EL DOGMA DE LA INFALIBILIDAD DEL AGENTE DENUNCIANTE EN PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.

Erase un 18 de julio….de 1870 en Roma, Italia. Con Pío IX calzando las sandalias del pescador, la Iglesia Católica se hallaba inmersa en el Concilio Vaticano I, en cuyo seno se aprueba la encíclica Pastor Aeternus, que consagra el dogma de la infalibilidad pontificia. El párrafo en cuestión de dicha encíclica papal que aborda el tema reza de la siguiente manera: “…con la aprobación del Sagrado Concilio, enseñamos y definimos ser dogma divinamente revelado que el Romano Pontífice, cuando habla ex cathedra, esto es, cuando, ejerciendo su cargo de Pastor y Doctor de todos los cristianos, en virtud de su Suprema Autoridad Apostólica, define una doctrina de Fe o Costumbres y enseña que debe ser sostenida por toda la Iglesia, posee, por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su Iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbres. Por lo mismo, las definiciones del Obispo de Roma son irreformables por sí mismas y no por razón del consentimiento de la Iglesia. De esta manera, si alguno tuviere la temeridad, lo cual Dios no permita, de contradecir ésta, nuestra definición, sea anatema”.

Pues bien, ciento treinta y nueve años después, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Gijón ha ido elaborando cuidadosamente durante el último año y medio una doctrina conciliar que podríamos denominar, sin temor a equivocarnos, el dogma de la infalibilidad del agente denunciante, cuyo enunciado general podríamos formular canónicamente de la siguiente manera: “…enseñamos y definimos ser dogma jurídicamente revelado que el agente denunciante, cuando habla ex autoritatis, esto es, cuando ejerciendo su cargo de Agente al servicio de todos los ciudadanos, en virtud de su Suprema Autoridad, denuncia un comportamiento y manifiesta que debe ser sostenido como infractor por la Administración, posee, por la asistencia legal y judicial que le ha sido prometida en el bienaventurado Jefe ejecutivo y por nos, aquella infalibilidad que la legislación quiso gozara su persona en la indicación de infracciones administrativas. De esta manera, si alguno tuviese la temeridad, la Administración y nos no lo permitamos, de contradecir esta, nuestra definición, sea anatema”. En otras palabras: si los hechos van en una determinada dirección y la palabra del agente denunciante por otro, siempre ha de creerse al agente, aunque los hechos mismos le contradigan. Es evidente y hemos de partir, en efecto, del tenor literal del artículo 138.3 de la Ley 30/1992 (“Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados”), que establece una presunción de veracidad en relación con los hechos denunciados por quienes tengan la condición de autoridad; ahora bien, dicha presunción es iuris tantum, y puede ser destruida mediante la aportación de prueba en contrario por el interesado, mientras que en aplicación de ese nuevo dogma de la infalibilidad del agente denunciante la presunción se torna, al menos en Gijón, en iuris et de iure.

Veamos mediante el análisis de un caso real de divergencia entre la palabra del agente denunciante y los hechos reales cómo se ha aplicado el dogma de la infalibilidad por el Juzgado de lo Contencioso de Gijón. Partimos de los siguientes hechos:

1)      Un agente denunciante cursa una denuncia frente a un ciudadano por estacionar su vehículo en un determinado lugar de Gijón. Exactamente siete minutos más tarde el mismo agente denuncia al mismo ciudadano por “no utilizar el cinturón de seguridad o no llevarlo correctamente abrochado”. El lugar de la infracción señalado en la denuncia es exactamente el mismo (insisto, literalmente el mismo) que el de la denuncia originaria por estacionamiento indebido del vehículo. El ciudadano en cuestión no impugna la primera denuncia, porque consideraba  (y así lo manifestó expresamente) que en cuanto al estacionamiento incorrecto el agente llevaba razón; pero sí cuestionó la segunda denuncia porque manifestó siempre que la misma no respondía a la verdad.

2)      Quedó perfectamente acreditado en la vista (mediante la aportación de un mapa callejero gijonés así como de un estracto del mapa de Gijón extraido de Google, porque éste añade al anterior que en las calles se indica la dirección que se permite al sentido de la marcha de los vehículos) que es físicamente imposible que en menos de siete minutos el ciudadano realizase el recorrido que le situase en el mismo lugar de origen. El recorrido que debería haber realizado (suponiendo que tuviese la fortuna de encontrar todos los semáforos en verde) implicaría atravesar una serie de calles estrechísimas (lo que implica velocidad reducida), y dar un rodeo excesivo para volver al mismo lugar y tener la mala suerte de encontrarse de nuevo con el mismo agente (la otra opción, claro está, es que no se hubiera movido un centímetro, dado que las dos denuncias lo situaban en el mismo sitio, pero entonces el vehículo no habría “circulado” y, por tanto, la segunda sanción no sería procedente).

3)      Solicitada la testifical del agente denunciante, ésta hubo de practicarse por escrito, lo que supone que el policía local se encuentra en una situación privilegiada frente a otros testigos, pues ello le permite pensar, repensar y meditar suficientemete la respuesta. Pues bien, el sagaz agente denunciante, a contestación de las preguntas del letrado, reconoce lo siguiente: 1) preguntado si en el momento en que tuvieron los hechos tenía el vehículo a su espalda o de frente, el agente indica que de frente (en otras palabras, que el vehículo de los agentes circulaba detrás del denunciado) 2) niega con total rotundidad que el vehículo estuviese detenido (lo cual se contradice con su propia denuncia cursada tan sólo siete minutos atrás). 3) Preguntado cuánto tiempo tardó en rellenar la denuncia y notificarla al conductor, la salvaguardia de la sociedad contesta que “no me acuerdo de los minutos exactos, pero el mínimo tiempo imprescindible. Este agente abandona el lugar una vez notificada la denuncia al infractor” (observen que el agente habla de minutos, en plural, y que abandona el lugar tras notificar la denuncia; luego de los siete minutos que transcurren entre ambas han de minorarse los minutos que tarda en cursarla y notificarla).

