LOS TRIBUNALES ANULAN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE GIJÓN.

Sanjurjo

Como solía decir con su inimitable estilo radiofónico don José María García, estalló la bomba informativa. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Gijón ha anulado por no ser conformes a Derecho el Plan General de Ordenación Urbana de Gijón y el Acuerdo de 11 de diciembre de 2006 por el que se aprueba la propuesta de aprobación del Texto Refundido de Adaptación a la Ley Autonómica del Suelo y la Modificación del plan General de Ordenación Urbana de 2007. Véase el tratamiento que la prensa da a la noticia:

El Comercio, viernes 17 de julio de 2009.

La Nueva España, viernes 17 de julio de 2009.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, fechada el día 15 de julio de 2009, de la cual fue ponente don Julio Gallego Otero, hace, en primer lugar, en el fundamento jurídico tercero de la resolución judicial una exégesis de la diferencia jurídica entre la revisión y la modificación del planeamiento: “en la revisión la Administración ejercita de nuevo, en plenitud, la potestad de planeamiento, supone una ordenación ex novo de un ámbito territorial concreto y es indicativa de la formulación de un nuevo Plan, es decir, se entiende por revisión la total reconsideración de la ordenación general establecida en los Planes, en los demás supuestos las alteraciones de las determinaciones de los Planes Generales se considerarán como modificaciones de los mismos”. Aplicada la doctrina al caso concreto de Gijón, concluye la sentencia que “De todo lo anterior se concluye que en el caso que nos ocupa se ha encubierto una genuina operación de revisión del Plan General bajo un indebido supuesto de modificación puntual, no sólo porque se haya incrementado la superficie en el porcentaje que señalan las partes recurrentes, sino esencialmente, porque el conjunto de variaciones introducidas exceden lo que representa una modificación puntual con las finalidades apuntadas y de ajuste a la realidad de la totalidad del Plan General, por más que afecte a la regulación de algunos de sus ámbitos, y aspectos concretos del Plan General. Por ello, la modificación cuestionada debió tramitarse por el proceso de revisión”.

No obstante, llega el aspecto bufo de la cuestión. El concejal de urbanismo, Pedro Sanjurjo, a quien más que nada debió fastidiar esta resolución por salir publicada cuando el edil se encontraba en su asueto vacacional, manifiesta, sin duda amparado en sus vastos conocimientos urbanísticos, que “en la práctica, modificación y revisión es lo mismo y desde el punto de vista procedimental no hay diferencias importantes”. Obsérvese que no niega el presupuesto básico de la sentencia (que existe una alteración sustancial del planeamiento al exceder las variaciones introducidas de una simple revisión), sino que dice textualmente que modificación y revisión son lo mismo. Si tan ilustre autoridad municipal se hubiese dignado echar un vistazo al Derecho Urbanístico: manual para juristas y técnicos de Ricardo Santos Díez y Julio Castelao Rodríguez (El Consultor, 2000, p. 285-287) o el más específico Manual de Derecho Urbanístico del Principado de Asturias de José Francisco Fernández García y Francisco Javier Fernández González (La Ley – El Consultor, 2008, p. 117-118) podría comprobar que la modificación y la revisión del planeamiento son dos figuras absolutamente distintas que, además, tienen un tratamiento diferenciado en el propio texto legal, que separa ambas posibilidades en dos preceptos distintos. En concreto, el artículo 99 del Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, que aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, contempla la “revisión de los Planes Generales de Ordenación”, mientras que el artículo  101 regula la “modificación de los instrumentos de ordenación urbanística”.

Pero, y entramos en la grandeza y miseria del derecho administrativo, concluye el máximo representante del urbanismo gijonés, y aquí tiene toda la razón, que el Plan General continúa teniendo vigencia hasta que exista una sentencia firme, y ya ha anunciado la intención de recurrir la sentencia. En otras palabras, que el recurso de casación tiene, y así lo ha anunciado implícitamente el concejal, un mero efecto dilatorio para demorar en el tiempo la firmeza de la sentencia y permitir que un instrumento de ordenación siga desplegando sus efectos durante cierto tiempo para, en el más que probable caso de que el Tribunal Supremo confirme la sentencia, decir que la ejecución de la misma deviene imposible. A lo cual, me pregunto yo ¿No cabría en el caso de que el Tribunal Supremo desestime la sentencia exigir responsabilidad personal al concejal de urbanismo por la temeridad evidente con la que ha actuado?

La verdad es que no tiene mucha suerte don Pedro Sanjurjo. En su etapa de concejal de hacienda y máximo responsable de la política de personal ha sufrido innumerables reveses judiciales, pues el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (no así el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Gijón, que en la práctica sigue la costumbre de dar por bueno todo lo que la corporación hace) declaró contrarias a derecho muchas de las decisiones que en materia de personal tomó el Ayuntamiento. En los casi dos años que lleva al frente del urbanismo gijonés, le estallan con pocos meses de diferencia el escándalo de Ovidio Blanco y, ahora, en su particular  víspera del dieciocho de julio, se produce el “golpe” a su legitimidad democrática con la anulación del Plan General.

¡Para que luego se diga que la Administración sirve con objetividad los intereses generales!

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2 comentarios el “LOS TRIBUNALES ANULAN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE GIJÓN.

  1. La sentencia dice tres cosas “de cajón”: 1) que lo que se hizo es materialmetne una revisión y no una modificación, con lo que ello supone en cuanto a memoria, información pública y estudio económico, aunque el concejal no distinga una cosa de otra; 2) que se omitió la evaluación de impacto ambiental, no la evaluación ambiental estratégica, como dice, también erroneámente, el edil; y 3) que un plan es una disposición general y no pueden interponerse contra él recursos de reposición. Me parece que son cosas evidentes, para el que sepa un mínimo de Derecho administrativo, verdades como puños, que -sin ánimo de ofender- el tribunal podría haber explicado en dos o tres folios, pero ya sabemos lo que les gusta enrollarse cuando menos viene a cuento.

    ¿Qué va a pasar cuando el supremo, dentro de X años, inadmita el recurso -puesto que inadmite más del 90 % de los que se preparan- o, sencillamente, lo desestime, que es lo que me permito aventurar, después de leer la sentencia?. Se habrán generado cuantiosas responsabilidades patrimoniales por diferentes conceptos, que el pueblo de Gijón acabará pagando, de una forma o de otra. ¿No sería posible repercutir esas indemnizaciones sobre los responsables políticos? Porque si no es así, cualquiera puede gobernar y hacer disparates, y salga el sol por Antequera.

  2. Suscribo en su totalidad el comentario anterior. Es más, de la propia intervención del concejal de urbanismo se deduce implícitamente que la interposición del recurso de casación tiene única y exclusivamente un afán dilatorio para retrasar la firmeza de la sentencia y colocar, en el caso de una más que probable confirmación (cuando no como tú dices, amiga Luisa, una inadmisión del recurso) ante la política de “hechos consumados”. Es evidente que la autoridad que tan rauda y veloz ha salido debiera hacer recaer sobre sus hombros toda las responsabilidades que se deriven (no sólo políticas, sino económicas) que se generen a partir de este momento. Es más, en hace la friolera de once años, quien esto suscribe escuchó por boca del entonces presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, el finado don José Antonio Morilla García-Cernuda, que su opinión era que debía de arbitrarse algún sistema de responsabilidad personal de la autoridad administrativa para casos tan sangrantes como éste.
    Porque, de lo contrario, confirmaremos la denuncia de Parada Vázquez, es decir, que se castiga a la Administración dando una patada al trasero de los ciudadanos.

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