DE CÓMO LA NUEVA LEY 18/2009 DE REFORMA DE LA LEGISLACIÓN DE TRÁFICO ELEVA LA CUANTÍA ECONÓMICA DE LAS SANCIONES.

Si uno echa un vistazo a la cuantía pecuniaria de las sanciones por infracción a la normativa circulatoria introducidas por la nueva Ley 18/2009 de 23 de noviembre y las compara con las existentes en la legislación aún en vigor comprobará que, en contra de lo que se nos trata de vender, las mismas se elevan en tal cuantía que ni con la reducción del 50% puede sostenerse que son inferiores a las actuales. Comparemos la situación.

Actualmente las infracciones leves se sancionan con multa de hasta 90 euros, las graves con multa de 91 a 300 euros y las muy graves con multa de 301 a 600. Retirada de puntos aparte, pues estos se regulan en el Anexo II, que oscilan entre los dos y cuatro puntos en caso de faltas graves y seis en el caso de faltas muy graves.

Pese a que la reforma operada por la nueva ley es económicamente mucho más onerosa,  el actual legislador trata de maquillar la draconiana subida económica de las sanciones y de “vendernos la moto” de una bajada general. En primer lugar, ya comienza poniéndose la venda antes de la herida, “recordándonos” en el párrafo cuarto del Preámbulo que “no se ha procedido a su revisión en los dieciocho años que han transcurrido desde la aprobación del texto articulado sobre la Ley de Tráfico”. Ahora bien, si se echa un vistazo a la cuantía de las multas se comprobará que el nuevo artículo 67.1 eleva la cuantía de las sanciones leves “hasta 100 euros”, fija las graves en 200 (situándose en el estricto centro entre los 90 y los 300) y las graves se fijan en 500 (es decir, que entre los actuales 300 y 600 euros se ha optado por acercarlo lo más posible a la cifra máxima). No obstante, tal “fijación” no es más que una engañifa, porque en materia de excesos de velocidad el propio artículo 67.1 remite al nuevo anexo IV que, si uno tiene la curiosidad de consultar, en función del margen de velocidad puede llegar hasta los 500 euros. Eso sí, que el ciudadano tenga la más absoluta tranquilidad en el sentido de que las sanciones de tráfico no son algo puramente recaudatorio, sino que en la reforma operada en 2009 “late la voluntad de profundizar en la idea de la sanción de tráfico como un elemento de seguridad preventiva en la conducción” (Preámbulo I de la Ley 18/2009).

La verdad es que el nuevo texto legal, errores evidentes aparte (como en el artículo seis ter, donde “Se propone” –es decir, no se modifica, sino que simplemente se propone- la modificación del párrafo segundo del artículo) existen disfunciones preocupantes, derivadas quizá de la aprobación de enmiendas a un articulo sin trasladarlas a los concordantes. Por ejemplo, la existente en el artículo 74.3.d y el artículo 80. Según el primero de los preceptos, en las denuncias que el agente de la autoridad notifiquen en el acto deberán hacer constar que dispone de un plazo de veinte días naturales para efectuar el pago con la reducción y las consecuencias establecidas en el artículo 80, mientras que en este último precepto el plazo que el ciudadano tiene para abonar voluntariamente la sanción es de quince días naturales.

En definitiva, que en tiempo de crisis….más sanciones, más cuantía y menos garantías procedimentales para el ciudadano. Al fin y al cabo ¿Qué importan los derechos de unos ciudadanos cuando la maquinaria administrativa necesita de manera inmediata ingresos para velar por el “interés público”?

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