LA LEGISLACIÓN DE TRÁFICO O EL SÍNDROME DE MISTER SCROOGE.

Mister Scroge

Una de las mentiras más extendidas cuando se habla de la legislación de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial es la de que la misma busca proteger fundamentalmente bienes jurídicos como la vida y la integridad de las personas. Como en tantas ocasiones, debe distinguirse, por seguir la metáfora orteguiana, lo oficial de lo real o, por seguir al maestro Alejandro Nieto, debemos diferenciar el derecho que se publica en las páginas de los boletines oficiales y se enseña en las facultades del que cotidianamente se aplica en la sociedad y en los Tribunales, y éste demuestra que lo único que importa a la Administración es recaudar cuanto más mejor.

Viene esto a cuento de la reforma del Real Decreto Legislativo 339/1990 que actualmente se tramita en las Cortes españolas. Personalmente, cada vez que escucho que se va a reformar la legislación de tráfico me echo a temblar, pues todas y cada una de las reformas que se han elaborado en los últimos diez años no buscan más que disminuir las garantías del particular así como robustecer los privilegios (y, de paso, los bolsillos) de la Administración. Acreditaremos con hechos nuestra aseveración:

1)      Sentencia de fecha 19 de diciembre de 2000 de la Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictada en Recurso de Casación en interés de Ley 74/2000. Hasta esa fecha, eran cientos los recursos contencioso-administrativos que prosperaban (basta con la consulta de los gruesos tomos azules que recopilaban la jurisprudencia asturiana) porque no se notificaba al interesado la propuesta de resolución o porque tanto ésta como la sanción eran de la misma fecha. Pues bien, el Abogado del Estado recurre en casación una sentencia que estimó un recurso con base en esos argumentos (ausencia de notificación de propuesta de resolución). Pero fijémonos en el argumento que se utiliza: “Este procedimiento necesariamente ha de adaptarse al carácter masivo de las infracciones en materia de tráfico, y la eficacia en la imposición y ejecución de las sanciones administrativas estaría notoriamente dificultada de seguirse el criterio sostenido por la sentencia objeto del presente recurso en interés de la Ley”. Un lapsus freudiano que revela el carácter puramente recaudatorio de este tipo de infracciones y que no se le escapó al magistrado cuando en la sentencia manifiesta que “Nótese ya que la pretensión del Abogado del Estado se plantea en relación con un concreto y determinado procedimiento: el sancionador en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor y seguridad vial” (es decir, no a otro tipo de procedimientos sancionadores, quizá porque el volumen de procedimientos sancionadores en materia de tráfico sobrepasa con mucho el del resto de materias, con lo cual se puede “graciosamente” mantener tal deferencia hacia el Administrado para cubrir las apariencias).

2)      Aumento de los plazos de prescripción y caducidad en beneficio de la Administración. De los tres meses iniciales se pasó al año que actualmente tiene tráfico para resolver. Paradojas del destino: en los años noventa, con menos medios técnicos la Administración tenía plazos más reducidos. En 2009, la era de las telecomunicaciones, internet y bases de datos, tiene un plazo cuatro veces mayor. Moraleja: cuantos más medios, más plazos.

3)      Pago anticipado. Anteriormente al interesado se le permitía abonar en cualquier momento antes de la notificación de la resolución sancionadora el importe propuesto en la denuncia, en cuyo caso se le reducía el importe en el 30%. No obstante, la Administración se dio cuenta de que, por una vez, el privilegio solve et repete jugaba en beneficio del interesado, pues los ciudadanos se dieron cuenta de que podían abonar el importe sin que ello supusiera la pérdida del derecho a presentar alegaciones y, en consecuencia, se mantenía la existencia del procedimiento y, en consecuencia, la obligación administrativa para resolver, doctrina ésta avalada por la jurisprudencia. La Administración no podía consentir tal actuación del particular, por lo que procedió de manera inmediata (por medio de la Ley 17/2005) a modificar el artículo 67.1 párrafo tercero del Real Decreto Legislativo 339/1990 en el sentido de reducir el plazo para beneficiarse del pago voluntario (se reduce a treinta días naturales desde la notificación de la denuncia) y el mismo supone la terminación automática del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa. En el proyecto de lo que posteriormente sería la Ley 17/2005 se estipulaba incluso que el pago suponía la conformidad con los hechos, aunque este aspecto desapareció a lo largo de la tramitación del procedimiento. Aunque los Tribunales han avalado la doctrina de que el pago supone implícitamente la aceptación de los hechos, personalmente no estoy de acuerdo con la misma, puesto que tal era la intención inicial del proyecto de ley, que desapareció en la tramitación parlamentaria. Además, si a la propia Administración se le permite (como veremos más adelante) ampliar en la práctica las ratificaciones de los agentes fuera del procedimiento administrativo y ya en sede contencioso-administrativa, no comparto que no se puedan alegar cuestiones fácticas en el proceso (y máxime si tales cuesiones se hacen constar en vía de recurso administrativo previo al judicial)

