CONFLICTOS ENTRE PODERES DEL ESTADO: EL CASO DE LOS MATRIMONIOS HOMOSEXUALES EN CALIFORNIA.

Sello del Estado de California

Hace justo un año, el 15 de mayo de 2008, el Tribunal Supremo del Estado de California daba a la luz pública una bomba jurídico-política: su sentencia In re Marriage Cases, que en la práctica permitía a partir de entonces la celebración de matrimonios homosexuales al declarar inconstitucionales las disposiciones legislativas del estado californiano que no autorizaban más que el matrimonio tradicional. Bien es cierto que existía un precedente (en concreto la Sentencia que el 18 de noviembre de 2003 dictó el Tribunal Supremo del Estado de Massachussets en el caso Goodridge v. Department of Public Health, donde por una mayoría de 4-3 se declaró inconstitucional la prohibición de matrimonios homosexuales –curiosamente la chief justice de dicho tribunal se apellidaba Marshall-). Pero el caso californiano es mucho más interesante, pues nos ofrece una magnífica ilustración de la intervención de los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) y una última y vital entrada en el juego del mismísimo poder constituyente. Veamos el devenir cronológico del asunto:

1)      Intervención del legislativo. La legislación californiana, en concreto la disposición 308.5 del Código de Familia del Estado de California, únicamente reconocía como matrimonio el heterosexual, es decir, el celebrado entre un hombre y una mujer. Hasta ahí, nada que objetar en el sentido de que en el legítimo ejercicio de la política legislativa los representantes del pueblo, elegidos democráticamente, se inclinaron por tal opción.

2)      La Administración desafía al poder legislativo. En febrero de 2004, el alcalde de la ciudad de San Francisco decidió no obedecer la ley y ordenó a sus funcionarios que en el caso de que algún ciudadano desease contraer matrimonio con otra persona de su mismo sexo no sólo no pusieran impedimentos, sino que lo celebrasen. Es decir, que el órgano administrativo no impugna judicialmente la ley, sino que pura y llanamente la desobedece.

3)      El Poder judicial pone en su sitio a la Administración. La situación era jurídicamente clara como el cristal y no admitía más que una única solución: el Tribunal Supremo de California en su sentencia Lockyer v. City and County of San Francisco declara contraria a la ley la actuación de las autoridades administrativas y, en consecuencia, nulos y sin efecto los matrimonios homosexuales celebrados por las autoridades locales, pero, eso sí, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, cual es la inconstitucionalidad o no de las previsiones del código de familia. En otras palabras, el Tribunal recuerda que una cosa es la adecuación o no a la Constitución de las previsiones legislativas (asunto que ninguna de las partes procesales había planteado) y otra muy diferente era la clara vulneración de la ley en que habían incurrido las autoridades ejecutivas.

4)      Los individuos contra el Legislativo. Aprovechando la vía de escape que la sentencia anterior había dejado expedita, numerosos ciudadanos iniciaron una andadura judicial tendente a  cuestionar la adecuación o no al texto constitucional de la legislación de familia. El asunto tiene éxito en la primera instancia (recordemos que, a diferencia de nuestro sistema, en los Estados Unidos el juez más ínfimo es a la vez juez constitucional), mas el Estado recurrió en apelación y el Tribunal de Apelaciones de California revoca la sentencia y declara la constitucionalidad de la ley. El asunto pasa al Tribunal Supremo del Estado.

5)      El Poder Judicial pone en su sitio al Legislativo al controlar la constitucionalidad de sus disposiciones. Por una ajustada mayoría (cuatro votos contra tres) el Tribunal Supremo de California en su sentencia In re Marriage Cases declara inconstitucionales las previsiones del Código de Familia. El Alto Tribunal sustentaba su decisión en tres pilares esenciales: el derecho al matrimonio (afirmaba que con ello no estaba ofreciendo un nuevo concepto de la institución matrimonial, sino garantizando el derecho individual del ciudadano a contraer matrimonio con la persona de su elección) el derecho fundamental a la igualdad (aplicando analógicamente los criterios de no discriminación por raza o sexo) y el derecho a la intimidad. Uno de los magistrados disidentes, no obstante, matizó que indirectamente se estaba dando una nueva orientación e incluso definición a la institución matrimonial y que ello debería hacerse por vía legislativa, y no judicial.

6)      El poder constituyente pone en su sitio al Poder Judicial. El legislador está vinculado a la Constitución, mas el poder judicial lo está igualmente. Y la Constitución, tal y como indica en nuestro país el profesor García de Enterría, no plasma más que los valores o principios que inspiran a una sociedad. Por ello, y en un tiempo record, se hace intervenir al propio poder constituyente, a quien se le somete la decisión y quien, por tanto, ostentará la última palabra: el legislativo aprueba y somete a referéndum nacional en noviembre de 2008 (con resultado positivo, aunque por escasa diferencia, pues el sí a la modificación obtuvo un 52% de los votos) la Proposition 8, una modificación constitucional que añade un nuevo párrafo, en concreto el 7.5, al artículo 1 de la Constitución del Estado de California, en virtud del cual únicamente se reconocerá en dicho estado como matrimonio válido el heterosexual. Se difuminaba así el efecto demoledor de la sentencia In re Marriage Cases, al dotar de nivel constitucional a la disposición considerada ilegal por el Supremo. Pero nada había que objetar: si se acepta la democracia, el pueblo había dado la última palabra.

Pocos casos más ilustrativos de cómo cada uno de los poderes tiene encomendada una esfera de actuación, cómo no deben salirse de la misma y cómo, en última instancia, la palabra la ostenta el pueblo soberano con sus votos. Todo un ejemplo de verdadera democracia y de un funcionamiento ejemplar del estado de derecho donde todas, absolutamente todas las instituciones cumplieron el papel jurídico que tenían asignado.

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