AL-KIDD v. ASHCROFT: DISCURSO SOBRE LAS INMUNIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.

Ashcroft

El 4 de septiembre de 2009 el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito Judicial de los Estados Unidos ha propinado con su sentencia Al-Kidd v. Ashcroft un nuevo varapalo a la Administración Bush en la persona de John Ashcroft, el que fuera Attorney General durante el periodo comprendido entre marzo de 2001 y marzo de 2005. El caso es absolutamente significativo no sólo por la enorme importancia del mismo (que trasciende de lo estrictamente jurídico a lo político) sino porque una situación idéntica es absolutamente inimaginable en nuestro país, donde ver sentada a una autoridad en los Tribunales para responder de sus actos no es más que una utopía.

Los hechos. El ciudadano norteamericano Abdullah Al-Kidd (en realidad su nombre era Lavoni T Kidd y había nacido en Wichita –aquélla ciudad, por cierto, en la que Wyatt Earp desempeñó eficazmente el cargo de Marshall– pero en sus años de facultad se convirtió al islamismo y cambió su nombre), casado y con dos hijos, decidió viajar en la primavera de 2003 a Arabia Saudí para profundizar en la materia del derecho islámico, sin saber que desde la primavera de 2002 tanto él como su mujer estaban siendo investigados dentro de un amplio programa de vigilancia y control sobre ciudadanos árabes y musulmanes. En el seno de otro procedimiento judicial contra un musulmán, donde el nombre de Al-Kidd salió a relucir, la fiscalía solicitó una orden de arresto de éste para su comparecencia como testigo en la vista. La orden se concedió en virtud de una declaración jurada de un agente del FBI en la que, según el Tribunal de Apelaciones se omitieron varios hechos trascendentales (que tanto Al-Kidd como su esposa y sus dos hijos eran ciudadanos norteamericanos y residentes ambos en el país y que el interesado había cooperado antes voluntariamente con el FBI; tampoco que nunca se había aportado prueba alguna de que estuviera involucrado en actividades delictivas o criminales). A consecuencia de dicha orden judicial, Al-Kidd fue detenido en la taquilla del Aeropuerto Internacional Dulles, cacheado, interrogado, esposado y detenido durante dieciséis días, siendo trasladado a varios centros penitenciarios de distintos estados. Tras solicitar judicialmente su libertad, Kidd fue liberado, aunque se le impusieron varias restricciones (no podía viajar más que por Nevada y otros tres estados, debía comparecer periódicamente ante el funcionario de libertad condicional y debía entregar su pasaporte), condiciones que se prolongaron durante tres meses hasta el final del juicio en el que presuntamente iba a comparecer como testigo y al que finalmente no se le citó. En julio de 2004 perdió su trabajo dado que, a consecuencia del arresto, no pudo aportar un certificado de antecedentes penales. Desde entonces Al-Kidd fue incapaz de encontrar un trabajo estable, se separó de su mujer y se le privó de la posibilidad de participar en el curso de derecho islámico en Arabia.

Al-Kidd, instó en marzo de 2005 ante el Tribunal Federal de Distrito de Idaho una acción de responsabilidad civil por daños frente a John Ashcroft, el gobierno de los Estados Unidos y dos agentes federales que salían a relucir en la declaración jurada en virtud de la cual se le arrestó; basa su reclamación en la vulneración de sus derechos constitucionales garantizados por la cuarta y la quinta enmienda en un acción civil conocida como “acción Bivens”, al tener su base en el caso Bivens v. Six Unknown Named Agents of the Federal Bureau of Narcotics, 403 U.S. 388 (1971). Argumentó que tanto Ashcroft como sus subordinados se habían excedido claramente en las potestades que tenían encomendadas legalmente y que su actuación le había producido daños materiales los cuales debían ser objeto de una indemnización. Ashcroft, por su parte, opuso a la demanda dos excepciones procesales que deberían llevar al sobreseimiento o archivo del caso: la excepción failure to state a claim (es decir, no haber aportado prueba o indicio alguno que sirva de base o criterio para sostener la pretensión); la  segunda excepción era la inmunidad cualificada y absoluta de Ashcroft (dado que en el momento en que tuvieron lugar los hechos en que se basa el demandante su condición de US Attorney General estaría a salvo de toda acción civil directa) como la cualificada de los dos agentes del FBI. El juzgado rechazó todas las excepciones y John Ashcroft recurrió tal decisión mediante una apelación interlocutoria.