 Lógicamente, en cualquier mente mínimamente racional surgen las dudas: si el vehículo del agente denunciante circulaba detrás del denunciado ¿Cómo pudo el agente denunciante (suponemos que el agente denunciante no sería quien conducía el vehículo policial, en cuyo caso estaría implícitamente reconociendo en sí mismo una conducción negligente) ver con “total claridad” que el denunciado no llevaba puesto el cinturón de seguridad? Si el vehículo del denunciado se encontraba circulando ¿Cómo es posible que siete minutos antes el mismo agente denunciado lo hubiese denunciado por estacionamiento indebido en el mismo lugar donde ahora “circulaba”? La cuestión estaba tan clara que es la primera vez en diez años que he visto al letrado encargado de la defensa de la Administración (un grandísimo profesional amén de un queridísimo amigo) titubear y no ofrecer una explicación convincente a tales contradicciones, limitándose únicamente a insistir en la presunción de veracidad del agente. Pero es entonces cuando aparece el juzgador y se saca de la manga su personal obra de la que se siente más orgulloso, su dogma de la infalibilidad del agente denunciante. Y así, en su sentencia de 23 de junio de  2009 salvando la divergencia entre la denuncia y los hechos con un desarrollo expositivo del dogma:

 

En el caso de autos la Administración ha desplegado una actividad probatoria de cargo suficiente para destruir la presunción de inocencia del recurrente, consistente en los hechos consignados por el agente denunciante en la denuncia inicial, dotados de presunción de veracidad a tenor del art. 76 de la Ley de Tráfico, posteriormente ratificados, al señalar dicho agente que se procedió a la denuncia de este vehículo porque su conductor circulaba sin el cinturón de seguridad, que se le notifica la denuncia y se le entrega copia, como viene reflejado en un apartado en dicha denuncia, por lo que se ratifica plenamente en el hecho denunciado.
[…] Esto es, frente a la versión del actor (parcial en cuanto tal) nos encontramos con las manifestaciones de un agente de la autoridad actuando en el ejercicio de sus funciones quien con seguridad y sin contradicciones en sus manifestaciones declara que el recurrente circulaba sin llevar puesto el cinturón de seguridad, lo que, como hemos señalado, constituye prueba de cargo suficiente de la infracción imputada, la que no ha sido desvirtuada mediante prueba en descargo eficaz desplegada de contrario.
El actor ha fundamentado su defensa en que no resulta posible la comisión de la infracción en cuanto había sido sancionado minutos antes en el mismo lugar, de modo que no resultaba posible ausentarse del mismo y regresar en el intervalo que reflejan las denuncias. Igualmente se sostiene que si el agente vio el vehículo de frente, teniendo en cuenta que la calle San Bernardo en dirección a la calle San Antonio es de sentido único, no pudo ver si llevaba o no el cinturón de seguridad puesto […]
Así carece de eficacia exculpatoria la afirmación de que el actor ho habría tenido tiempo material para realizar el trayecto desde el lugar en que fue denunciado por primera vez hasta que se formuló la segunda denuncia, en el que existen 4 semáforos, pues lo cierto es que median ocho minutos entre ambas denuncias [en realidad fueron 7] tiempo en el que resulta posible la realización de dicho trayecto (esto es, no estamos hablando de lugares situados en puntos opuestos de la ciudad en cuyo caso sería admisible tal alegación, sino de un itinerario corto que resulta posible recorrerlo en un vehículo en el tiempo reseñado.
Igualmente ha de desestimarse la alegación según la cual dado que el agente denunciante afirmó, al responder a la segunda pregunta del interrogatorio sobre si tenía el vehículo a su espalda o de frente que lo tenía de frente, el mismo no podía ver si el conductor llevaba el cinturón de seguridad puesto, pues la respuesta del agente sobre este punto fue clara al decir que no tenía la menor duda sobre que el conductor circulaba sin llevar puesto dicho cinturón, lo que evidencia que sí observó dicha circunstancia y es por todo ello por lo que el recurso ha de ser desestimado”

 En otras palabras, que una persona que circula en un vehículo detrás de otra tiene una visión de águila que le pemite ver que el conductor del vehículo que le precede (oculto de su vista por el asiento del vehículo) no lleva puesto el cinturón. Pero, ya se sabe, siempre y cuando el agente persista en sostenella y no enmendalla, el dogma de la infalibilidad despliega todos sus efectos erga omnes. Y quien contradiga ese sacrosanto dogma, sea anatema

 Quienes hayan visto alguna vez esa magnífica película titulada Un día en las carreras, recordarán que un cuadro de tres experimentados doctores se enfrentan con el director del hospital, el doctor Hugo Hackenbush (en realidad, un veterinario) en relación al diagnóstico de una paciente del centro, pues mientras Hackenbush sostiene que está absolutamente enferma los doctores, por el contrario, sostienen que la paciente no tiene ningún tipo de dolencia. Cuando el trío de galenos le manifiestan de manera indubitada que los rayos X demuetran que no tiene absolutamente nada, la respuesta de Hackenbush es tajante “¿Y ustedes a quién creen más? ¿A mí, o a esos condenados rayos X?”. Es evidente que en ciertos foros se creería a pies juntillas al Hugo Hackenbush…..siempre y cuando llevara uniforme, por supuesto.

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