LA “REVERENCIA” DE LOS TRIBUNALES ANTE LA ADMINISTRACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS CONTENCIOSAS.

TRIBUNAL

El diario La Nueva España del día de hoy, miércoles 1 de julio de 2009 nos ofrece un nuevo ejemplo del muy deficiente sistema de ejecución de sentencias contencioso-administrativas que permite a la Administración demorar impunemente en el tiempo el cumplimiento de los fallos judiciales. Bajo el titular “El TJSA embarga al Ayuntamiento de Navia por el impago de 435.813 euros”  (ver noticia) narra unos hechos que demuestran hasta qué punto el sistema de ejecución de sentencias en el orden contencioso-administrativo ha degenerado en caricatura y hasta qué punto en este aspecto la deferencia hacia el ejecutivo se convierte en reverencia hacia la Administración.

Lo más destacado y jugoso de la noticia es el siguiente párrafo “Así las cosas, el particular reclamó en 2007 la ejecución de la sentencia y en mayo de ese año el TSJA volvió a requerir al Consistorio de Navia para que efectuase el pago de los 435.813 euros (más intereses) en un plazo de 20 días. Entonces el tribunal ya advirtió de las consecuencias legales que el incumplimiento del fallo conllevaría”. En otras palabras, que en 2007 nuestro Tribunal Superior requiere a la Administración para que efectúe el pago en un plazo de veinte días que, huelga decirlo, la Corporación se pasó por la palomilla. Y es ahora, justo pasado el ecuador del año 2009 cuando el órgano judicial declara el embargo de los bienes patrimoniales. En resumen, dos años y medio durante los cuales el particular, beneficiario de una sentencia estimatoria, ha tenido que estar desesperado tras ver cómo un ente público se mofaba en su cara (y, por ende, en la del Tribunal) al dilatar el cumplimiento de un fallo judicial. Una muestra más del decimonónico sistema de ejecución que en la práctica continúan siguiendo los juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo que, tras criticar durante decenios la defectuosa regulación de la ejecución de sentencias en la benemérita ley de 1956 continúan en la práctica anclados en dicho sistema.

Sin ánimo de ser exhaustivos, me atrevo a plantear las siguientes cuestiones:

1)      ¿Se imagina algún probo ciudadano que en el orden jurisdiccional civil, firme una sentencia, se “requiera” al condenado para que cumpliese la misma? No, porque desde el momento en que la resolución judicial adquiere firmeza ya se sabe que debe cumplirse la misma. ¿Es que acaso las Administraciones públicas y el personal a su servicio desconocen que tienen que cumplir una sentencia firme? Pues, contra toda lógica, eso deben de pensar tanto el poder legislativo como el judicial.

2)      ¿Se imagina algún probo ciudadano que en el orden jurisdiccional civil, instada la ejecución de una sentencia firme, el órgano judicial se negare a despachar ejecución? Pues no, porque el despacho de ejecución es automático. ¿Qué ocurre en el contencioso? Que la defectuosa regulación de la ejecución de sentencias permite que un juez pueda, con la ley en la mano, negarse explícitamente a denegar la ejecución.

3)      ¿Se imagina algún probo ciudadano que en el orden jurisdiccional civil pueda dilatarse una ejecución durante dos años? El proceso ejecutivo puede durar más o menos tiempo en función de que el ejecutado tenga o no bienes (si se trata de una condena dineraria), pero jamás de los jamases por la pasiva actitud del Tribunal mediante continuos requerimientos o recordatorios del cumplimiento. Entre otras cosas porque la oposición a la ejecución no suspende el curso de la misma (artículo 556.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) mientras que la regla en el contencioso es la contraria, la ejecución no se despacha hasta que el órgano judicial la acuerda. Me remito al ejemplo que sirve de base al presente post.

4)      ¿Conoce el probo ciudadano las consecuencias del incumplimiento en periodo voluntario de una sentencia en el orden jurisdiccional civil? Pues nada más y nada menos que los intereses legales devengados durante la ejecución (a los que deben añadirse los intereses moratorios que devenga toda sentencia desde que fue dictada en primera instancia ex artículo 576.1 de la Ley 1/2000) más las costas de la ejecución, no siendo necesario un pronunciamiento sobre las mismas porque éstas se imponen automáticamente ex lege (artículo 539.2 de la Ley 1/2000). Mi experiencia de casi diez años en el contencioso me dice que nada de nada: al no establecer la ley la imposición automática de las costas los juzgados suelen acudir al criterio general de la “temeridad” para excusar su imposición (pues, según razonan algunas resoluciones judiciales, la mera demora en la ejecución de una sentencia no constituye temeridad per se) y únicamente cabe que el juez pueda (no es obligación) incrementar en dos puntos el interés moratorio siempre que aprecie falta de diligencia en el cumplimiento.

