LAS POTESTADES DEL JUEZ EN EL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO: ¿JUEZ O PARTE?

Las lucidísimas reflexiones que realiza mi amigo Sevach en un, como siempre, brillantísimo post de su blog (en el cual aborda el análisis de una sentencia del Tribunal Supremo que en su fundamentación lanza una severa admonición a la falta de fundamentación jurídica de una demanda), me lleva a su vez a reflexionar sobre el papel de los magistrados en el proceso contencioso-administrativo.

En efecto, en todo proceso (y el contencioso-administrativo lo es) el juez se encuentra ligado por las pretensiones de las partes y, en consecuencia, no puede apartarse de las mismas. No obstante, y en el ámbito del contencioso-administrativo se deja abierta la puerta para que el juez pueda “sugerir” a las partes nuevos motivos que puedan fundamentar las pretensiones de las mismas. Así, el artículo 33.2 de la Ley 29/1998 establece que “Si el Juez o Tribunal, al dictar sentencia, estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición, lo someterá a aquéllas mediante providencia en que, advirtiendo que no se prejuzga el fallo definitivo, los expondrá y concederá a los interesados un plazo común de diez días para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo”; curiosa fórmula esa la de advertir que “no se prejuzga el fallo” cuando el propio juez sugiere la posible existencia de un motivo adicional no alegado por la parte pero, en fin, tal es la redacción del texto legal. No obstante, como bien indica Sevach, existe otra facultad del juez contencioso, que es la consagrada en el artículo 61.1 del mismo texto legal: “El Juez o Tribunal podrá acordar de oficio el recibimiento a prueba y disponer la práctica de cuantas estime pertinentes para la más acertada decisión del asunto”. En definitiva, que se habilita al magistrado para que abandone su posición de árbitro y pase a ser un jugador activo. Ahora bien, se preguntará el ingenuo ciudadano, si el juez puede estimar que existen cuestiones adicionales no apreciadas debidamente e incluso puede de oficio acordar el recibimiento a prueba y practicar las que estime pertinentes ¿Quién es el beneficiario de esa actividad del juez? Pues parece claro, palpable y evidente que no puede ser más que la Administración, pues esa actividad ex parte del juez, inexistente en el proceso civil, se justifica precisamente por los “intereses públicos” en juego, intereses que, evidentemente, sobre el papel están representados por la Administración (artículo 103 de la Constitución).

No obstante, he de ser absolutamente honesto e indicar que en mis diez años de ejercicio jamás he visto a un magistrado hacer uso de tales preceptos. Sí he visto y mucho me temo que continuaré viendo, cómo cierto juez (de excelente trato a nivel personal y exquisitamente respetuoso con los letrados en las vistas) falla una y otra vez en contra del ciudadano esgrimiendo argumentos que ni tan siquiera fueron sostenidos por la Administración. El ejemplo más claro es el indicado en el post anterior, donde para desestimar el asunto el magistrado se sacó de la chistera (o, por mejor decir, de la puñeta) un argumento al que la persona encargada de la defensa del ente público ni tan siquiera había aludido, aspecto éste que puede demostrarse perfectamente echando un vistazo a la minuta escrita de la parte demandada. Pues bien, si la Administración no esgrime una determinada argumentación jurídica para rechazar un motivo articulado en la demanda, si el juez no hace uso del artículo 33.2 de la LJCA, si en la sentencia el magistrado saca ex parte un argumento para avalar una actuación administrativa sin que nadie lo invocara ¿estamos ante un juez o ante un ente bicéfalo como el águila de los Austrias? Porque lo que no admite la menor duda es que al actuar de esa manera, el aportar a iniciativa propia teorías, argumentos y motivos no alegados por las partes el juez está saltando a la arena, tomando partido y, por tanto, despojándose de uno de los requisitos imprescindibles: la imparcialidad.

Ello demuestra, a mi entender, que el aserto orwelliano “todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros” parece estar tan gravado a fuego sobre el contencioso-administrativo como en las salas de audiencia de los juzgados estadounidenses está el “In God we trust”. O quizá sea que, como indicábamos en una intervención anterior, los ingenuos ciudadanos nos tomamos demasiado en serio esa filosofía de la igualdad que los entes administrativos, como el siniestro Evremonde, toman como meros ejercicios mentales.

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4 comentarios el “LAS POTESTADES DEL JUEZ EN EL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO: ¿JUEZ O PARTE?

  1. Sin ánimo de polemizar con mi querido amigo Monsieur, ese “posicionamiento” tan extremo del Juez-parte, entiendo que no es tal, en el caso que nos ocupa en el post.
    No olvides que, amen de la “libre valoración de la prueba” que tiene el Juez, está el “Iura novit curia”, principio jurídico del Derecho Procesal que indica que el Juez es conocedor del Derecho (o se le presume), y lo obliga a decidir de acuerdo a las normas legales, aún cuando las partes no hayan expresado las leyes en que fundan sus derechos subjetivos, o hayan invocado normas jurídicas distintas a las que el Juez considera aplicables al caso concreto.

    Estas facultades del Juez, entiendo que se aplican por igual a la Administración y al ciudadano, pues en cada caso concreto podrá beneficiar o perjudicar a uno u otro.

    Saludos

  2. Encarnado, la sentencia del Supremo aquí referida que comenta el blog de Sevach dice que nada de “Iura novit curia”, al menos para el ciudadano. Aunque como bien expone este post sí que vale para la administración.

    Mi experiencia es muy mala en los procesos contencioso-administrativos y yo veo que el juez vela también por los intereses de la administración, cuando únicamente debería cumplir la ley en sus sentencias. Tengo sentencias que da pena leerlas.

  3. Esta discusion gira en relacion a 2 ideologias; la activista: posmoderno, verdad juridico objetivo, juez activo, con poderes amplios del juez, subjetiva, prueba de oficio, donde la imparcialidad se desdibuja, en aras a valores como justicia (concepto tambien subjetivo); y por otro lado: el garantismo procesal, moderno, verdad procesal, mas logico, con un juez que actua solo al sentenciar, no admite pruebas de oficio, donde la imparcialidad e igualdad procesal de las partes se encuentran en su maximo esplendor.
    EL tema es lograr una igualdad procesal…de partes que no son naturalmente iguales (Administracion-administrado).
    Dependera de la idea de proceso que se tenga; un proceso como garantia constitucional; y luego de fallos de la Corte Interamericana como “tribunales constitucionales”; la Cadh se aplica todo proceso por igual, tanto civiles, penales, como contencioso adm.

  4. Me lo acaban de invocar y lo más lamentable, lo hace el Juez por que el Ayuntamiento dice que no hay expediente administrativo (reclamación de cantidad a Ayuntamiento de pueblo pequeño y según me dice mi cliente, el Alcalde tiró a la papelera la reclamación) . Se basa el Juez en que el escrito de reclamación previa se presentó en Correos. Y no se que hacer………

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