WOOD V. ALLEN: LA SUPERVISIÓN DE TRIBUNALES FEDERALES SOBRE CONDENAS PENALES ESTATALES.

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El 4 de noviembre de 2009 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos abordará la vista oral en el caso Wood v. Allen (señalado con el número 08-9156). Dejando de lado algunos hechos curiosos por sus fonéticas resonancias con el arte cinematográfico (el propio nombre del caso –Wood v. Allen– y el nombre de la parte actora –Holly Wood-) el mismo aborda un supuesto esencial, cual es la potestad revisora de los tribunales federales estadounidenses en los supuestos de condena penal por tribunales estatales. Uno de los aspectos clave del sistema judicial estadounidense es la existencia de dos tipos de tribunales, los estatales (cuyo establecimiento y organización es competencia de los distintos estados) y los federales (responsabilidad del gobierno federal). Cada uno tiene su ámbito específico de actuación. Ahora bien, en determinados supuestos los tribunales federales pueden enjuiciar de alguna manera la actuación de órganos judiciales estatales. Este supuesto es uno de ellos, puesto que bajo la Antiterrorism and Effective Death Penalty Act un tribunal federal puede revisar los hechos establecidos como probados por un tribunal estatal en procedimientos penales. Dicha norma se publicó como ley el 24 de abril de 1996 con un amplio apoyo legislativo en su tramitación, dado que buscaba proteger a la sociedad de atentados terroristas como el ataque terrorista que tuvo lugar en Oklahoma el 19 de abril de 1995 y que fue el detonante que sirvió para acelerar la elaboración de dicho texto legal. Lo más importante de la misma radica en la Sección 2254, dos de cuyos párrafos limitan la potestad de los jueces federales en relación con la revisión de hechos en procesos penales tramitados por juzgados estatales. De conformidad con dicho precepto, el juez federal únicamente puede garantizar una petición de habeas corpus con base en dicha norma en dos casos: 1) que la actuación del juzgado estatal haya vulnerado de manera manifiesta un claro precepto de una ley federal tal y como ha sido interpretada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y 2) cuando la condena penal se haya basado en una determinación incorrecta de los hechos a la luz de las pruebas obrantes en autos. Se trata, por tanto, de determinar el alcance concreto de las potestades de revisión de los tribunales federales sobre las condenas penales de tribunales estatales y determinar en qué supuestos la condena penal es contraria a derecho sobre la base de las pruebas presentadas y obrantes en autos.

Sobre esas premisas, el caso que se somete a consideración ante el Tribunal Supremo parte de unos determinados hechos. Holly Wood fue objeto de un enjuiciamiento penal en un Tribunal del estado de Alabama acusado de asesinar a su antigua novia. Wood contó con la asistencia de dos letrados criminalistas, pero en la fase del juicio oral fue asistido por un letrado novel sin experiencia que no presentó pruebas que acreditaban que el acusado tenía problemas mentales. En consecuencia, fue declarado culpable y un jurado recomendó se impusiese la pena de muerte, condena y sentencia que fueron confirmadas por el Tribunal Supremo del estado de Alabama. Con posterioridad, y tras un infructuoso intento de evadir la pena capital utilizando un recurso contenido en la propia legislación del estado, Wood promovió una solicitud de habeas corpus ante un juzgado federal, argumentando que no había tenido una defensa en regla dado que el letrado defensor no había presentado las pruebas que acreditaban una minusvalía psíquica. El juez federal aceptó dicha argumentación y estimó que, en efecto, el letrado en cuestión que le había asistido en la fase del juicio oral, menos experimentado que los anteriores asesores legales, no había desplegado la diligencia necesaria para acreditar esa deficiencia mental y, en consecuencia, procedía la estimación del habeas corpus. Recurrida tal decisión, el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito revocó la decisión del juez de instancia al estimar que, en efecto, no se habían aportado en el acto del juicio las evidencias necesarias para acreditar los problemas mentales del acusado, pero consideró que tal decisión no se debió a la inexperiencia o falta de diligencia del letrado sino que obecedía a una decisión de estrategia procesal y, por tanto, debía asumirse las consecuencias de la misma. A mayor abundamiento, el Tribunal de Apelaciones consideró que el letrado en la fase de juicio oral no actuó de manera autónoma o asumiendo iniciativas propias, sino como mero asistente o delegado de los dos experimentados asistentes que habían asistido al acusado en las fases procesales anteriores.

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