En su sentencia, el Tribunal confirma la resolución del juzgado de instancia, rechazando las excepciones y remitiendo el asunto de nuevo a éste para que se proceda el juicio. El núcleo de la resolución se centra en la inmunidad de Ashcroft, dado que los cargos que le imputaba el actor y sobre los cuales basa su reclamación de responsabilidad civil es que el caso en cuestión no se debía a un hecho aislado, sino a una política deliberada y conscientemente buscada desde las más altas esferas. La sentencia, en este sentido, parte de la distinción entre la qualified immunity, que ostenta cualquier funcionario, y la absolutely immunity, que ostentan únicamente los prosecutors, si bien tal inmunidad únicamente la ostentan cuando ejercen actividades “intimately associated with the judicial phase of the criminal process”, ostentando únicamente la qualifieda immunity cuando “they perform investigatory or administrative functions, or are essentially functioning as police officers or detective “.  Partiendo de tal distinción, el Tribunal considera que “…the United States Attorney General is not entitled to absolute immunity in the performance of his or her “national security functions. “. La larga argumentación jurídica de la sentencia (que sería ocioso reproducir aquí por lo vasto de su extensión) es un auténtico tratado sobre la inmunidad de los funcionarios en sus funciones judiciales y administrativas, hasta donde se extiende esa inmunidad y en qué medida los ciudadanos pueden reaccionar frente a la misma. La sentencia es un auténtico varapalo para la Administración Bush en general y para John Ashcrotf en particular, máxime si el lector echa un vistazo a la elocuente conclusión que, tras citar a sir William Blackstone, indica: “Framers of our Constitution would have disapproved of the arrest, detention, and harsh confinement of a United States citizen as a “material witness” under the circumstances, and for the immediate purpose alleged, in al-Kidd’s complaint. Sadly, however, even now, more than 217 years after the ratification of the Fourth Amendment to the Constitution, some confidently assert that the government has the power to arrest and detain or restrict American citizens for months on end, in sometimes primitive conditions, not because there is evidence that they have committed a crime, but merely because the government wishes to investigate them for possible wrongdoing, or to prevent them from having contact with others in the outside world. We find this to be repugnant to the Constitution, and a painful reminder of some of the most ignominious chapters of our national history “.

Nuestro ordenamiento jurídico ha eliminado desde el año 1999 la posibilidad de ejercitar una acción de responsabilidad civil contra el funcionario, y no digamos ya frente a fiscales. Cualquier empleado público puede cometer conscientemente un error y verse libre de cualquier reclamación individual por daños que, cómo no, pagará papá Estado o sus diecisiete hijos autonómicos o más de ocho mil nietos locales. Sin embargo, creo que determinados casos tan sangrantes como el que se ha visto obligado a conocer el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, a veces el simple hecho de que el funcionario, ostente el cargo que ostente, se vea en el banquillo y padezca aunque sea una mínima parte de los que ha padecido el ciudadano, ya es una recompensa bastante y dice mucho de un sistema el que quien ostentara la máxima responsabilidad en la materia pueda verse demandado en el más humilde tribunal de distrito. Sin embargo, la sobreprotección que sobre funcionarios públicos pesa sobremanera en nuestra España, donde la sensación de impunidad de éstos es casi absoluta. Basta con que se conteste a la pregunta de cuántas veces la Administración,  cualquier Administración, ha dado cumplimiento a la previsión del artículo 145.2 de la Ley 30/1992 (“La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca”), por no hablar de la actuación de algunos integrantes del Ministerio Público que en algunos supuestos deberían mudar de asiento en la misma Sala de vistas para situarse en el que tienen enfrente.

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