LIBERTAD DE ARMAS, SEGUNDA ENMIENDA Y LEYES ARMAMENTÍSTICAS.

Clay Blaisdell

El esta semana el Tribunal de Apelaciones del noveno circuito judicial de los Estados Unidos ha decidido conceder un nuevo turno de exposición (rehearing) a las partes en el caso Nordyke v. King, que aborda un asunto tan antiguo como la propia existencia de los Estados Unidos: la segunda enmienda constitucional. El caso surge como consecuencia de una normativa emanada del condado de Alameda, en California, que tipifica como delito la posesión de armas y municiones en propiedades públicas, normativa que fue impugnada por los fabricantes de armas sobre la base de que tal legislación vulnera la segunda enmienda constitucional. En abril del presente año, una Sección de ese mismo Tribunal de Apelaciones estableció que la segunda enmienda no sólo es de aplicación al gobierno federal y al Distrito de Columbia, sino que vincula igualmente a los distintos estados federados.  No obstante, uno de los jueces instó a las partes a que emitiesen sus informes para que el asunto fuese abordado por el pleno del Tribunal. Actualmente existen dos casos, el National Rifle Association v. Chicago y el McDonald v. Chicago (ambos del Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito Judicial) en los que se ha rechazado declarar la inconstitucionalidad de leyes armamentísticas sobre el argumento jurídico de que la segunda enmienda no es de aplicación a los estados, aunque en ambos casos se encuentran en la agenda del Tribunal Supremo, quien en el año judicial 209-2010 decidirá si acepta conocer el asunto.

La interpretación de la segunda enmienda constitucional la abordó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso District of Columbia  v. Heller, donde el voto clave de Anthony Kennedy permitió al ala conservadora de dicho órgano judicial imponer su criterio en el sentido de que la segunda enmienda protege un derecho individual preexistente a la propia norma constitucional y que un individuo puede ejercitar con independencia de que pertenezca o no a la institución de la milicia; el sector minoritario coincidió en que se trata de un derecho individual pero que únicamente puede esgrimirse cuando el ciudadano se integra en la relación de sujeción especial con el gobierno, en concreto mediante su integración en una milicia. En consecuencia, el Tribunal Supremo declaró inconstitucionales ciertas previsiones de la legislación del Distrito de Columbia por entender que vulneraban la carta magna al contener una prohibición total de portar armas. Ahora bien, la sentencia deja dos puntos clave en el aire: los criterios o bases que la legislación ha de respetar para salvar la constitucionalidad (la sentencia establece un límite negativo al decir que la prohibición total es contraria al texto constitucional, pero admite explícitamente la constitucionalidad de restricciones concretas, si bien ofreciendo ejemplos muy concretos y únicamente a título de ejemplo (por ejemplo, prohibiciones a menores o incapaces); la segunda, si la segunda enmienda es de aplicación únicamente al gobierno federal y al Distrito de Columbia (que no tiene la consideración de estado) o por el contrario si los diferentes estados federados han de sujetar sus respectivas legislaciones a la segunda enmienda tal y como ha sido interpretada en su día por el Tribunal Supremo. No obstante, y sin perjuicio de lo que en su día decida el Tribunal de Apelaciones y, en su caso, el Tribunal Supremo si decide abordar los casos procedentes del séptimo circuito, el argumento de que la segunda enmienda no es de aplicación a los estados sino al gobierno federal es quizá algo forzada. Derechos protegidos en las diez primeras enmiendas al texto constitucional, concretamente la primera y la cuarta enmienda, se han declarado expresamente de aplicación a los gobiernos de los distintos estados. Es más, el caso Roe v. Wade, cuya redacción material se debe a la pluma del conservador moderado Harry Blackmun, declaró inconstitucionales varios preceptos de la legislación del estado de Texas aplicando precisamente las normas del bill of rights de la Constitución de los Estados Unidos.

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