ANULADA LA HUELGA DE LETRADOS GIJONESES: LA INDIGNIDAD DEL PODER JUDICIAL

Muerte de Wild Bill

Con enorme sorpresa e indignación, acabo de leer en la red la noticia publicada por la agencia Europa Press comunicando que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Gijón, anula en virtud de una sentencia fechada el día 31 de julio del año 2009 el acuerdo del Colegio de Abogados de Gijón que suspendía las designaciones del turno de oficio. En verdad, quien esto suscribe es uno de los letrados personados en la causa y aún no me ha sido notificada dicha resolución, aunque también es cierto que en agosto mi despacho está cerrado por vacaciones. Sin embargo, y dada la publicación de tal noticia, desde este foro deseamos hacer unas reflexiones a vuela pluma sobre el particular, si bien adelantando y haciendo constar que comentamos lo que en la noticia se dice, reservando los comentarios más precisos hasta que la sentencia se me haya notificado personalmente, momento en el cual daremos a conocer la resolución judicial en su integridad con comentarios jurídicos a la misma, complementando las reflexiones que ya hicimos en su día en un post anterior.

No obstante, y reiterando que estamos a expensas de que se nos notifique la misma, me permito hacer estas reflexiones en voz alta siempre sobre los datos que nos facilita Europa Press:

1)      No deja de ser paradógica y significativa la fecha de la sentencia, 31 de julio de 2009, lo que implica que la notificación de dicha resolución en principio debió realizarse los primeros días de agosto, cuando ya los letrados se encontraban fuera de sus despachos. Teniendo en cuenta que el asunto (que, recordemos, se tramita por el cauce procedimental de protección de derechos fundamentales, es decir, procedimiento preferente y sumario) entró en el órgano judicial el día 2 de diciembre de 2008 y que tan sólo tres días más tarde el juzgador dictó auto de medida cautelar dando la orden expresa de notificarlo al Colegio de Abogados ese mismo día, es llamativo el contraste entre la rapidez del correcaminos para dictar la medida cautelar y la velocidad digna del galápago para dictar sentencia. Y, a título meramente personal, me permito decir que el juzgador actuó en este caso con absoluta mala fe (por utilizar una expresión totalmente comedida), pues el personaje en cuestión era y es perfectamente consciente que en agosto la casi totalidad de los despachos cierran sus dependencias. Si bien es cierto que en un procedimiento de derechos fundamentales el mes de agosto es hábil, en este caso la cuestión es sangrante dado el “peculiar” ritmo que ha seguido la tramitación del asunto. No deja de ser menos cierto que la práctica de las notificaciones en agosto es una medida muy utilizada por las Administraciones públicas para acudir a la ficción edictal, y de hecho el tema ya fue objeto de un brillantísimo comentario de mi distinguido amigo Sevach en su blog, que llevaba por título precisamente De la viciosa práctica de las notificaciones en el mes de agosto. De todas formas, esto confirma lo que ya dije en un post anterior, que la delgada línea roja que separa el juzgado de lo contencioso de Gijón de una Administración hace tiempo que se ha difuminado.  Aunque, en este sentido, la situación nada ha cambiado, como demuestra el  reciente descubrimiento y publicación de tres sonetos inéditos del siglo de oro sobre cierto magistrado del Consejo de Castilla en Gijón.

2)      Dice la noticia que se vulnera el derecho a la asistencia de letrado del artículo 24 de la Constitución. Pues bien, hace poco más de un año todo el servicio de la Administración de Justicia estuvo paralizado por la huelga de funcionarios tramitadores, lo que conllevó la suspensión de todo tipo de procesos y que el derecho de huelga, cito textualmente de la noticia “defiende intereses que, por muy respetables y fundados que sean, afectan al grupo que la plantea, mientras que los derechos fundamentales protegen intereses generales“. Este argumento es lisa, llana y literalmente, un argumento de caso único, el equivalente español del Bush v. Gore [531 US 98 (2000)] con la única diferencia de que, al menos, los magistrados estadounidenses tuvieron la gallardía, la valentía, el arrojo de hacerlo constar expresamente (cito textualmente de la sentencia norteamericana “our consideration is limited to the present circumstances, for the problem of equal protection in election processes generaly present many complexities”), mientras que en nuestro país se ve que ni tan siquiera se tiene algo tan elemental como es el valor de proclamar que una doctrina es de caso único. Porque, vamos a ver ¿La huelga de funcionarios tramitadores de justicia no defendía “intereses que, por muy respetables y fundados que sean” afectaban al grupo que los planteaba? ¿Acaso no protegía entonces el derecho del ciudadano a un proceso sin dilaciones indebidas un interés general? Claro, entonces a este juez en cuestión (que, por cierto, o es un gran actor o daba la impresión de que no veía con mucha simpatía el parón a que se veía abocado el juzgado, aunque se cuidó muy mucho de decir nada) y a la fiscalía los ciudadanos le traían al pairo. Y, si no, pregúntese el ciudadano de la calle en cuantas huelgas y coligaciones los Tribunales han aplicado esta teoría. Respuesta: fuera del caso de los abogados, en ninguna.

