HILLARY CLINTON O DE CÓMO UNA PELÍCULA PUEDE DESENCADENAR UN VUELCO EN EL PROCESO ELECTORAL ESTADOUNIDENSE: CITIZENS UNITED V. FEDERAL ELECTION COMMISSION.

Hillary Movie

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos va a iniciar este año judicial el día 9 de septiembre afrontando una nueva vista oral del caso Citizens United v. Federal Election Comission (caso número 08-205), asunto que puede tener un notable impacto en los futuros procesos electorales estadounidenses. En realidad, los oral arguments ya tuvo lugar el día 24 de mayo de 2009, pero en junio del presente año el Tribunal decidió que el asunto necesitaaba una vista adicional, pues lo que se trata de dilucidar es nada más y nada menos que si determinadas prohibiciones legales de contribuir económicamente a las campañas electorales vulneran la Constitución. Como dato anecdótico, el abogado de los recurrentes, Theodore Olson, es el mismo que representó profesionalmente a George Bush en el caso Bush v. Gore hace ya nueve años.

El asunto tiene un origen curioso, y es un documental titulado Hillary: The movie, elaborado por un grupo de personas bajo la denominación Citizens United, y que se pretendió distribuir durante la campaña electoral. La película en cuestión era un intento de persuadir a la opinión pública que la actual Secretaria de Estado no tenía la capacidad suficiente para optar a la Casa Blanca. En consecuencia, los autores de dicha obra solicitaron a un juzgado del Distrito de Columbia el permiso para distribuir el documental de marras, dado que al mismo en principio le es aplicable la Bipartisan Campaign Reform Act de 27 de marzo de 2002 (la conocida como ley McCain-Feingold, norma que cuyo contenido material es una amplia reforma de la legislación electoral de 1971, como lo prueba el hecho de que su título real es An act to ammend the Federal Election Campaign Act of 1971 to provide bipartisan campaign reform) normativa que contiene una prohibición de desembolsos privados a campañas electorales y que impone severas restricciones a la propaganda electoral. En concreto, y ante el juzgado de distrito los demandantes basaron su pretensión en que las restricciones impuestas por los artículos 203 (prohíbe a sociedades y sindicatos sufragar con sus fondos propios tales actividades) y 201 (requiere la divulgación o publicidad de quienes sufraguen los instrumentos de propaganda electoral y una declaración de ausencia de responsabilidad cuando el candidato al que se pretende defender desautoriza tal apoyo) de la Bipartisan Campaign Reform Act de 2002 (en adelante, BCRA) son contrarias a la Constitución al vulnerar la primera enmienda. El Juzgado denegó la petición amparándose en el caso McConnell v. Federal Election Comision (540 US 93 [2003]). El caso McConnell afrontaba de lleno el asunto de si las prohibiciones de la BRCA eran inconstitucionales por vulnerar el Congreso lo dispuesto en el artículo 1 Sección 4 del texto constitucional al excederse en sus competencias y si la regulación de las fuentes, contenido y tiempo de los anuncios electorales eran igualmente inconstitucionales por vulnerar igualmente la primera enmienda; el Tribunal decidió entonces, con el voto decisivo de Sandra Day O´Connor por una mayoría de 5 votos (los de O´Connor, Souter, Stevens, Gisburn y Breyer) frente a 4 (Rehnquist, Scalia, Kennedy y Thomas) que la legislación era constitucional y que el Congreso había actuado escrupulosamente dentro de las competencias que la carta magna le otorgaba. Por cierto, que en el caso McConnell el abogado del recurrente era igualmente Theodore Olson.

En esta nueva vista que tendrá lugar el 9 de septiembre de 2009, el Tribunal Supremo constriñe el fondo del asunto a la resolución de cuatro preguntas:

1) Did the Supreme Court’s decision in McConnell resolve all constitutional as-applied challenges to the BCRA when it upheld the disclosure requirements of the statute as constitutional?

2) Do the BCRA’s disclosure requirements impose an unconstitutional burden when applied to electioneering requirements because they are protected “political speech” and not regulable “campaign speech“?

3) If a communication lacks a clear plea to vote for or against a particular candidate, is it subject to regulation under the BCRA?

4) Should a feature length documentary about a candidate for political office be treated like the advertisements at issue in McConnell and therefore be subject to regulation under the BCRA?

Curiosamente, en la reseña que sobre el asunto aparece hoy en el diario estadounidense New York Times, se indica que es posible que un asunto menor (un documental sobre la candidata Hillary Clinton) acabe causando un profundo terremoto en los procesos electorales, dado que el tema ha dividido profundamente a la opinión pública entre quienes defienden que la prohibición de aportar fondos a las campañas electorales vulnera la primera enmienda constitucional (libertad de expresión) y quienes contemplan la alternativa como una auténtica amenaza para la democracia.

La verdad es que ignoro cómo va a terminar el asunto. Lo único que puedo decir es que Anthony Kennedy, el magistrado que en la actual composición es la llave para obtener la mayoría de votos, en McConnell se alineó con el sector conservador, que únicamente salió derrotado por la defección de O´Connor. El voto de Kennedy sumado a los de Roberts, Scalia Thomas y Alito permitiría al Tribunal, por la mínima, rectificar o, cuando menos, matizar el pronunciamiento McConnell.

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