DAVID BOBBY, WARDEN v. ROBERT J. VAN HOOK: ¿QUIÉN ENJUICIA LA PROFESIONALIDA DEL LETRADO DEFENSOR Y EN BASE A QUÉ CRITERIOS?

Attorney

La reciente sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos David, Bobby, Warden v. Robert J Van Hook (558 US [2009]), publicada el pasado 9 de noviembre de 2009 aborda un tema muy interesante, cual es el de si es posible que prospere una petición de habeas corpus presentada por un condenado a la pena capital sobre la base de una defectuosa asistencia letrada. El Tribunal Supremo aborda el fondo del asunto negando la existencia de una indefensión basada en la existencia de una mala actuación del abogado defensor.

Robert Van Hook fue condenado por un juzgado de Ohio y declarado culpable de asesinato y robo con agravantes, siendo solicitada para la primera de las imputaciones la pena capital. En la fase posterior de la sentencia el abogado defensor presentó la declaración de ocho testigos y del propio acusado y, tras una ponderación de todas ellas, se impuso al condenado la pena capital, que fue confirmada por el Tribunal Supremo del Estado de Ohio y rechazando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos conocer el asunto vía certiorari. Tras un infructuoso último intento de evitar la pena capital, Van Hook instó una solicitud de habeas corpus basada en la defectuosa defensa recibida de su letrado en la fase posterior a la sentencia, alegando que no había procedido de manera adecuada a la hora de justificar la condición del deficiente mental del condenado. El juez federal rechazó tal petición, pero el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito, tras dos pronunciamientos en Sala que fueron revocados por el pleno, dicta una resolución definitiva que acoge la petición de habeas corpus amparándose en la defectuosa asistencia letrada, tomando como criterio las directrices aprobadas en el año 2003 por la American Bar Asociation. Pues bien, el Tribunal Supremo anula la decisión del Tribunal de Apelaciones y confirma la decisión inicial del juez de instancia.

Reprocha el Tribunal Supremo al Tribunal de Apelaciones que se ampare, para enjuiciar la profesionalidad o diligencia del letrado, en unas directrices aprobadas dieciocho años después de la condena. Y es que las directrices de la American Bar Asociation aprobadas en 1985 describían las obligaciones del letrado defensor en casos relativos a la pena capital en términos mucho más genéricos que las aprobadas en 2003, donde se abordan criterios mucho más expecíficos pero que, al ser posteriores a la condena son, por tanto, inaplicables. Pero, amén de lo anterior, se reprocha al Tribunal de Apelaciones que acoja “The ABA 2003 Guidelines not merely as evidence of what reasonably diligent attorneys would do, but as inexorable commands with which all capital defense counsel must fully comply”. Reproches aparte, y al analizar la actuación del letrado, el Tribunal Supremo indica que en modo alguno se puede deducir que la actuación del abogado haya sido negligente. El letrado había realizado bien su trabajo al aportar las circunstancias atenuantes porque, pese al reproche que hace al abogado el Tribunal de Apelaciones en el sentido de que las evidencias aportadas hacían sospechar que sobre ellas había indicios de otras circunstancias peores que hubiesen mitigado la condena capital, el Tribunal Supremo rechaza tal imputación porque los testimonios no presentados no habrían sido más que meras repeticiones innecesarias de las declaraciones testificales presentadas y, además, las declaraciones juradas remitidas por los testigos que no habían depuesto “shows their testimony would added nothing of value”. Para concluir el análisis, el Tribunal Supremo finaliza su sentencia con un argumento demoledor: la acreditación sin margen alguno para el planteamiento de la duda razonable de que Van Hook había cometido el crimen y el hecho de que él mismo había realizado una confesión de la que nunca se había retractado.

Aunque la opinión del Tribunal Supremo es per curiam (es decir, que no se consigna el redactor de la misma) cuenta con un voto particular del juez Samuel Alito quien, pese a compartir el criterio mayoritario, únicamente desea enfatizar el hecho de que en su opinión la sentencia en ningún modo implica reconocer a las directrices elaboradas por la American Bar Asociation una especie de criterio objetivo o de relevancia especial para determinar si la actuación de un letrado ha sido o no diligente, puesto que dicha organización, aunque goza de una historia y un prestigio evidente, no es más que una corporación privada y, por tanto, su opinión no refleja la de la profesión letrada en general. Alito concluye que son los Tribunales quienes deben enjuiciar la labor del abogado.

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s