LA DEFERENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO AMERICANO CON LA NUEVA POLICÍA. APLICACIÓN A NUESTRO DERECHO ADMINISTRATIVO

Policía

Una reciente diferencia jurídica de opiniones con mi amigo Sevach y con un usuario de su foro (estimulante no sólo por el propio debate en sí, sino por la indiscutible autoridad jurídica y moral de mis dos oponentes, ambos jueces de lo contencioso) y, sobre todo, la lectura de un reciente artículo en la Harvard Law Review en relación a la policía me ha inclinado a escribir nuevamente sobre el eterno y polémico tema del control judicial de la Administración.

El artículo al que hago referencia se publicó en el volumen 122 número 6 (correspondiente al mes de abril de 2009) de la Harvard Law Review bajo el título Retreat: the Supreme Court and the new police, y en él se abordaba de manera bastante crítica la nueva orientación jurisprudencial del máximo órgano judicial estadounidense en relación con las actuaciones policiales. Parte el trabajo de un hecho indiscutible e indiscutido como es que en los últimos cuarenta años las fuerzas y cuerpos de seguridad así como los agentes que lo integran han asumido, salvo excepciones muy concretas, su papel de agentes al servicio de la sociedad y sometidos a la ley y al derecho y adecuado su comportamiento a las exigencias del estado de derecho. ¿Cuáles han sido las causas o fundamentos de dicha modificación en las actitudes policiales? Básicamente dos: uno, los pronunciamientos del Tribunal Supremo a la hora de enjuiciar casos concretos donde los agentes se extralimitaban en su autoridad; y dos, y en parte a causa del anterior, los propios cambios culturales en la policía, derivados de una formación y un entrenamiento más profesional y ajustado a lo que el Estado y la sociedad esperan del agente (y que ya en fecha tan lejana como 1966 manifestara el tratadista Jerome Skolnick en su libro Justice without trial, al defender la idea del agente como un craftsman). Ahora bien, constatado ese cambio en la mentalidad y en la actuación de la policía, la pregunta que se hace el autor del trabajo es ¿Cuál ha de ser el papel del Tribunal Supremo en estos momentos? ¿Ha de continuar fiscalizando la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad o, por el contrario, dado que la misma a asumido e interiorizado el respeto a la constitución y a la ley esa tutela judicial ha de rebajarse e incluso retirarse otorgando una “deferencia” a las actuaciones policiales? El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, dada su actual configuración, ha optado claramente por la segunda de las opciones y en el trabajo en cuestión se ofrecen dos ejemplos de esa retirada estratégica: el caso de 2006 Hudson v. Michigan que abordaba la exclusión de pruebas obtenidas con violación de derechos constitucionales y que se resolvió de forma favorable para el cuerpo policial (sentencia en la que, por cierto, se dio una notable polémica doctrinal entre los jueces Scalia y Breyer en relación a la mejora en las actuaciones policiales y el papel del Tribunal Supremo en relación a la misma) así como el caso de 2007 Scott v. Harris, que abordaba el uso de la fuerza en relación a la detención de un sospechoso que conducía  un vehículo de motor a gran velocidad y que, como resultado de la actuación policial, sufrió un accidente a resultas del cual quedó paralítico, asunto en el que el Tribunal falló igualmente a favor de las tesis policiales aunque, en esta ocasión, por una abrumadora mayoría de ocho magistrados frente a un único disidente, el inevitable John Paul Stevens.

Frente a esa nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo más favorable a una estratégica retirada en la supervisión de la actuación policial, el autor del artículo se muestra bastante crítico respecto a la misma. En efecto, nuestro autor parte del papel de la judicatura en el Estado de Derecho, pues “The judiciary exist in part to defend de populace from the constitutional exuberance of the political branches”, para apoyarse a continuación en un argumento basado en la experiencia histórica: “The police tend to occupy as much legal space as they are permitted” para ofrecer, a modo de conclusión, su propia opinión al respecto, con la cual el humilde redactor de estas líneas coincide punto por punto: “Rather than give officers helpful space, a judicial retreat would significantly alter the balance of interest concerned with the pólice. It would also send a message to the Rank and file –who are listening- That this is an area with which the Constitution and the courts are not particulary concerned”.