3)      Respecto a la configuración de la asistencia jurídica gratuita como servicio público, el mismo no es más que un subconjunto dentro del más amplio servicio público que es la Administración de Justicia. No obstante, aquí hago mías las palabras del magistrado José Luís Requero (magistrado que tiene la condición de especialista en el contencioso-administrativo): “Es tópico decir que la Justicia no sólo es un poder del Estado sino también un servicio público, con lo cual se apelaría a una vaga idea de eficacia y proximidad a un ciudadano que no quiere saber nada de dimes y diretes de política judicial y sólo desea que su pleito no se eternice. Esta atractiva idea, incorporada al Pacto de Estado para la Justicia de 2001, lleva tiempo instalada también en una judicatura que la emplea con tanta rutina como escaso rigor” (El asalto a la justicia, editorial ciudadela, Madrid, 2009, p. 89)

4)      Quizá debiéramos seguir el propio ejemplo que nos dieron los propios magistrados. Porque, en efecto, hubo personas integrantes del poder judicial (con nombres y apellidos) que ante una multitud de atónitos testigos manifestaron públicamente que, aún siendo conscientes de que no tenían derecho a la huelga y de que su propio órgano de gobierno les había negado tal derecho, fueron a la misma. En otras palabras: conscientemente vulneraron la ley. ¿Consecuencias? A fecha de hoy, ninguna.

No queda más que plantearnos abiertamente una peliaguda cuestión ¿Por qué no se intervino en el caso de otras (por utilizar la acertadísima expresión que un entrañable amigo y compañero hizo constar en su brillantísima y valiente contestación a la demanda del fiscal) auténticas “huelgas marxistas revolucionarias” como las de limpieza en el metro, en los hospitales públicos (¡huelga de limpieza en hospitales, con lo que ello conlleva de riesgo para la salud y, por ende, la integridad física!) o en la propia Administración de Justicia?. Pongamos un ejemplo práctico. Imaginemos un diligente fiscal que ante una huelga de limpieza en el hospital la impugna. El sindicato convocante iniciaría una serie de movimientos que pondría en marcha una poderosísima correa de transmisión: notas de prensa y titulares calificando al fiscal en cuestión de “fascista”, “franquista”, “retrógrado” o “cavernícola” que pisotea el legítimo y constitucional derecho de huelga de los trabajadores; el partido político conexo al sindicato incidiría en los ataques y en el dudoso “talante” democrático del fiscal, y no serían de descartar brutales ataques a la honorabilidad (cuando no a la propia integridad física) del probo miembro de la fiscalía. Y quien dice fiscal, dice juez. Y, claro, si tenemos en cuenta que el fiscal y el magistrado son empleados públicos que, hagan bien o mal su trabajo, tienen garantizada la paga cada final de mes ¿Quién tendrá el arrojo de coger el toro por los cuernos a costa de afrontar una durísima campaña de desprestigio personal si nada va a ganar con ello? El ejemplo dista mucho de ser ficticio, pues, volviendo al indispensable libro de José Luís Requero, en él se nos narra la campaña de acoso y derribo de un magistrado de Albacete por el execrable “delito” de instruir una causa contra varias clínicas abortistas para que, al final, el asunto sucumbiese ante el sacrosanto dogma de la “corrección política”.

Sin embargo, con los letrados el asunto es distinto. Al fín y al cabo, están en manos de los jueces y de los fiscales y, a diferencia de éstos, no forman parte de lo que Ramiro de Maeztu llamaba en su día “casta parasitaria que vive del presupuesto nacional”, a lo que debería añadirse la sensación de superioridad que tienen ciertos (no todos, es de justicia hacerlo constar) magistrados e integrantes del ministerio público. La élite  gobernante de los colegios suele ser más propicia al compadreo que otra cosa, y dado que los letrados no tenemos poderosos sindicatos de clase como el resto de trabajadores, pues con nosotros la autoridad puede mostrar, de alguna manera,  la dureza y el rigor con que no se atrevieron con otros colectivos. Luego se nos pondrán melífluas sonrisas y se dirá que “todos estamos en el mismo barco”. ¡Bonito disparate! Todos estamos en el mismo océano, pero unos van en trasatlántico y otros en barquita de remos.

