FIJACIÓN JUDICIAL DE LOS HONORARIOS DE LETRADOS: PERDUE v. KENNY O LA UTOPÍA ESPAÑOLA DE LA REVISIÓN AL ALZA.

Honorarios

Ayer miércoles 14 de octubre de 2009 tuvo lugar en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos la vista oral del caso Perdue v. Kenny, un asunto que a los letrados españoles sin duda alguna les dejará con los ojos en blanco por lo insólito que sería tal planteamiento en nuestro país.

Como cualquier lector de este blog sabe, el acceso al Tribunal Supremo de los Estados Unidos exige que el recurrente justifique la relevancia constitucional del caso, que en el Perdue es la siguiente: “Can the reasonable attorneys’ fee award under a federal fee-shifting statute ever be enhanced based solely on the quality of performance and results obtained?” En otras palabras, se trata de dilucidar si las n otras palabras, se trata de dilucidar si los honorarios de los letrados pueden modificarse al alza en función de la calidad del servicio y del resultado obtenido.

Los hechos enjuiciados tienen su origen en la defensa que varios letrados de una organización sin ánimo de lucro en pro de los derechos del niño entablaron frente al estado de Georgia por varias irregularidades en que incurría el sistema de acogida de menores de dicho estado, sistema que, en principio vulneraba preceptos de la legislación tanto estatal como federal. Tras interponer una demanda frente al estado de Georgia, y tras varios acontecimientos que no vienen al caso (la demanda fue interpuesta en un tribunal estatal pero una moción logró trasladarla a un juzgado federal), las partes lograron un acuerdo en virtud del cual muchas de las deficiencias que habían motivado el inicio del pleito. Y llega la parte interesante, puesto que cuando se trata de acciones procesales en defensa de los derechos civiles, el Título 42 Capítulo 21 Subcapítulo 1 Norma 1988 letra b del United States Code establece que en cualquier acción o procedimiento destinado a garantizar o proteger los derechos civiles comprendidos en dicha norma, el tribunal, en el ejercicio de su discrecionalidad, otorgará a los letrados unos honorarios razonables como parte de los costes. En el asunto en cuestión, y dado que las partes no se ponían de acuerdo, el Tribunal, hizo un cálculo en función del número de horas que los abogados dedicaron al estudio y resolución del asunto, aplicando a las mismas las tarifas horarias normales; pero lo verdaderamente sorprendente es que el juez multiplicó la cantidad resultante por un coeficiente de 1,75, aumentando pues al alza los honorarios profesionales, todo ello con base en dos criterios: el primero, que los letrados que habían defendido a los menores habían hecho un trabajo excelente que excedía con mucho la calidad que los representados habrían obtenido si hubiesen utilizado letrados de pago ,y, el segundo, que el resultado obtenido por los demandantes había sido “excepcional”. En definitiva, que el Tribunal aumentó al alza los honorarios de los abogados basándose en la calidad del trabajo presentado y en el resultado obtenido. Tal resolución fue recurrida en apelación, y el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito confirmó la decisión de instancia.

Si contrastamos tal actuación con la que tiene lugar día tras día en nuestro suelo patrio la situación es para echarse a llorar. ¿Cuántas veces, en el caso de una disputa sobre honorarios, han valorado los Tribunales el trabajo y el esfuerzo del letrado como no sea para minusvalorarlo? ¿Cuántas ocasiones un letrado no ha derramado lágrimas de sangre porque tras haberse dejado la piel por su cliente, éste no le paga (cuántos de nosotros hemos oído la expresión “me parece mucho lo que cobras”) y el Tribunal en el uso de sus facultades “moderadoras” ajusta siempre a la baja la cantidad debida al profesional en concepto de honorarios basándose en criterios tan laxos como la “complejidad técnica” y, en muchos casos, haciendo caso omiso a los informes de los colegios profesionales (que, dicho sea de paso, tampoco suelen defender al profesional como debieran) basándose en que los mismos son “orientadores” y que, por tanto, no vinculan a los Tribunales? En definitiva, que en España se da la situación absolutamente inversa, donde por mucho que se trabaje, por muy buenos resultados que se obtengan, el ajuste siempre, insisto, siempre se hace a la baja.

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