EL ABSOLUTISMO ADMINISTRATIVO

Monarca absoluto

Releyendo, como suelo hacer cada poco para no olvidarme de las bases del derecho administrativo, al profesor Jesús González Pérez, he podido observar estas preocupantes y contundentes palabras que el insigne maestro (por cierto, una de las personas a quienes los ciudadanos más debemos en nuestra lucha contra el poder público) vierte al hablar precisamente de la posición jurídica del administrado en el procedimiento administrativo:

Pasaron los tiempos en que el ciudadano era el tema central de la bibliografía de Derecho público. Pues acabó la lucha que el hombre tenía emprendida frente a los señores que encarnaban el poder absoluto para conquistar esa esfera de libertades, hoy consideradas elementales, que integran el estatuto del ciudadano. Pero el hombre está hoy frente a un enemigo mucho más peligroso, más poderoso y más arbitrario que los viejos poderes absolutos: la Administración pública.

Cualquiera que sea el Estado en que se encuentre o el régimen político que le informe, el administrado se encuentra ante un monstruo de poder que tuvo su nacimiento, precisamente en nombre del propio individuo, para defenderle de los Parlamentos judiciales” (Jesús González Pérez, Manual de Procedimiento Administrativo, Civitas, 2000, p. 153).

Una pequeña observación preliminar. Los Parlamentos judiciales eran en la Francia prerrevolucionaria órganos de la Corona y, como tales, sometidos a la voluntad regia. Cierto que por razones puramente coyunturales en la última etapa del absolutismo francés se enfrentaron abiertamente a la monarquía, aunque ello no fue más que para vengar las humillaciones a que la nobleza togada fue sometida por monarcas con voluntad recia como Luis XIV o Luis XV y que, una vez en el trono un rey dubitativo como Luis XVI, los Parlamentos judiciales, dominados por nobleza de toga, trataron de devolver el golpe. No obstante lo cual, insistimos, se trataba de órganos regios, sometidos a la voluntad regia y, como regla general, proclives a no disgustar mucho al soberano.

Hoy, en pleno siglo XXI, como bien dice el profesor González Pérez, ya no existe monarca absoluto y los Tribunales no están sometidos a la voluntad de la Corona. Pero nos encontramos con un peligro mayor aún: la tiranía de la Administración que, legitimada con el áureo ropaje democrático, se ampara en términos como “interés general”, “servicio público”, “servidores públicos” y similares para actuar en muchas ocasiones de manera absolutamente tiránica y con modos y formas que hubiesen dejado atónito al Rey Sol. Ese monstruo, ese auténtico peligro crece cada día más y más, y si no se le constriñe en los límites legales y se toleran sus comportamientos más abusivos, tenderá a expandirse y a sobrepasar las murallas. Y entonces, cuando sea demasiado tarde, quizá entonces se reaccione.

Pero ya habrá pasado la hora y sólo podremos contemplar impotentes una nuevo absolutismo: el administrativo.

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