SOBRE EL BEISBOL, CONTROLES ANTIDOPING Y ÓRDENES JUDICIALES PARA EL REGISTRO DE DATOS EN SOPORTE INFORMÁTICO: LA SENTENCIA UNITED STATES OF AMERICA V. COMPREHENSIVE DRUG TEST INC

Baseball

Hemos de destacar la enorme importancia jurídica que tiene la recentísima sentencia United States of America v. Comprehensive Drug Test Inc. ., de 26 de agosto de 2009 dictada por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito Judicial de los Estados Unidos (caso número 05-10067), pues trata de un tema importantísimo, cual es la investigación llevada a cabo por las autoridades federales en relación al consumo de esteroides por deportistas profesionales y, más en concreto, el procedimiento que deben seguir los juzgados de distrito a la hora de emitir citaciones y órdenes de registro en relación a datos almacenados en soporte informático. La sentencia es bastante compleja (pues en la misma se vieron involucrados el gobierno de los Estados Unidos, la Liga Profesional de Beisbol, jugadores de la liga y dos empresas) no obstante lo cual trataremos de resumirla destacando sus aspectos esenciales.

En el año 2002 la Liga de Beisbol y la Asociación de Jugadores de dicha liga llegan a un acuerdo para elaborar controles antidopaje a los deportistas profesionales de dicho juego, con el objetivo de determinar si el porcentaje de jugadores que da positivo en dichos controles supera el 5%, en cuyo caso se elaborarían ulteriores controles en años sucesivos. A los jugadores se les garantizó expresamente que los resultados serían en todo caso confidenciales. La empresa CDT fue la encargada de supervisar la realización de los controles (consistentes en pruebas de orina) y de custodiar los resultados, mientras que el análisis de los controles y los muestrarios de las pruebas los realizó la empresa Q, quien custodiaría los muestrarios en sus laboratorios de Las Vegas, en el estado de Nevada. En todo esto se entrecruza una investigación federal, en concreto la que las autoridades realizaban a la empresa BALCO, sospechosa de proporcionar esteroides a deportistas profesionales de beisbol, y en el seno de dicha investigación llega a conocimiento de la autoridad (los antecedentes de hecho de la sentencia no explican cómo) que de los controles realizados por la empresa CDT diez jugadores han dado positivo. En consecuencia, se presenta un escrito solicitando al juzgado una citación a la empresa CDT a entregar los resultados de todos los jugadores que se sometieron en su día a las pruebas. No obstante, el mismo día que se redacta la petición, las autoridades federales obtienen dos órdenes judiciales en otros juzgados:

1)      Orden del Juzgado de Distrito Central de California, que ordena a CDT se entregue a las autoridades los resultados de los diez deportistas que dieron positivo en el control. No obstante, a la hora de ejecutar la orden las fuerzas del orden se extralimitaron y se incautaron de todos los resultados.

2)      Orden del Juzgado de Distrito de Nevada, ordenando a la empresa Q entregara las muestras obrantes en su laboratorio.

Los jugadores profesionales y la empresa CDT no se quedaron quietos y reaccionaron de la siguiente manera:

1)      Obtienen del Juzgado del Distrito Central de California una resolución (ORDEN 1) que ordena a las autoridades la devolución de los resultados a la empresa CDT dado que se habían excedido en el cumplimiento de la orden judicial.

2)      Obtienen del Juzgado del Distrito Norte de California una resolución (ORDEN 2) que anula las citaciones a la empresa CDT que habían solicitado en su día las autoridades federales.

3)      Obtienen del Juzgado del Distrito de Nevada una resolución (ORDEN 3) que ordena a las autoridades devuelvan los muestrarios incautados a los laboratorios Q

En los tres casos los jueces no sólo accedieron a las pretensiones de los jugadores, sino que acusan a las autoridades de manipulación y falsedad. Ante ello el gobierno decide apelar las tres órdenes que les desautorizan, apelaciones que son acumuladas y resueltas en la sentencia de apelación. Dicha resolución judicial no sólo resuelve los recursos presentados, sino que, como hace constar expresamente, pretende  unificar criterios para equilibrar los intereses generales representados por la actuación del ejecutivo y los derechos individuales a la intimidad personal (<<take the opportunity to guide our district and magistrate judges in the proper administration of search warrants and grand jury subpoenas for electronically stored information, so as to strike a proper balance between the government’s legitimate interest in law enforcement and the people’s right to privacy and property in their papers and effects, as guaranteed by the Fourth Amendment>>).

1) ORDEN 1. El Tribunal rechaza unánimemente la apelación por extemporánea. No obstante, analiza dicha orden por el impacto que la misma tiene sobre el caso, pues << the government became bound by the factual determinations and issues resolved against it by that order>>. En este sentido el Tribunal se muestra de acuerdo con el juez de instancia, no sólo en el sentido de que el gobierno se había excedido de la orden y, por tanto, incurrido procedimentalmente en un exceso respecto de aquellos jugadores sobre los cuales tenía una “probable cause”, sino que dicho exceso había acarreado <<a callous disregard for the rights of third parties, viz.,those players as to whom the government did not already have probable cause and who could suffer dire personal and professional consequences from a disclosure>>. El representante del gobierno hizo alusión a las dificultades de una búsqueda de archivos informáticos, en especial porque los mismos pueden “disfrazarse ingeniosamente de varias maneras” (nombres falsos, extensiones erróneas). El Tribunal desautoriza el proceso de recogida de datos llevada a cabo por las autoridades federales, pero, sin embargo no encuentra razón alguna para eliminar aquéllos resultados que sí estaban amparados por la orden judicial.

2)      ORDEN 2. El Tribunal de apelaciones, por mayoría de los magistrados confirma esta orden basándose en el efecto de cosa juzgada (“preclusive effect”) de la Orden 1.

3)      ORDEN 3. El Tribunal rechaza igualmente revocar los pronunciamientos del juez de instancia, porque para ello deberían tener la firme convicción de que hubo un claro error, cosa que en caso concreto no existe.

De todas formas, la verdadera importancia del asunto radica en que el Tribunal, aún examinando las circunstancias del caso concreto y realizando un exhaustivo análisis de los procedimientos seguidos a la hora de obtener datos registrados en soporte informático, elevándose por encima de las mismas aprovecha la ocasión para fijar unos criterios o bases que los juzgados inferiores han de seguir cuando las fuerzas del orden soliciten una orden de búsqueda o registro de documentos contenidos en soporte informático. Dichos criterios, que el Tribunal indica textualmente que “espera sean una herramienta útil para el futuro” son los siguientes:

1. Magistrates should insist that the government waive reliance upon the plain view doctrine in digital evidence cases.

2. Segregation and redaction must be either done by specialized personnel or an independent third party. If the segregation is to be done by government computer personnel, it must agree in the warrant application that the computer personnel will not disclose to the investigators any information other than that which is the target of the warrant.

3. Warrants and subpoenas must disclose the actual risks of destruction of information as well as prior efforts to seize that information in other judicial fora.

4. The government’s search protocol must be designed to uncover only the information for which it has probable cause, and only that information may be examined by the case agents.

5. The government must destroy or, if the recipient may lawfully possess it, return non-responsive data, keeping the issuing magistrate informed about when it has done so and what it has kept.

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