguna de las sacrosantas autoridades del municipio porteadoras desde tiempos inmemoriales del bastón de mando y con quien comparte palco en la cursilísima ópera ovetense sin reparo alguno.

    Así, no me extraña que le denominen “El historiador” por su inveterada inclinación a archivar todos los papeles que se refieran al Consistorio o a alguno de sus intocables.

    Un saludo.

    Alegret

  6. Estimado amigo alegret:
    Muchas gracias por tu intervención y por tus amables palabras sobre el blog.
    En cuato a la intervención del Fiscal Jefe del TSJ de Asturias en la huelga del turno de oficio de Gijón…qué te voy a decir, pues soy uno de los letrados personados en la causa. Por cierto, que en la contestación a la demanda (que en su día colgaré en el blog tan pronto el juez de a luz la sentencia) hacía referencia (con la oportuna documental acreditativa)a la toma de posesión de la Fiscal Jefe de Área de Gijón que tuvo lugar, ante el propio Fiscal Jefe del TSJ, en el ecuador de la huelga funcionarial. Pues bien, esa fiscal dijo que consideraba las reivindicaciones de los funcionarios justas y adecuadas y les animaba a seguir con sus reivindicaciones. En la demanda formalizada frente al acuerdo de la Junta General del Colegio de Gijón (cuyo recurso fue interpuesto ante órgano incompetente y fuera de plazo) dice que sobre las reivindicaciones de la abogoacía le esta vedado al Ministerio Público opinar sobre las mismas.
    En fín, que sobre este tema de la huelga, como ya he dicho, dedicaré en su día una intervención en la que me temo que, como casi siempre en este último lustro, el ministerio público no quedará precisamente bien parado.

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