BOUMEDIENE v. BUSH Y LOS DERECHOS DE LOS PRESOS DE GUANTÁNAMO. ¿FINAL O PRINCIPIO DEL PROBLEMA?

El día 12 de junio de 2008 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos publicó su sentencia Boumediene v. Bush, decisión clave a la hora de determinar el estatus jurídico y los derechos que ostentan los ciudadanos detenidos por fuerzas del orden estadounidenses y trasladados a la base norteamericana de Guantánamo. El caso en cuestión procedía de un habeas corpus instado por Lakhdar Boumediene, uno de los ciudadanos retenidos en la base militar de Guantánamo, y, amén de cuestionarse la adecuación de la Military Comision Act de 2006 al texto constitucional, el Tribunal habría de pronunciarse sobre si los prisioneros detenidos en Guantánamo se encontraban protegidos por la quinta enmienda constitucional y, por tanto, tenían el legítimo y constitucional derecho a no ser privados del due process of law y de los derechos otorgados por la Convención de Ginebra. El magistrado Anthony Kennedy se alineó en esta ocasión con el sector liberal, y en una decisión tomada por cinco votos (los de Kennedy –ponente de la sentencia-, Stevens, Souter, Gisburn y Breyer) frente a cuatro (el chief justice Roberts, Scalia, Thomas y Alito) el Tribunal Supremo sostuvo que los detenidos en la bahía de Guantánamo no podían ser privados del derecho constitucional al habeas corpus, y declaró inconstitucional la Military Comission Act dado que los procedimientos instituidos en dicho texto legal como sustitutivos del habeas corpus no gozaban de las suficientes garantías constitucionales. Los juzgados y tribunales federales eran, pues, competentes para conocer de los procedimientos de habeas corpus que presentasen los detenidos y prisioneros confinados en la base militar estadounidense sita en territorio cubano.

Ahora bien, el pronunciamiento del Tribunal Supremo dista mucho de dejar las cosas claras. El pasado día 22 de diciembre de 2009 el diario norteamericano Washington Post publicaba un artículo elaborado por Jack Goldsmith y Benjamin Wittes titulado No place to write detention policy, en el cual los autores básicamente se hacen eco de las quejas del juez federal Thomas F. Hogan. Este magistrado se lamentaba de que en esta materia el Tribunal Supremo había trasladado de facto la competencia del ejecutivo a los tribunales federales, pero que la judicatura, por un lado carece de experiencia en lucha antiterrorista y, por otro, se encuentra integrada por personas que no son responsables políticamente ante el electorado. Cierto es que los Tribunales federales estadounidenses han visto incrementada su agenda con peticiones de habeas corpus debido a la sentencia Boumediene, pero sin que se haya establecido criterio o guía alguno que los jueces puedan utilizar para verificar si los motivos esgrimidos por las fuerzas del orden encargadas de la lucha antiterroristas pueden justificar o no la detención, lo que da lugar a que existan tantos criterios o reglas como jueces federales. Ahora bien, si el juez Hogan lamenta esto, también critica la inactividad de los poderes legislativo y ejecutivo, sobre todo del primero, que es quien según el magistrado debiera elaborar un corpus legislativo donde se estableciese una regulación uniforme sobre la materia. Y si bien bajo la administración Bush nada se hizo sobre el particular, bajo el mandato de Obama parece que las líneas maestras siguen siendo las del antiguo y vituperado mandatario norteamericano, es decir, continuar residenciando el asunto en los Tribunales dado lo espinoso de la materia a tratar.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s