LA NECESARIA MEJORA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO NORTEAMERICANO: INFORME ELABORADO POR LA SECCIÓN DE DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA AMERICAN BAR ASSOCIATION.

Administrative Process

Durante el año 2008, en los Estados Unidos de América un grupo de expertos en derecho administrativo que desarrollaban sus tareas en diversos ámbitos (profesores de universidad, abogados del sector privado y de la Administración, jueces) y, sobre todo de ideologías diversas, elaboraron un breve informe sobre las líneas maestras que debería seguir el nuevo ejecutivo que surgiría de las urnas en las elecciones presidenciales en noviembre de 2008. El informe en cuestión fue elaborado a instancias de la Sección de Derecho Administrativo de la American Bar Asociation, y se aprobó con carácter definitivo el 29 de septiembre de 2008. Dicho informe se dirigía al “presidente electo”, fuese quien fuese, pues las propuestas, aún con trascendencia y enorme calado político, eran eminentemente técnicas.

En la carta que se dirige al candidato electo y que sirve de presentación o introducción del informe, se destacan dos ideas claves: en primer lugar, la condición de especialistas en derecho administrativo de quienes elaboraron el informe, su diversa y heterogénea procedencia así como el deseo de identificar los puntos clave o básicos de la reforma procedimental administrativa; y en segundo lugar, subrayar el carácter apolítico y puramente técnico del informe, dado que los expertos que lo elaboraron procedían de ambos partidos y todos ellos habían consensuado absolutamente las líneas maestras de la reforma que se remitían al electo jefe del ejecutivo. Ese carácter técnico y apolítico del informe se expresa con toda claridad en el siguiente párrafo de la misiva<<Specialist in administrative law and practice from all segments of the legal profession, from all part of the country, and from both mayor political parties have worked hard this year to develop a set of consensus recommendations for “Improving the Administrative Process” before tue election took place. While each of us had his or her own political preference, expressed in the boting booth here we sought to develop recommendations independent of those preferences. We did not know if we were preparing recommendations for you or for your opponent; your supporters and his worked equally hard and constrictively on them and support them fully>>.

El informe propiamente dicho es un documento muy breve, concretamente de nueve páginas, y por ello va directamente al grano enumerando los objetivos que debería tener el nuevo mandatario estadounidense en materia de Administración pública. Las propuestas que el grupo de estudio hace en el informe encaminadas a mejorar el procedimiento administrativo descansa en varias ideas esenciales o puntos clave:

1)      Nombramientos basados en criterios técnicos y profesionales, no políticos. Ciertos nombramientos presidenciales requieren la aprobación del Senado (lo que en términos constitucionales se conoce como “advise and consent of the Senate”) mientras que otros son responsabilidad exclusiva del Presidente. Así, el informe, aparte de señalar que convendría no dilatar determinados nombramientos, insiste y subraya (en una idea que en nuestro país nos será extrañamente familiar) que los mismos deben obedecer a criterios exclusivamente técnicos y, por tanto, recaer en personas profesionalmente cualificadas y no con base en méritos única y exclusivamente partidistas (<<We recognize that Presidents regularly appoint people who have actively participated in the successful presidential campaign, or party loyalist, or who are promoted by influential constituency groups […] Nevertheless, we, as practitioners and others involved in the substantive areas that will be directly affected by your appointments, urge you not to allow those factors to overshadow quelities such as competence, leadership ability, and familiarity with the programs that will fall within their charge. Such qualifications in the people you appoint are important to the fulfillment of your own constitutional responsibility to take Care that the Laws are faithfully executed>>). Igualmente se incide en que determinados requisitos que la legislación sectorial exige para ocupar determinados puestos clave y que en la práctica suponen limitaciones a la libertad presidencial (por ejemplo, se hace expresa referencia a que para el cargo de Solicitor General sea una persona que tenga formación jurídica o que el cargo de Surgeon General se provea entre personas que tengan especiales conocimientos o experiencia en relación con programas de salud pública) se han demostrado en la práctica como acertados y saludables.