5)      ¿Cuál es el plazo, se pregunta el ya casi enojado probo ciudadano, que tiene un particular (ya sea el más humilde labrador o la más poderosa compañía de seguros) para ejecutar voluntariamente una sentencia civil? Veinte días. ¿Cuál es el plazo, se pregunta un probo ciudadano, que tiene la Administración para cumplir una sentencia judicial firme? Dos meses, que se elevan a tres en el supuesto de sentencias que condenen al abono de una cantidad líquida (artículos 103 y 106 de la Ley 29/1998). La “justificación” que da la Administración y el legislador para tal demora es que el abono conlleva una serie de trámites internos. A lo que respondo: eso es algo que al ciudadano ni le va ni le viene, pero, en todo caso, que a estas alturas del siglo XXI (es decir, en la era de las telecomunicaciones, de internet, de la e-Administración) no se pueda ejecutar una sentencia en un mes es realmente vergonzoso, por no utilizar otro vocablo bastante menos pudoroso.

Los profesores García de Enterría y Fernández Rodríguez, al hablar de los orígenes y desarrollo histórico de la jurisdicción contencioso-administrativa, hicieron referencia a las precauciones o “válvulas de seguridad” que se establecieron para “hacer inofensiva” una jurisdicción operando contra el ejecutivo, expresiones entrecomilladas que, como dicen tales autores, se oyeron sin recato en el debate ante las Cámaras de la Ley Santamaría y “pronunciadas por hombres cualquier cosa menos ingenuos” y sobre las que “se montaron mecanismos en cadena para esterilizar las ejecutorias judiciales” (Curso de Derecho Administrativo II, novena edición, Civitas, 2004, p. 574). La inercia histórica es muy grande, y en este sentido, lamentablemente, son muchos los órganos que se niegan a extraer todo el potencial de la nueva Ley 29/1998 y se encuentran mucho más cómodos lavándose las manos y esperando que la Administración cumpla voluntariamente y, en el peor de los casos, a dictar continuas resoluciones “recordando” la obligatoriedad de cumplimiento de los fallos judiciales.

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2 comentarios el “LA “REVERENCIA” DE LOS TRIBUNALES ANTE LA ADMINISTRACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS CONTENCIOSAS.

  1. Bueno, para decirlo todo, es cierto que los tribunales se lo toman con calma, pero no creo que haya en el mundo civilizado administración más desobediente y respondona que la nuestra. Por otra parte, ¿qué van a hacer los tribunales? ¿imponer multas coercitivas? Muchos lo han intentado: las acaba pagando el erario mucnipal o de donde sea. ¿Requerir con apercibimiento de desobediencia?. Si se consulta la jurisprudencia penal sobre ese delito dan ganas de echarse a llorar: se exigen tal cantidad de requisitos para que pueda apreciarse la desobediencia que es casi imposible condenar a nadie por ese tipo penal. ¿Qué es lo que queda, entonces? ¿embargar bienes patrimoniales? Puedo estar equivocada, pero la respuesta que va a recibir ese tribunal del que hablas en el post es más o menos así: “¿bienes patrimoniales embargables?, de eso no tenemos”. ¿Apostamos algo?

  2. Estimada amiga Luisa:
    Muy lúcida tu respuesta y tu análisis, muy apegado a la realidad. Para comenzar por el final, no, no apuesto nada porque estoy seguro que eso es lo que la Administración va a responder….eso si responde algo (porque ante el silencio o respuesta los Tribunales tampoco se mostrarán muy raudos ni celosos a la hora de responder ante tal inactividad).
    Cierto que en nuestra Administración subsisten los peores vicios del caciquismo decimonónico, pero en parte por la tolerancia excesiva que los Tribunales muestran con el poder público, por lo que estamos ante la pescadilla que se muerde la cola: desidia administrativa alimentada y alentada por la inactividad judicial.
    Me pregunto, con un evidente animus iocandi, si al igual que a un ciudadano se le puede embargar el sueldo, no sería igual de lícito que a la cabeza de la Administración demandada le pudiese ser embargado el salario que percibe de la Administración a la que representa.

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