POTTAWATTAMIE COUNTY v McGEE: ¿HASTA DÓNDE SE EXTIENDE LA INMUNIDAD DE LOS FISCALES (NORTEAMERICANOS)?

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El pasado día 4 de noviembre tuvo lugar en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos la vista oral del caso Pottawattamie County v. McGhee, que aborda un asunto tan candente como la inmunidad de los fiscales por la actuación realizada durante el juicio. Sobre los dos tipos de inmunidad (la absoluta y la cualificada) ya nos hicimos eco en un post anterior que analizaba el caso Al-Kidd v. Ashcroft. No obstante, en el presente asunto el Tribunal Supremo deberá pronunciarse sobre un aspecto esencial, cual es si puede serle exigida responsabilidad civil a un fiscal por vulnerar el derecho de los ciudadanos a un juicio justo si aquél ha elaborado pruebas falsas y las ha utilizado contra los imputados en el pleito.

Repasemos los antecedentes de hecho del caso. En 1978 un tribunal del estado de Iowa condenó a cadena perpetua a Curtis McGhee y Terry Harrington por el asesinato en julio de 1977 del guardia de seguridad John Schweer, capitán de policía retirado. La investigación la llevan a cabo dos agentes de la policía y el ayudante del fiscal, quien reconoció haberse involucrado de lleno en la investigación (incluso participando en las entrevistas con testigos) sin haberle sido aún encomendada expresamente la tarea, aunque se acreditó que informaba periódicamente al fiscal del condado. No obstante, veinticinco años después se descubre que la acusación había manipulado las declaraciones del testigo principal y no habían facilitado pruebas exculpatorias para la defensa al sugerir la existencia de sospechosos adicionales. Basándose en las nuevas pruebas, el Tribunal Supremo del Estado de Iowa revoca la sentencia de McGee y Harrington quienes en el año 2005 presentan ante el juzgado federal del distrito sur de Iowa una reclamación de daños y perjuicios frente a los fiscales (amparándose en la normativa contenida en el 42 USC 1983) basándose en dos cargos: el primero, la no presentación de evidencias que apuntaban a la existencia de otros sospechosos del crimen; el segundo, la utilización de un testigo cuyo testimonio había sido literalmente fabricado por el fiscal. En la fase preliminar, los demandados solicitaron una moción sumarial de sobreseimiento al oponer como excepción las inmunidades absolutas de la que gozan los fiscales. El juzgado aceptó sobreseer la demanda en relación con el primero de los cargos (la no presentación de pruebas que acreditaban la existencia de sospechosos adicionales) basándose en la absolute inmunity del prosecutor, pero rechazó extender dicha inmunidad al segundo de los cargos, pues constando acreditado que el fiscal había coaccionado al testigo para que presentara una declaración falsa, ello ofrecía base suficiente para la acción de responsabilidad civil. Los demandados apelaron tal decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito judicial, quien rechazó la apelación confirmando expresamente la decisión del juez de instancia al entender que el uso de testigos falsos vulneraba el derecho constitucional del acusado a un juicio justo. El Tribunal de Apelaciones no obstante admitir que los fiscales gozaban de inmunidad cuando presentasen en juicio testigos cuya declaración posteriormente se revelase falsa, no aplicaba dicha inmunidad cuando la falsedad tuviese su origen en la propia fiscalía. En otras palabras, “a prosecutor has no immunity where the prosecutor was accused of both fabricating evidence and then using the fabricated evidence at trial, resulting in a post-trial deprivation of liberty.”.

El Tribunal Supremo ya tuvo ocasión de pronunciarse sobre la inmunidad de los fiscales en el caso Imbler v. Pachtman, de marzo de 1976, en cuya sentencia (redactada por Lewis Powell jr y apoyada unánimemente por los siete miembros restantes –John Paul Stevens no tomó parte en las deliberaciones-) estableció como doctrina judicial que los fiscales gozaban de inmunidad absoluta por las actuaciones realizadas durante el juicio. En el caso Pottawattamie, los fiscales basan su pretensión en un caso más reciente, el Buckley v. Fitzsimons, cuya sentencia de 24 de junio de 1993 (redactada por John Paul Stevens y aceptada por cinco votos frente a cuatro), según la cual la inmunidad de los fiscales se extiende no sólo a la fase judicial, sino a todas las actuaciones íntimamente relacionadas con la fase judicial del proceso y, dado que las actuaciones preparatorias o prejudiciales tienen como objeto precisamente su aportación en la vista, gozarían de íntima conexión con el juicio y, por tanto, se beneficiarían igualmente de esa inmunidad. Por el contrario, los apelados McGee y Harrington aún aceptando la tesis del caso Buckley argumentan que dicha sentencia únicamente extiende la inmunidad a “determinadas” actuaciones preparatorias y no a todas. En el breve comentario que realiza Erin Miller a la vista oral del caso que tuvo lugar, como ya hemos indicado, el pasado cuatro de noviembre, el Tribunal pasó casi veinte minutos abordando un tema crucial: determinar las razones por las cuales un policía sí está sujeto a responsabilidad por la fabricación de pruebas falsas y un fiscal no. De todas formas, el mismo autor indica que el magistrado Stephen Breyer no parece favorable a restringir una inmunidad que no sólo potenciaría un aumento de las reclamaciones de responsabilidad civil, sino que incluso provocaría cierta reticencia de los fiscales a la hora de interrogar a testigos; línea en la que, según Miller incidieron Antonin Scalia y Samuel Alito.

Esta situación sin duda sonará extrañamente utópica al jurista español, a quien  extrañará que la demanda se dirija no sólo frente a la Administración, sino igualmente frente a los fiscales y los policías que llevaron a cabo la investigación. ¿Se imaginan una situación así en nuestro país? Pues no, porque los miembros del ministerio público, al igual que el resto de funcionarios, no sólo gozan de inmunidad, sino lo que es más grave, de impunidad, dado que actualmente el ordenamiento jurídico patrio impide la acción directa frente al funcionario, quien ni tan siquiera puede ser demandado solidariamente con la Administración, facilitando así la impunidad más absoluta. Y, si no, ahí tienen el caso reciente donde un magistrado y la Secretaria Judicial fueron expedientados por la no ejecución de una sentencia que permitió a un condenado a reincidir en su criminal comportamiento, mientras que ni uno solo de los integrantes de la fiscalía fueron no ya expedientados o condenados (ojalá) sino ni tan siquiera se cuestionó su actuación. Porque, ya se sabe, cuando conviene a la fiscalía o a los intereses políticos a quienes sirve, entonces el ministerio público puede ejercer indubitadamente cualquier acción tendente a “promover la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos” (je, je) y, sin embargo, cuando la inmundicia acecha sus togas ¡curiosa paradoja! parece que nada es competencia suya (y, por lo que se pudo comprobar en el delicado caso concreto al que hacíamos referencia, parece que instar la ejecución de una sentencia no se engloba dentro de “promover la justicia”; en definitiva, que, por lo que parece, la misión del fiscal es acometer, mas no culminar).

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