LA PECULIARIDAD DE LOS INFORMES ANUALES SOBRE LA JUDICATURA FEDERAL ESTADOUNIDENSE

Judicatura federal

Siempre me han llamado la atención los informes sobre la judicatura federal que cada año elabora el Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, no sólo por la brevedad de los mismos, poco más de quince páginas de extensión, sino por las interesantes reflexiones que suelen contener. A las estadísticas propiamente dichas, que resumen la actividad de la judicatura federal durante el año en curso, que son expuestas como apéndice con una sobriedad espartana en poco más de siete u ocho páginas, se antepone una reflexión personal del redactor acerca de los temas más importante en relación con el poder judicial así como los objetivos y logros de la judicatura en el periodo concreto

Sirva de ejemplo el informe del año 2007. Comienza narrando un hecho aparentemente anecdótico cual es la visita del juez Yuri Ivanovich Sidorenko, del Tribunal Supremo de la Federación Rusa, al cementerio de Arlington nada más y nada menos que para visitar la tumba de William Rehnquist, anterior presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, con quien había trabado amistad desde su primer encuentro en el año 2002, hecho revelador que hubiese sido inimaginable tan sólo diez años antes. A partir de este curiosísima anécdota, el actual mandatario del Tribunal Supremo, John Roberts jr, comienza un breve pero sólido excurso sobre el papel que ha de desempeñar el poder judicial en un Estado de Derecho así como los objetivos del chief justice en relación con la judicatura federal. No deja de mostrar John Roberts un legítimo orgullo por el hecho de que todas las democracias vuelvan sus ojos hacia el sistema judicial americano como modelo a seguir (cita expresamente a Japón y Corea, e incluso se hace eco de la modificación legislativa operada en Gran Bretaña en el sentido de transferir las funciones judiciales de la Cámara de los Lores al Tribunal Supremo del Reino Unido), aunque lance una severa admonición en el sentido de indicar que ello no debe servir como motivo de complacencia, sino que debe continuarse por el camino que abrieron en el último tercio del siglo XVIII por los founding fathers. No obstante, hay en el informe un párrafo que no deja de ser cierto y que debería llamarnos a la reflexión. Bien es cierto que el chief justice no da referencias concretas, lo que deja abierta la identificación al criterio de cada lector, pero el diagnóstico no deja de ser certero. El párrafo en cuestión es el siguiente: “More than two hundred years after the American Revolution, much of the world remains subject to judicial systems that provide doubtful opportunities for challenging government action as contrary to law, or receiving a fair adjudication of criminal charges, or securing a fair remedy for wrongful injury, or protecting rights in property, or obtaining an impartial resolution of a comercial dispute. Many foreign judges cannot exercise independent judgment on matters of law without fear of reprisal or removal”. La última frase es altamente significativa.

En este sentido, Roberts, al igual que sus predecesores se marca tres objetivos. El primero es continuar los esfuerzos para mejorar los contactos con las ramas legislativa y ejecutiva del Estado (téngase en cuenta que en Estados Unidos no existe un organismo análogo a nuestro tristemente célebre Consejo General del Poder Judicial, quizá porque en la mentalidad anglosajona la idea de la independencia del juez está tan sólidamente asentada e inserta en el nervio de la sociedad y de la clase política que no necesita de organismo artificialmente creado para garantizarla). El segundo es asegurar que los jueces federales mantengan un alto nivel de integridad, y ello por un motivo esencial: “Federal judges hold a position of public trust, and the public has a right to demand that they adhere to a demanding code of conduct”; indica el chief justice que la gran mayoría de los jueces cumplen a rajatabla esa integridad exigida, pero que la propia judicatura debe actuar frente a aquellos que traicionen esa confianza depositada en ellos (idea que debería importarse a nuestro país aplicándola a algún célebre magistrado más conocido por su amplísima vanidad y por sus aventuras en los parajes amazónicos acompañado de algún curioso especímen de dicho hábitat que por el acierto de sus resoluciones judiciales). El último de los objetivos es el aumento de los salarios de los jueces federales, dado que se lamenta el redactor del informe de que “This salary restoration legislation is vital now that the denial of anual increases over the years has left federal trial judges –the backbone of our system of justice- earning about the same as (and insome cases less than) first-year lawyers at firms in mayor cities, where many of the judges are located”. Es precisamente esta circunstancia la que ocasiona que, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, muchos jueces federales opten por abandonar la judicatura para dedicarse a la práctica de la abogacía en los grandes despachos del sector privado, mucho más lucrativos económicamente.

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