Para terminar, una pequeña anécdota histórica que extraigo del excelente libro de Luis Herrero El ocaso del Régimen, editado por Temas de Hoy en el año 1995. En octubre de 1975, en el último Consejo de Ministros presidido por el general Franco, uno de los integrantes del organismo puso sobre la mesa la sentencia de un magistrado de trabajo que daba la razón a los trabajadores de una importantísima empresa en las reclamaciones frente a ésta. El vicepresidente Fernando Suárez, que ostentaba la condición de catedrático de derecho del trabajo, manifestó que conocía la sentencia y que la misma era “jurídicamente impresentable”, pero que los antecedentes personales del magistrado no permitían prever el fallo en cuestión, lo que provocó una brevísima intervención de Franco que fulminó el asunto con cuatro únicas palabras: “Tienen miedo. Es cobardía”. Como se ve, ni en sus últimos instantes el Generalísimo perdía la lucidez.

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de Monsieur de Villefort Publicado en Política

3 comentarios el “ANULADA LA HUELGA DE LETRADOS GIJONESES: LA INDIGNIDAD DEL PODER JUDICIAL

  1. Aunque no te conozco personalmente, soy compañero tuyo de Oviedo y asiduo seguidor de tu blog y el de Sevach, entre otros.
    También me dedico al contencioso. Me parece vergonzoso lo que está ocurriendo aunque conociendo los personajes de esta jurisdicción no me extraña.
    Quizás me la juegue con esta información pero es rigurosamente cierta y no sólo conocida por mí: La máxima autoridad del Principado en esta jurisdicción presumía de haber aprobado la oposición estudiando sólo treinta temas. Lo cual era posible dado el sistema a la sazón vigente (1988). Así que asi nos luce el pelo. Para que luego sacralicen tanto nuestro sacrosanto sistema de oposiciones.

    Este mismo señor -de buen trato por otra parte- es el presidente de la APM y ponente -entre otras- de la estrambótica e impresentable sentencia sobre el Estatuto “Carrera” de los profesores dependientes de la consejería de Educación del Principado.

    Y que quieres que te diga: que cites a Requero, talibán reconocido y fanático supernumerario del Opus Dei, pues como que no me convence. Con lo que dominas la jurisprudencia norteamericana, se te podría haber ocurrido mentar algún juez mas presentable.

    E insisto, si esta gente no puede pertenecer a partidos políticos ni sindicatos, ni siquiera “felicitar” a las Autoridades, entiendo que mucho menos podrían pertenecer a sectas que implican un grado de obediencia, inmersión y sumisión mucho mayor.

  2. Estimado amigo Alegret:
    Te agradezco sobremanera tu condición de seguidor de este blog, y me alegra igualmente que compartas la dedicación a esta bonita (aunque ingrata) rama del derecho que es el contencioso-administrativo.
    Respecto al tema de la huelga de abogados, como ya indiqué esta es una primera aproximación, pues cuando me sea notificada la sentencia la colgaré en este blog, así como con la demanda del Fiscal Jefe del Principado de Asturias (que, por cierto, presentó el recurso ante un órgano incompetente) y la contestación a la demanda de uno de los codemandados, en concretamente la del humilde redactor de estas líneas, que asumía su propia defensa y la de varios compañeros.
    En cuanto a la cita de Requero, cierto que el personaje incurre en los vicios que critica, pero lo que pretendía era hacer ver que incluso magistrados especialistas del contencioso reconocen el escaso rigor con el que los jueces manejan el concepto de “servicio público” referido a la Administración de Justicia.
    Por último, en cuanto al contencioso, ya he dicho y reitero que en nuestro ordenamiento jurídico, si bien no se ha adoptado formalmente la doctrina Chevron o “deferencia judicial hacia el ejecutivo”, materialmente sí se ha acogido en la práctica por gran parte de los órganos judiciales. No obstante, lo cierto es que durante el periodo 2004-2006 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha ido reduciendo progresivamente los supuestos en que las agencias administrativas se benefician de la “Chevron deference”. Aquí, como siempre, con años cuando no lustros de retraso.
    Un saludo muy cordial.

  3. Valiente argumento el de Alegret, aunque bastante común en nuestra envenenada sociedad: como Jose Luis Requero es del opus, nada de lo que diga puede tener valor ni sentido, al margen de sus argumentos, expuestos en un libro que no tiene desperdicio. ¿No sería mejor leer el libro y opinar sobre lo que dice?

    Cuando se defiende el sistema de oposición, se defiende una oposición de verdad, no el simulacro que se implantó durante unos años para que entraran a la carrera judicial masas de indocumentados que permanecen en el escalafon hasta que se jubilen. Lo que cuenta Alegret es conocido de sobra; no sé si con 30 temas se podia aprobar, pero desde luego no hacía falta estudiarse ni la mitad del temario y, ademas, el examen era escrito. Una verdadera basura, inventada por el PSOE y que estamos pagando muy cara, sin que nadie hable de ello.

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