Quizá debieramos aprender de tales lecciones a la hora de afrontar en nuestro ordenamiento jurídico el control de la Administración pública. En efecto, si los Tribunales someten a la Administración a un control riguroso, exigiendo de esta un sometimiento pleno a la ley y al derecho, tendremos una Administración eficaz y que adecuará su actuación a las exigencias constitucionales y legales, porque, como en su día dijo Tomás Ramón Fernández Rodríguez, enjuiciar a la Administración contribuye a Administrar mejor. Pero si los Tribunales optan por extender y ampliar el marco de la deferencia hacia la Administración, el mensaje que se está dando a los gestores públicos es que todo el monte es orégano, y lo más probable es que esa Administración, confiada en el escaso o nulo control y en la deferencia que se le otorga al ente público, fomente y amplíe comportamientos indeseables. Ejemplos no nos faltan en materias como, por ejemplo, la de personal al servicio de las Administraciones públicas, donde los Tribunales se amparan en conceptos como “discrecionalidad” o “autoorganización” para no entrar en el fondo del asunto, ofreciendo soluciones a veces chocantes no sólo desde el punto de vista jurídico, sino incluso desde el mero sentido común. Valga como ejemplo paradigmático la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Gijón de 7 de diciembre de 2005 que se enfrenta a un proceso selectivo de tres plazas de sargento de la policía local de Gijón. En las actuaciones quedó demostrado que, aún sin haber finalizado el proceso selectivo se habían destruido todos los exámenes menos el del recurrente. Pues bien, la argumentación ofrecida judicialmente para salvar la actuación administrativa es la siguiente: “Sobre este punto el testigo D. Pablo – declaró como un mes o mes y medio después de reunirse con el Tribunal destruyó los exámenes, ya que era la práctica habitual. No se destruyó el examen del recurrente y es por ello que la infracción que se denuncia carece de fuerza invalidante del acto impugnado, en cuanto no origina la indefensión del actor. Caso distinto sería por ejemplo que se hubiese destruido el examen del recurrente, supuesto este diferente que es el abordado por la sentencia del TSJ de Madrid de 22-1-2003, aportado con carácter ilustrativo por la parte actora en el acto de la vista […]sin que, a la vista de la seriedad y seguridad de las declaraciones prestadas por el psicólogo en el acto de la vista quepa deducir que la destrucción de los exámenes obedeció a otra razón distinta a la por él apuntada: práctica habitual, una vez que por los demás aspirantes no se había reclamado, sin que por tanto existan elementos de prueba de los que poder deducir una actuación arbitraria de dicho psicólogo o encaminada a beneficiar a ciertos aspirantes en detrimento de otros, cuestión esta que debe además destacarse teniendo en cuenta que la calificación fue otorgada por el Tribunal tras recabar del psicólogo las correspondientes explicaciones”. En otras palabras, una práctica administrativa contra legem como fundamento de validez de la actuación administrativa contraria a la ley. No es de extrañar que la política de personal del Ayuntamiento de Gijón esté como esté y se vean las cosas que se ven.

Quizá haya quienes, siguiendo la escuela de don Jesús Leguina Villa, Luciano Parejo Alfonso o  Miguel Sánchez Morón entiendan que debe concederse un amplio margen de deferencia al actuar administrativo basándose en que, con la llegada de la democracia y el sometimiento constitucional de la Administración a la ley y al Derecho, no sea necesario un enjuiciamiento tan severo como el que se preconizaba tras la aprobación de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956 y, sobre todo, tras la célebre conferencia de García de Enterría en la Universidad de Barcelona en la clausura de aquel curso del año 1962. Permítaseme humildemente discrepar de dicha escuela y de tal modo de pensar. No podemos esperar que una Administración actúe correctamente cuando los márgenes de control judicial se relajan de tal manera que el control de la Administración pase a ser más teórico que real. Y ello porque, como se decía en el artículo de la Harvard Law Review aquí comentado, el mensaje que se estaría enviando a la Administración es que el control de la misma es algo que no importa ni a la Constitución ni a los Tribunales.

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3 comentarios el “LA DEFERENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO AMERICANO CON LA NUEVA POLICÍA. APLICACIÓN A NUESTRO DERECHO ADMINISTRATIVO

  1. Estimado amigo Martín:
    Me alegra contar de nuevo con tu colaboración en este blog y te agradezco tus amables palabras.
    En efecto, el profesor García de Enterría viene insistiendo en este tema desde su lejana conferencia de clausura del curso de la facultad de derecho de barcelona en el año 1962,cuyo enlace te facilito por si quieres consultar el indispensable artículo:
    http://www.cepc.es/rap/Frames.aspx?IDS=5mvgf445zi1b15ej54fuhmqz_95496&ART=1,22227,1962_038_159.PDF.

    Es este un trabajo que, salvo aspectos muy concretos, continúa siendo perfectamente válido y vigente, pero que muchos operadores jurídicos parecen haber relegado al olvido. Yo no soy de quienes pienso que dando “manga ancha” a la Administración se gestionen mejor los servicios públicos, o que por el mero hecho de que la Administración sirva con objetividad los intereses generales deba relajarse el control jurisdiccional. Muy al contrario, cuanto más se la tolere, más terreno ocupará frente al resto de poderes estatales, lo cual es muy peligroso tanto para el ciudadano como para el propio poder judicial.
    Te envío un saludo muy cordial.

  2. Gracias W, hace un tiempito lo he leído (y aproveché la página del CEPC para leer otros varios de garcía de enterría -lamentablemente no tienen análisis lógico y derecho de alchourron y bulygin disponible, buuu-), lo estoy usando para mi tesis…
    te mando un abrazo

    m

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