ACCIÓN DIRECTA DE RESPONSABILIDAD CONTRA EL FUNCIONARIO EN UNA LEY ESTADOUNIDENSE DE 1791.

Motín del té

Todos los que nos dedicamos profesionalmente al derecho administrativo estamos familiarizados con la institución de la responsabilidad patrimonial, consagrada hoy al más alto nivel en el artículo 106.2 de la Constitución y regulada en el Título X (artículos 139 a 145) de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, preceptos desarrollados a su vez por el Real Decreto 429/1993 de 26 de marzo. Se culmina con esta regulación un camino que se inició con el artículo 121 de la Ley de Expropiación Forzosa, aunque existía una insuficiente regulación en el antiguo artículo 1903 del Código Civil, preceptos ambos que fueron derogados por la legislación aprobada en de 1992. Creo recordar (cito de memoria y, por tanto, puedo equivocarme) que en el Curso de Derecho Administrativo de los profesores Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, al abordar el tema de la responsabilidad patrimonial en el ordenamiento jurídico español el precedente legislativo más antiguo que cita en la materia es una ley sectorial de 1839.

Pues bien, la lectura de un extenso y brillantísimo trabajo de Jerry L Mashaw sobre los orígenes del derecho administrativo norteamericano, en los que el autor se hacía eco del desarrollo de la Administración estadounidense bajo los mandatos federalistas de George Washington y John Adams, me sorprendió sobremanera un texto legal muy concreto que contenía una previsión expresa de responsabilidad patrimonial. En concreto, la ley de 3 de marzo de 1791,  Act Repealing, after the last day of June next, the duties heretofore laid upon distilled spirits imported from abroad, and laying others in their stead; and also upon spirits distilled within the United States and for appropriating the same. En principio, esta norma no era sino una más de las leyes fiscales aprobadas en los primeros años de la recién nacida república estadounidense, que pretendía ya entonces salvaguardar el equilibrio entre la necesidades públicas (cobro de impuestos derivados de la importación y transporte de bebidas alcohólicas) y las libertades individuales, para lo cual el Congreso norteamericano creaba con dicho texto legal una serie de funcionarios encargados de hacer cumplir la normativa (la creación de tres clases de funcionarios repartiendo las distintas potestades administrativas concernientes a la materia entre los mismos fue un intento más de los founding fathers de evitar la acumulación de poder que, según ellos, conducía al despotismo). Es importante dicha ley no sólo porque se intuye en la misma una sutil distinción entre investigaciones penales e inspecciones administrativas, sino porque, lo que es más importante, establece de manera expresa una acción de responsabilidad patrimonial frente a la autoridad que causó el daño con base en los preceptos de dicha ley. Si uno acude al artículo 41 del texto legal verá consagrado el principio de responsabilidad patrimonial con una regulación expresa de la acción judicial de responsabilidad que tiene el ciudadano a quien una actuación del empleado público ocasiona daños en su mercancía. En concreto, el tenor literal de dicho precepto dice lo siguiente: <<That if any of the said supervisors or other officers of inspection shall neglect to perform any of the duties hereby enjoined upon them respectively, according to the true intent and meaning of this act, whereby any person or persons shall be injured or suffer damage, such person or persons shall and may have an action founded upon this act, against such supervisors or other officers, and shall recover full damage for the same, together with cost of suit>>. Merece la pena destacar varias notas importantes: la primera, la fecha de la ley, nada más y nada menos que marzo del año 1791; la segunda, la regulación expresa del ejercicio de una acción de responsabilidad patrimonial con base en un texto legal donde se contempla sin duda alguna dicho instituto administrativo; y el tercero y más importante, el principio de indemnidad total que no se limita únicamente al resarcimiento de los daños, sino a las costas del proceso.

Interesante y curiosísimo precedente que, aunque limitado a un aspecto muy concreto de la actividad administrativa, no deja de ser desdeñable, si tenemos en cuenta la fecha en que se aprobó el texto legal.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s