LEY ÓMNIBUS Y COLEGIACIÓN OBLIGATORIA: ENTRE MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y LA DEMOCRACIA ORGÁNICA.

El pasado miércoles día 23 de diciembre de 2009, el BOE publicaba la Ley 27/2009 de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, la popularmente conocida como ley ómnibus. Pese a su notable extensión (son setenta y dos páginas) la vacatio legis de la misma se reduce a sólo tres días, puesto que su Disposición Final Quinta establece que la misma entrará en vigor el día 27 de diciembre de 2009 (algo perfectamente lógico si tenemos en cuenta que la normativa comunitaria que la ley pretende incorporar al ordenamiento español, es decir, la  Directiva 2006/123/CE establecía en su artículo 44 que “Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar antes del 28 de diciembre de 2009”, es decir, que al legislador español el tiempo se le echaba encima). No obstante, si echamos un vistazo a la Disposición Final Segunda de la Ley 25/2009 nos encontramos con una extraña afirmación: “Mediante esta Ley se incorpora parcialmente al derecho español la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior”. Es decir, que el propio legislador reconoce que la incorporación al ordenamiento patrio de la Directiva comunitaria no es total, sino parcial, algo que no debe sorprender teniendo en cuenta el grado de incumplimiento más o menos disimulado que de la normativa comunitaria realiza nuestro estado.

Pero los que tenemos la mala suerte de estar sujetos a la colegiación obligatoria en una corporación debemos dirigir nuestra mirada hacia la Disposición Transitoria Cuarta, que hace referencia al tema de la vigencia de las obligaciones de colegiación, cuyo tenor literal establece lo siguiente: “En el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación. Dicho Proyecto deberá prever la continuidad de la obligación de colegiación en aquellos casos y supuestos de ejercicio en que se fundamente como instrumento eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios y en aquellas actividades en que puedan verse afectadas, de manera grave y directa, materias de especial interés público, como pueden ser la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas físicas. Hasta la entrada en vigor de la mencionada Ley se mantendrán las obligaciones de colegiación vigentes”. En resumen, que sigue vigente el sistema de colegiación obligatoria hasta que se apruebe la Ley que determine qué profesiones se encuentran sujetas a obligatoriedad en la colegiación. Es obvio y la experiencia demostrará indubitadamente que la casta parasitaria y la élite vinculada a la oligarquía que rige las corporaciones profesionales luchará hasta la extenuación por mantener el vetusto, arcaico y caduco sistema cuyas premisas doctrinales se encuentran ya superadas desde la segunda mitad del siglo XX.

Y si no, fíjense los argumentos que se utilizan para justificar, tanto doctrinal como jurisprudencialmente los colegios profesionales. Si uno coge, por ejemplo, la excelente e imprescindible edición de las Leyes Administrativas que cada año prepara Luis Martín Rebollo para la editorial Aranzadi, a la hora de abordar sus notas introductorias a la Ley de Colegios Profesionales el ilustre administrativista nos dice que los colegios profesionales obedecen a la conveniencia de que existan cuerpos intermedios entre el ciudadano y la Administración; lo que no mucha gente sabe es que la idea de los cuerpos intermedios era especialmente cara y formaba parte del núcleo esencial de los teóricos del sistema socio-político conocido como “democracia orgánica” que, ideado por Enrique Ahrens en 1838 -en su libro  Cours de droit naturel ou de philosophie du droit, fait d’après l’état actuel de cette science en Allemagne– se introdujo en nuestro suelo merced a los teóricos del krausismo (Sanz del Río, Salmerón, Giner) y que alcanzó la cúspide de la teorización con el libro Anarquía o Jerarquía que en 1935 publicara Salvador de Madariaga (y uno de cuyos primeros ejemplares dedicara, por cierto, al entonces Jefe del Estado Mayor Central de la República, el General de División Francisco Franco). En el organicismo, la teoría de los cuerpos intermedios era clave a la hora de articular el sufragio y la representación, por cuanto un hombre tendría tantos votos como en cuantos cuerpos intermedios se integrara, y teniendo en cuenta que las corporaciones se organizarían y estructurarían jerárquicamente e incluso designarían sus representantes en la segunda cámara legislativa. Ahora bien, creo que no es posible en el seno de un Estado de Derecho basado el criterios de democracia clásica introducir unos cuerpos cuya organización se basa en criterios demócrata-orgánicos.

La justificación jurisprudencial tiene mucha más miga, con su apéndice de cobardía en el más alto intérprete de la Constitución. Me explico. Cuando el asunto de la colegiación obligatoria llega al Tribunal Constitucional, éste afirma que la colegiación obligatoria no vulnera la libertad de asociación y/o sindicación porque aquélla no impide al colegiado integrarse libremente en una asociación o afiliarse al sindicato de su elección (véanse, por ejemplo, las SSTC 89 y 131/1989). Claro que el más alto intérprete de la Constitución “olvidó” citar la autoridad doctrinal que en nuestro país introdujo tal sistema: Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, bajo cuya dirección el ministro Eduardo Aunós implantó la Organización Corporativa Nacional, donde estaban adscritos obligatoriamente todos los trabajadores sin que ello mermase su derecho a afiliarse al sindicato de su elección. Ahora bien, este sistema articulado en los años veinte, en pleno auge de las doctrinas autoritarias y corporativistas, por cierto, con pleno apoyo y colaboración activa del Partido Socialista Obrero Español (Largo Caballero prometió su cargo como Consejero de Estado con Primo de Rivera en 1926; en Asturias el SOMA de Manuel Llaneza colaboró activamente con el régimen del Marqués de Estella) ¿Sinceramente puede sostenerse en los albores del siglo XXI en nuestro sistema constitucional? Y, en caso de que tal sistema sea, en efecto, conforme a la Constitución ¿Por qué el Tribunal Constitucional no ha tenido la decencia o la gallardía de indicar la fuente concreta de donde extrajo su razonamiento? ¿Acaso es que los magistrados del alto órgano constitucional integran el grupo de quienes (en palabras de Ramiro de Maeztu) alaban la obra de la dictadura pero vituperan a quien la ha traído?

En definitiva, que mucho presumir de democracia y estado de derecho cuando en su espina dorsal aún perviven con el aval del legislador y del Tribunal Constitucional residuos de la democracia orgánica. ¡Paradojas de la vida!.

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3 comentarios el “LEY ÓMNIBUS Y COLEGIACIÓN OBLIGATORIA: ENTRE MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y LA DEMOCRACIA ORGÁNICA.

  1. Debemos organizarnos, para enviar firmas al gobierno y al Parlamento. Tenemos que dejar claro que somos muchos los profesionales que estamos en cntra de la colegiación obligatoria. Alguien se anima a organizar el tema..?

  2. Enhorabuena por el artículo. Esperemos que en diciembre se haya publicado la Ley, y no tengamos que cabrearnos cuando nos digan que nos mantienen la obligación de estar colegiados.

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