WOOD v. ALLEN: ACERCA DEL ALCANCE DEL TÉRMINO “UNREASONABLE” EN DETERMINACIONES FÁCTICAS EN CONDENAS PENALES DE TRIBUNALES ESTATALES.

En un post anterior nos hacíamos eco del caso Wood v. Allen, cuya vista oral se celebró el día 4 de noviembre de 2009 ante los nueve jueces que componen el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pues bien, con una rapidez que provoca una sana envidia en este lado del Atlántico, ayer día 20 de enero de 2010 el Tribunal dio a la luz pública la sentencia del caso, Holly Wood v. Richard F. Allen, Commissioner, Alabama Department of Correction et. al. [558 US_(2010)], sentencia de la que fue ponente Sonia Sotomayor y que fue adoptada por siete votos frente a dos disidentes (el siempre inevitable John Paul Stevens –que sin duda se ha convertido en el auténtico Pepito Grillo del Tribunal- y el del ubicuo Anthony Kennedy).

En nuestro post anterior hacíamos una brevísima exposición de los antecedentes del caso, que el lector interesado puede ampliar simplemente leyendo los siete primeros folios de la sentencia comentada, donde se contiene un amplio expositivo con los presupuestos fácticos del caso. Expuestos los cuales el Tribunal Supremo matiza que aceptó conocer del asunto para abordar dos cuestiones expuestas por Wood en su solicitud de certiorari: la primera, de carácter más genérico (podríamos decir que más doctrinal), referente a si para lograr la estimación de un habeas corpus frente a una condena penal de tribunales estatales únicamente ha de probarse que la misma no es razonable (unreasonable) o si, por el contrario, se requiere del solicitante acreditarse esa falta de razonabilidad con base a pruebas evidentes (en definitiva, si ha de sostenerse con pruebas reales tal aserto o basta con demostrar aún a nivel teórico la falta de esa razonabilidad); la segunda cuestión está más apegada al caso concreto enjuiciado, y radica en determinar si la actuación del letrado defensor de Wood a la hora de no aportar pruebas en cuanto a la incapacidad mental de su defendido fue una negligencia o una decisión consciente debida a una estrategia procesal concreta.

El Tribunal comienza indicando que si bien aceptó conocer el asunto para determinar la relación concreta entre dos preceptos legales del United States Code, en concreto entre el $2254(d)(2) y el $2254(d)(1), se encuentra “una vez más” con que no necesita abordar la cuestión para decidir el asunto, toda vez que “or view of the reasonableness of the state court´s factual determination in this case does not turn on any interpretive difference regarding the relationship between these provisions”, es decir, que el recurrente únicamente basa su pretensión en el primero de los preceptos legales indicados anteriormente (el que veda a los tribunales federales otorgar un habeas corpus a un condenado penalmente por tribunales estatales a no ser que la sentencia se apoye en unas premisas fácticas claramente no razonables a la luz de las pruebas presentadas a lo largo del procedimiento). No obstante, abordando el núcleo de la cuestión debatida, tras recordar que ya en sentencias anteriores el Tribunal ha reconocido que el término “unreasonable” es claramente vago y difícil de definir (lo que en nuestro ordenamiento jurídico calificaríamos sin duda alguna de concepto jurídico indeterminado) el Supremo ofrece su doctrina judicial sobre la materia: “a state-court factual determination is not unreasonable merely because the federal habeas court would have reached a different conclusion in the first instance […] even if reasonable minds reviewing the record might disagree about the findings in question, on habeas review that does not suffice to supersede the trial court´s …determination”. En definitiva, que no se aborda el término mediante una definición positiva, sino mediante una negativa: la mera discrepancia sobre los hechos que el tribunal federal que conoce del habeas corpus tenga respecto de los declarados probados por el tribunal estatal no es suficiente para otorgar el habeas.

La segunda cuestión que aborda la sentencia carece de la importancia de la anterior, pues mientras ésta contiene claramente un criterio interpretativo general, la segunda se circunscribe al caso concreto. En todo caso, el Tribunal Supremo entendió perfectamente razonable la postura sostenida por el tribunal estatal en el sentido de que la actuación del letrado a la hora de no aportar los antecedentes mentales de Wood obedecía a una estrategia procesal y no a una actuación negligente o a una falta de pericia.

Por último, el Tribunal Supremo deja abierta la puerta para abordar en ulteriores sentencias la relación entre el $2254(d)(2) y el $2254(d)(1).

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