A VUELTAS CON LOS “DERECHOS MIRANDA”: FLORIDA V. POWELL.

Todos hemos oído hablar en alguna ocasión de los “derechos Miranda”, aunque no sea más que por la frecuencia con que en películas y series de televisión la policía, en el momento de detener a alguna persona acusada, le recuerda que “Tiene derecho a permanecer en silencio; todo lo que haga o diga podrá ser utilizado en contra suya en un Tribunal. Tiene derecho a un abogado; si no puede pagárselo, se le asignará uno de oficio”.  Esas breves frases informativas constituyen el núcleo de lo que en el derecho norteamericano se conoce como los derechos Miranda, dado que la exigencia de los mismos proviene de la sentencia Miranda v. Arizona (384 US 436 [1966]), uno de los casos más sonados de la era Warren. En dicho asunto se dilucidaba si la práctica policial consistente en interrogar a los sospechosos sin informarles de su derecho a la asistencia letrada y a no autoincriminarse vulneraba la quinta enmienda constitucional.  El 13 de junio de 1966, en una sentencia redactada presuntamente por Earl Warren (decimos presuntamente porque según relatan Bob Woodward y Scott Armstrong en el libro The brethren, Earl Warren no elaboraba personalmente sus sentencias, tarea que delegaba en sus law clerks) adoptada por cinco votos contra cuatro (los magistrados que votaron en contra fueron John Marshall Harlan, Potter Stewart, Byron White y Tom C. Clark) se estableció que la acusación no podría utilizar declaraciones de los acusados ante la policía si ésta no demostraba que el detenido había sido efectivamente informado tanto de su derecho a guardar silencio como del la asistencia letrada. Un auténtico hito en el derecho penal norteamericano que obligó a las fuerzas del orden a modificar sus pautas de actuación.

Tal sentencia, fruto del activismo judicial de la época Warren, provocó agrias críticas de los juristas conservadores, quienes pusieron tal resolución en su punto de mira. Tan es así, que en 1975, el magistrado William Rehnquist, haciendo gala de un enorme sentido del humor que nunca le abandonó, en la fiesta que anualmente organizaban los magistrados de dicho organismo para celebrar las navidades, se hizo eco de esa situación en una letra que compuso para un villancico que, utilizando la música de Angels from the realms of glory, rezaba así:

Liberals from the realms of theory

Should adorn our highest bench.

Though to crooks they’re always cheery,

At police misdeeds they blench.

Save Miranda! Save Miranda!

Save it from the Nixon four!

Esos “cuatro de Nixon” eran Warren Burger, Harry Blackmun, Lewis Powell y el propio Rehnquist. Sin embargo, Miranda no sólo resistió, sino que fue expresamente confirmado por el Tribunal Supremo en Dickerson v. United States, (530 us 428 [2000]). En una sentencia adoptada por siete votos frente a dos (los disidentes Clarence Thomas y Antonin Scalia) y elaborada sorprendentemente por William Rehnquist, no sólo se negaba abiertamente a revocar la doctrina Miranda y hacía un encendido elogio de tal sentencia, sino que incluso el mismo Rehnquist, tan opuesto a tal doctrina en su juventud, manifestaba en Dickerson que “Miranda has become embedded in routine police practice to the point where the warnings have become part in our national culture”. Tal posición provocó un encendido y airado voto particular del original (y originalista) Antonin Scalia: “Today´s judgement converts Miranda from a milestone of judicial overreaching into the very Cheops´Pyramid (or perhaphs the Sphinx would be a better analoge) of judicial arrogance”.

Hoy, día 7 de diciembre de 2009, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha celebrado la vista oral del caso Florida v. Powell que aborda un espinoso tema cual es la extensión concreta de los derechos garantizados por la sentencia Miranda. En este caso el acusado Kevin Powell fue detenido y condenado a diez años de prisión por un juzgado estatal de Florida, pero apeló la sentencia condenatoria sobre la base de la violación de sus derechos Miranda, toda vez que el impreso que se le dio a firmar y en el que se le informaba de sus derechos no le informaba con suficiente claridad, puesto que no especificaba que su derecho a la asistencia letrada se extendiese al interrogatorio policial, tesis acogida por el Tribunal de Apelaciones y por el Tribunal Supremo del Estado de Florida, quien argumentó que, en efecto, manifestar que el detenido tenía derecho a consultar con su abogado no es suficientemente claro y expresivo para informar del derecho a la presencia del letrado en el interrogatorio. El pronunciamiento del Tribunal Supremo del Estado de Florida es impugnado vía certiorari ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, quien deberá ofrecer contestación a las dos cuestiones que se plantean en este asunto:

1)      La sentencia del Tribunal Supremo de Florida que establece la obligación de informar al detenido de su derecho a contar con la presencia letrada en el interrogatorio ¿Vulnera la doctrina Miranda y la jurisprudencia federal y estatal?

2)      En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, el fallo a la hora de informar expresamente al detenido de su derecho a la asistencia de letrado durante su interrogatorio invalida los derechos Miranda si a aquél se le informa oportunamente de su derecho a consultar a un abogado antes del interrogatorio o en cualquier momento durante el mismo?

Todo, pues, radica en el impreso o formulario que la policía de Tampa ofreció a Kevin Powell y en el que se le informaba de sus derechos. El texto del mismo contiene la siguiente información: “You have the right to remain silent. If you give up this right to remain silent, anything you say can be used against you in court.  You have the right to talk to a lawyer before answering any of our questions.  If you cannot afford to hire a lawyer, one will be appointed for you without cost and before any questioning.  You have the right to use any of these rights at any time you want during this interview” (Para que mi gran amigo el Encarnado no me haga blanco de sus críticas, traduzco:Tiene derecho a permanecer en silencio. Si no hace uso de ese derecho todo lo que diga podrá ser utilizado en contra suya en un Tribunal. Tiene derecho a consultar con un abogado antes de contestar cualquiera de nuestras preguntas. Si no puede costearse un abogado, se le nombrará uno gratuitamente antes del interrogatorio. Puede hacer uso de estos derechos en cualquier momento durante este interrogatorio”). La cuestión dista mucho de ser jurídicamente clara, puesto que si bien cuatro Tribunales de Apelación consideran que esta información es suficiente y quedaría amparada dentro del círculo de los derechos Miranda, otros cuatro sostienen que la misma es insuficiente al no informar de manera expresa al detenido de su derecho constitucional a la presencia del letrado durante el interrogatorio. Y así, mientras el estado de Florida argumenta que la resolución del Tribunal Supremo de dicho estado amplia sin base jurídica alguna el ámbito de los derechos Miranda, Powell sostiene que se trata de garantizar que el detenido quede informado de manera debida del derecho a la presencia letrada en el interrogatorio.

Como se puede observar, cuarenta y tres años después Miranda v. Arizona sigue dando mucho que hablar.

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