4)      Cuadro de infracciones y sanciones. Toda reforma de tráfico que se precie va inevitablemente acompañada de un aumento del cuadro de infracciones y sanciones existentes. Así, invito a cualquiera que compare los artículos 65 a 67 del Real Decreto Legislativo 339/1990 antes y después de la Ley 17/2005, ley esta última que, aunque se vendió al gran público como la introductora del permiso y carnet por puntos, realizó una modificación al alza de las infracciones administrativas. Aumentar las infracciones supone aumentar las posibilidades de sancionar, con las inevitables consecuencias en el bolsillo del ciudadano y en las arcas de la Administración.

5) Abuso de las presunciones de veracidad de los agentes denunciantes. En este sentido he de señalar que al menos en determinadas Administraciones se está comenzando a extender una práctica abusiva y, lo que es más grave, tolerada por los juzgados. Consiste en que en el expediente administrativo aparece una simple ratificación del agente sin más, mientras que en el acto de la vista se aporta un informe mucho más extenso del agente (fechado unos días antes de la vista, o, lo que es lo mismo, hecha ex profeso para salvar la cara a la Administración). Con independencia de que, por ejemplo, el juzgado de Gijón lo admite al considerar que es una “ampliación” del informe y no una ratificación en sí misma, ello arroja serias dudas no ya sobre la profesionalidad del agente que lo realiza (puesto que debiera haberlo hecho en su momento) sino sobre la veracidad de las mismas, en tanto en cuanto ¿Tan portentosa es la memoria de los agentes de la autoridad que recuerdan hechos acaecidos año y medio y hasta dos años atrás sin que hasta entonces demostrasen haberlo hecho?

5) Arbitrariedad en la actuación de los agentes a la hora de denunciar. En su clásico e indispensable Derecho administrativo sancionador, Alejandro Nieto ya se hacía eco de esta arbitrariedad a la hora de denunciar infracciones administrativas, hecho aún más grave por cuanto la jurisprudencia no admite alegar la igualdad en la ilegalidad. Pongo un clarísimo ejemplo que quien suscribe ha contemplado personalmente: cierto día, mientras me dirigía hacia mi trabajo, pude observar que en la calle Ceán Bermúdez de Gijón un vehículo se encontraba estacionado totalmente sobre la acera (hecho aún más grave porque anexa a la misma había una línea amarilla perfectamente visible) mientras que en la acera opuesta el aparcamiento se hallaba regulado mediante pago (lo vulgarmente conocido por “zona azul”). Pues bien, cuando apareció un agente de la policía local ¿adivinan ustedes a cual denunció? Acierta el malévolo lector: a un coche que, sin perturbar la circulación, había cometido el imperdonable “delito” de pasarse una hora del tiempo abonado.

6) Abuso de mala praxis a la hora de practicar las notificaciones administrativas. Este último aspecto ha de limitarse a la instrucción y resolución del procedimiento administrativo, donde existen algunos vicios que claman al cielo (por ejemplo, notificaciones a domicilios donde uno no vive desde hace años, intentos que tienen lugar a una misma hora) y que se agravan por el hecho de que, a la hora de notificar el procedimiento de recaudación ejecutiva tales problemas en la notificación brillan por su ausencia.

Esta es la situación en el momento actual en que se tramita el proyecto de reforma de la legislación de tráfico, reforma a la que dedicaremos nuestro siguiente post.

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