2)      Supervisión y mejora del proceso de reglamentación. La peculiaridad del derecho administrativo norteamericano, con sus numerosas agencias administrativas dotadas de potestad reglamentaria para aprobar normas (rules) relacionadas con las competencias que tienen encomendadas siguiendo un proceso (rulemaking) esbozado en la Administrative Procedure Act de 1946 y desarrollado parcialmente en cada ley de creación de las agencias impide extendernos detalladamente en este post sobre el particular. De todas maneras, el informe centra este particular aspecto de la reforma en seis puntos:

  • Asegurar que el ejecutivo federal procede a una supervisión transparente y eficaz del proceso de reglamentación de las agencias administrativas (<<The current system has two elements: coordination of the overall rulemaking programs of agencies and review of particular rulemaking proposals>>), algo que el ejecutivo tiene actualmente regulado en la Orden Presidencial 12866.
  • Se insta al Congreso y a la Presidencia a unir sus esfuerzos en aras a racionalizar el procedimiento de reglamentación.
  • Se insta al Presidente a apoyarse en asesoramiento de gestión de riesgos. Dado que numerosas agencias tienen encomendada reglamentación en materias tan delicadas como la salud, el bienestar o el medio ambiente, <<They must have adequate expertise in state-of-the.art. risk and benefit assessment methods to support optimal risk management>>.
  • Se recomienda que en el proceso de reglamentación de proceda de manera inmediata al uso de las nuevas tecnologías, toda vez que el uso de las mismas puede <<promote transparency, enhance the breadth and quality of public participation in regulatory decisoinmaking, help agencies maje better rules more efficiently and provide (for the first time) readily accesible inter-agency and cross-agency rulemaking data for use in program oversight and evaluation>>. En definitiva, que el uso de las tecnologías facilitaría la coordinación e intercomunicación de las agencias administrativas.
  • Dotación presupuestaria suficiente para que las agencias puedan desarrollar sus funciones, dado que en numerosas ocasiones el proceso de reglamentación descansa en la necesidad de análisis científicos de altísimo rigor técnico, algo que tiene su correlato en la necesidad de fondos económicos para ello
  • Se insta al Presidente a que se asegure que se presta la atención necesaria para mejorar la gestión del proceso de reglamentación.

3)      Actuación a seguir en el caso de apropiación del derecho estatal por la actuación de las agencias administrativas. Dado que gran parte de la actuación de las agencias puede interferir en la legislación estatal, creando conflictos de difícil solución. Por ello los expertos esperan que <<whatever policies your administration may pursue, agencies subjet to your direction will deal with this issue in a manner that is explicit, transparent, and open to public participation, particulary the participation of those state entities most directly affected by possible action>>, razón por la cual se aconseja que se informe a funcionarios estatales y locales de los procedimientos de decision de las agencias federales que puedan afectarles, solicitándoles consultas y ofreciendoles la posibilidad de presenter alegaciones.

4)      Mejora de la legitimidad y uniformidad en el procedimiento administrativo de las agencias a la hora de elaborar actos administrativos. En este punto los profesionales encargados de la redacción del informe se hacen eco de las previsiones de la Administrative Procedure Act en lo referente al procedimiento por el cual las agencias ejercen su potestad de adjudication (<<use of independent, impartial hearing examiners, a hearing process, and separation of the functions of investigation, prosecution and decisión>>), previsiones que en la práctica se han difuminado debido a la jurisprudencia de los Tribunales, que han otorgado una amplia discrecionalidad a las agencias para determinar por sí mismas cuando su propio estatuto orgánico les exime de aplicar las previsiones de la APA. En este sentido, el informe propone reforzar los mecanismos establecidos en la legislación general para dotar de una mayor legitimidad e imparcialidad la decisión concreta.

5)      Revitalizar la Conferencia Administrativa de los Estados Unidos, organismo consultivo y de coordinación para elaborar las reformas administrativas, organismo que languideció desde 1995.

Como puede observarse, pese a que estamos ante un modelo absolutamente distinto en cuanto a Administración y derecho administrativo, los problemas que plantea la gestión pública siguen siendo los mismos, hasta el punto de que, con las oportunas adaptaciones en cuanto al sistema de derecho administrativo español, este informe podría suscribirlo cualquier administrativista patrio.

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Un comentario el “LA NECESARIA MEJORA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO NORTEAMERICANO: INFORME ELABORADO POR LA SECCIÓN DE DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA AMERICAN BAR ASSOCIATION.

  1. ¡¡Espléndido!! Ese post es una obra de arte. Admiro ese dominio del Derecho norteamericano, pero me maravilla el acceso a esas perlas de Informes. Saludos, que ya sabes que se acabaron los días inhábiles.

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