CUENTO DE UN ESQUIZOFRÉNICO ACTUAR ADMINISTRATIVO…….¡AVALADO POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO!

Érase una vez….cierto Ayuntamiento de una ciudad del norte de España, capital de la costa verde. En cierta ocasión, el Ayuntamiento protagonista de nuestra historia cursó frente a una misma empresa tres denuncias por la presunta comisión de tres infracciones leves por infracción a la normativa circulatoria (tres vehículos propiedad de dicha entidad habían presuntamente estacionamiento en lugar prohibido), que llevaban aparejada una sanción de 90 euros cada una. La empresa en cuestión procedió a abonar el importe de las tres denuncias con la consiguiente reducción, pero consciente de que el pago no impide la interposición de los recursos que procedan, plantea en los tres casos recurso de reposición frente al Ayuntamiento. Dado que no contestan, procede a impugnar en vía contenciosa sucesivamente la denegación de los tres recursos. En el primero de los supuestos, el Ayuntamiento dicta una resolución estimando el recurso de reposición y ordenando la devolución del importe y ordenando la incoación de un procedimiento sancionador por no identificar al conductor (algo que realiza en el mismo expediente que en el de la sanción inicial), dado que aún no había transcurrido el plazo de un año. En los dos restantes, el plazo de prescripción ya se había superado, por lo que el Ayuntamiento mantiene que el pago realizado por la empresa era perfectamente correcto y legal y, en consecuencia, desestima los recursos. Dos comportamientos, pues, contradictorios frente a la misma empresa. Los tres casos llegan al juzgado de lo contencioso de la ciudad. Dada la existencia de dos comportamientos absolutamente contradictorios, necesariamente un proceder ha de ser irregular. ¿Cuál de ellos? Pues para el juzgado de lo contencioso sito en dicha ciudad, aunque pueda parecer de cuento……..¡Los dos son correctos!

En los dos primeros casos en que la Administración sostenía en el recurso de reposición la corrección del pago por la empresa y el carácter finalizador del procedimiento, se alega en vía contenciosa……¡la falta de legitimación activa!. Dicha falta de legitimación no había sido discutida en vía administrativa, y, por tanto, según una constante y reiterada jurisprudencia, no puede desconocerse en vía jurisdiccional una personalidad reconocida en vía administrativa (entre otras, las SSTS 1 de febrero de 1989, y 21 de marzo de 2002). Pues bien, el Juzgado, ignorando la jurisprudencia, avala la tesis municipal de la falta de legitimación activa porque la infracción imputada no podía haber sido cometida por una persona jurídica y el pago de la sanción por la empresa no le confiere a ésta legitimidad para impugnar judicialmente la infracción.

Pero en esto llega el tercer pleito, donde el Ayuntamiento había conseguido convertir una sanción de 90 euros en una de 450. Distinto proceder, pero los mismos actores, los mismos hechos y….el mismo juez. Se alegaba en la demanda la existencia de reformatio in peius y, lo que es más claro y flagrante, una vulneración del principio de igualdad dado que una misma situación había sido resuelta de manera distinta. Pues bien, de nuevo el juzgador echa un capote al Ayuntamiento y desestima la demanda. Considera no sólo que no hay una reformatio in peius, sino lo que es más sorprendente, que no existe vulneración del principio de igualdad, razonando de la siguiente manera:

Comenzando por esta última alegación, ha de señalarse que en las sentencias dictadas en los PA – de este Juzgado se acordó declarar la inadmisibilidad de los recursos interpuestos por la actora por falta de legitimación activa en base a que las infracciones de estacionamiento sobre aceras y zonas destinadas al paso de peatones y estacionamiento en lugares reservados para carga y descarga sólo podían ser cometidas por personas físicas, condición que no concurría en la recurrente. También se dice en dichas sentencias que los órganos de este orden jurisdiccional juzgarán dentro de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición.

Sentado lo anterior no concurre en el caso una infracción del principio de igualdad. El hecho de que en los dos procedimientos indicados la Administración tras admitir el pago de la sanción posteriormente no anulara las actuaciones, a fin de seguir un procedimiento por falta de identificación del conductor no significa que la misma no pueda modificar su criterio siempre que el mismo aparezca motivado (posibilidad admitida en el art. 54.1.c de la Ley 30/92) cual sucede en el caso de autos en la resolución de – de anulación de actuaciones, comportando como lógica consecuencia que el posterior enjuiciamiento judicial de tales actuaciones haya de realizarse con arreglo a las alegaciones que las partes realicen en cada procedimiento por lo que no puede acogerse la vulneración invocada.

En definitiva, que según tal criterio la Administración tiene las manos libres para actuar como a su parecer convenga, pues gozará de la comprensión del órgano judicial en cada ocasión que mude de parecer, siempre que motive su criterio (motivación que, teniendo en cuenta los laxos criterios del juzgado en cuestión a la hora de juzgar la actuación pública, forzoso es añadir que no será necesario sean o estén muy justificados, dado que en caso de duda siempre ex parte podrá el Tribunal acudir en ayuda del ente público). Con tal doctrina se elimina la vulneración del principio de igualdad, para cargarse de lleno el de seguridad jurídica, dado que la Administración siempre podrá modificar su criterio en función del caso concreto justificando o motivando su actuación.

Tal situación me recuerda el célebre soneto-denuncia del siglo de oro que un amigo y compañero dio a la luz pública medio año ha, y que el vulgo madrileño atribuyó al en su día conde de Villamediana:

QUÉJANSE LOS CIUDADANOS DE AQUESTE BURGO DE XIXÓN DEL ESCESO DE PRUDENCIA QUE EL MAGISTRADO DEL CONSEJO DE CASTILLA EN EL DICHO LUGAR MUESTRA CUANDO SE TRATA DE AGRAVIOS SOFRIDOS POR LOS LEALES SÚBDITOS DE SU MAGESTAD CATÓLICA EL REY NUESTRO SEÑOR (Q.D.G.) CUANDO VEN MENOSPRECIADA SU DIGNIDAD Y ESTIMA POR ACTUACIONES DE CORREGIDORES, INTENDENTES, ADELANTADOS, FISCALES DEL CONSEJO DE CASTILLA, COVACHUELISTAS Y OTROS OFICIOS MAYORES DEL REINO.

Azote de indefenso ciudadano
Mas suave y dócil con el ser pudiente.
Con organismos públicos, paciente;
Con el particular, nada liviano.

Predican de ti cargos y no en vano
que jamás osarás hincarles diente
De tu Tribunal dicen, y no mienten:
De su juzgado vengo y siempre gano”.

Un Zeus tonante, fiero y enojoso
Fulgente rayo y égida en la mano,
Eres con todo aquel menesteroso.

Mas enjuiciando a oficio poderoso,
Cojitranco reculas temeroso
Y eliges ser el débil dios Vulcano.

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