JUECES V. SECRETARIOS JUDICIALES. BREVES COMENTARIOS SOBRE LA REFORMA OPERADA POR LA LEY 13/2009 DE 3 DE NOVIEMBRE EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.

Duelo

En cierta ocasión, cuando el humilde redactor de estas líneas intercambiaba impresiones con un juez de primera instancia de la capital (que, amén de magistrado es una excelente persona) se quejaba éste amargamente de que los jueces estaban siendo poco a poco arrinconados y privados de competencias, de manera que su único cometido se limitase a dictar sentencias y poco más. Y, en efecto, los hechos han venido a darle la razón. Viene esto a cuento de la nueva Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, norma publicada en el Boletín Oficial del Estado de hoy día 4 de noviembre y que, según su Disposición Final Tercera, entrará en vigor a los seis meses de su publicación. Limitaremos nuestros comentarios al artículo decimocuarto de dicho texto legal, puesto que los mismos abordan una modificación de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. No pretenden estas líneas ser un comentario exhautivo, sino un mero apunte que esboce las líneas maestras de la reforma que la ley lleva a cabo en el orden contencioso-administrativo, operadas en el seno de una más amplia reforma de la legislación procesal en general.

El grueso de la reforma está orientada a desapoderar a Jueces y Magistrados potenciando en su lugar la figura y atribuciones del Secretario Judicial. A partir de ahora, no será el Juez, sino el Secretario Judicial quien, por ejemplo, fijará la cuantía del recurso (artículo 40), quien examinará de oficio la validez de la comparecencia en la presentación del recurso de interposición (artículo 45.3), quien dará traslado de la demanda a la Administración y codemandados (artículo 54), quien resuelva las solicitudes para completar el expediente administrativo (artículo 55.3), quien examine los requisitos de la demanda (artículo 53.2), quien declare concluso el pleito para sentencia cuando expresamente lo requieran las partes en sus escritos de demanda y contestación y cuando en éstos no se solicite el recibimiento del pleito a prueba (artículo 57), quien cite a las partes para la vista en el procedimiento abreviado (artículo 78.3; por cierto, que en el párrafo 18 de este artículo existe una curiosísima referencia al “Secretario judicial competente” que, cuyo alcance concreto o sentido h de confesar humildemente que se me escapa), quien dicte resolución admitiendo los recursos de apelación (artículo 85.2) y casación (artículos 90.1 y 97.3), quien de traslado a las partes del por desgracia aún denominado incidente de ejecución de sentencia (artículo 109.2), quien convoque a las partes para la audiencia sobre posibles causas de inadmisión en el procedimiento especial de derechos fundamentales (artículo 117.2), entre otras. Lógicamente, y en consonancia con las nuevas facultades atribuidas al Secretario Judicial, se introduce un nuevo artículo 102.bis que establece los recursos que proceden contra las resoluciones de dicha autoridad judicial, distinguiéndose entre el recurso de reposición (dirigido contra diligencias de ordenación y decretos no definitivos del Secretario, recurso que habrá de presentarse ante éste en el plazo de cinco días y que será resuelto por el mismo órgano que dictó la resolución impugnada) y el recurso directo de revisión contra decretos que ponen fin al proceso o impidan su continuación (recurso que se interpone igualmente en el plazo de cinco días pero que, a diferencia del de reposición, es resuelto por el Juez o Tribunal mediante auto).

Aparte del núcleo central de la reforma, se aprovecha la misma para dar algún suave retoque al texto legal, y así, entre otras cosas, para adecuar a la moneda euro algunas cantidades que aún estaban reflejadas en pesetas (artículos 48.7, 86.2, 96.1, 99.2, 112.2.a) o para elevar determinados plazos de tres a cinco días (en concreto, en la reforma de los artículos 60.2 y 6; 61.4 y 62.2), o para mudar el nombre del antiguo recurso de súplica, que pasará a denominarse recurso de reposición (artículo 79.2 y nueva Disposición Adicional Octava). Igualmente, como ya habíamos adelantado en el post anterior, se modifica el artículo 14 para recoger expresamente la doctrina jurisprudencial en relación al fuero electivo, limitándolo en caso de actuaciones de las Comunidades Autónomas o entes locales a la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia en que tiene su sede el órgano autor del acto originario impugnado; se introduce un nuevo párrafo en el artículo 42.2 en virtud del cual se reputan de cuantía indeterminada los recursos contra determinadas actuaciones en materia de seguridad social. Pero, sobre todo, es importante tener en cuenta la redacción dada al artículo 63, que es el que recoge la documentación de las actuaciones judiciales. En dicho precepto se hace una remisión general en el párrafo primero a los criterios establecidos en el artículo 182 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil; pero en el párrafo cuarto, donde se abre la posibilidad de que el Secretario no esté presente en la vista en los supuestos en que se cuente con un sistema de grabación, donde el Secretario garantizará la autenticidad del soporte mediante firma electrónica u otro sistema similar (<<En este caso, la celebración del acto no requerirá la presencia en la sala del Secretario judicial, salvo que lo hubieran solicitado las partes, al menos dos días antes de la celebración de la vista, o que excepcionalmente el Secretario Judicial lo considere necesario, atendiendo a la complejidad del asunto, al número y naturaleza de las pruebas a practicar, al número de intervinientes, a la posibilidad de que se produzcan incidencias que no pudieran registrarse, o a la concurrencia de otras circunstancias igualmente excepcionales.>>). Por cierto, que en el párrafo séptimo del artículo 63 se contiene una norma destinada a no ser cumplida jamás en la realidad cotidiana, ya que en los escasísimos  supuestos en que se permiten las actas manuscritas (básicamente, cuando la Sala en que se celebre la vista careciera de medios informáticos) se impone al término de la vista que el Secretario judicial <<leerá el acta, haciendo en ella las rectificaciones que las partes reclamen, si las estima procedentes>>. ¿Alguien piensa seriamente que en el mundo real ello se va a llevar a cabo?

Por cierto, que en su inmensa voracidad recaudatoria, el Estado ha visto su oportunidad para sangrar nuevamente el bolsillo del sufrido ciudadano. Y es que la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre de modificación de la Ley Orgánica 6/1985 de 6 de julio, introduce lo que eufemísticamente denomina “depósito para recurrir”, sobre el cual remito a los lectores interesados al luminoso e inmejorable post que sobre dicho instituto ha publicado mi amigo Sevach en su blog.

Ya en su día se quejaba José Luís Requero que al frente del Juzgado se sitúa a un juez o magistrado (funcionario estatal) sin atribuciones directas sobre el personal al servicio de dicho órgano judicial. Es el Secretario (funcionario estatal) quien posee las facultades de mando sobre los funcionarios judiciales (dependientes de las comunidades autónomas). En resumen, un juez sin mando cuya función se limita a poner sentencias.

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