KIYEMBA v. OBAMA: A VUELTAS CON GUANTÁNAMO Y EL HABEAS CORPUS.

Como ya hemos indicado en anteriores intervenciones, el caso Boumediene v. Bush, que afirmó la competencia de los tribunales federales para conocer de las solicitudes de habeas corpus que instasen los presos de Guantánamo frente a su internamiento, dejó planteados más interrogantes que soluciones. Porque, en efecto, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos fue claro a la hora de reconocer a los presos de Guantánamo su legítimo y constitucional derecho de habeas corpus anulando las previsiones de una legislación que sustituía la jurisdicción de los tribunales federales por comisiones militares, pero fracasó a la hora de establecer unas líneas maestras o establecer unos criterios que sirviesen de guía a los tribunales de distrito. Fueron muchos los magistrados que criticaron tal vacío y que se lamentaban del desinterés tanto del legislativo como del ejecutivo por establecer unas líneas maestras que cubriesen ese agujero gris que consciente o inconscientemente dejó el Tribunal Supremo. Tanto la nueva Administración Obama como el legislativo manifestaron que no adoptarían medida legislativa alguna para cubrir tal vacío, por lo que la omisión tuvo que ser forzosamente suplida por los tribunales federales de Washington D.C, dando lugar a una jurisprudencia vacilante en cuanto a la concesión o denegación de habeas corpus, jurisprudencia que fue sistematizada y analizada por Benjamin Wittes, Robert Chesney y Rabea Benhalim en un amplio informe titulado muy significativamente The Emerging Law of Detention The Guantánamo Habeas Cases as Lawmaking.

No obstante, el Tribunal Supremo se encontró este año con la posibilidad de afrontar un asunto que le permitiría cubrir ese vacío que dejó en junio de 2008 en Boumediene. Se trata del caso Kiyemba v. Obama, cuya vista oral está fijada en principio para el día 22 de marzo de 2010. Se abordaba con dicho asunto la peripecia de diecisiete ciudadanos chinos de la etnia uighur retenidos en la base de Guantánamo, y que instaron una petición de habeas corpus sobre la base de que al dejar de ser considerados enemigos, podrían ser perfectamente liberados y transferidos a territorio estadounidense, dado que temían que su vuelta a China finalizase con su encarcelamiento, tortura o ejecución. Si bien en primera instancia el tribunal de distrito estimó la pretensión y concedió el habeas corpus, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia revocó tal pronunciamiento en su sentencia de 18 de febrero de 2009  Jamal Kiyemba et al. v. Barack H. Obama al argumentar que los tribunales carecían de la facultad de ordenar la transferencia de prisioneros a territorio estadounidense, facultad que ostentaban los otros dos poderes (“the political branches”, en términos de la sentencia). Instada la petición de certiorari, el Tribunal Supremo accedió a conocer el asunto, fijando como asunto a debatir si “los tribunales federales, en el seno de un procedimiento de habeas corpus, ostentan la facultad de ordenar el traslado a los Estados Unidos a los presos recluidos en Guantánamo en virtud de una orden ejecutiva”. Ahora bien, se han producido novedades en el presente caso dado que el ejecutivo ha logrado encontrar acomodo en territorio estadounidense para los diecisiete detenidos, por lo que el Tribunal Supremo se ha dirigido a las partes litigantes para que expresen los efectos que dicho evento pueda tener sobre el caso. En otras palabras, y por utilizar terminología procesal española, si se ha producido una pérdida sobrevenida del objeto y, por tanto, se hace innecesario un pronunciamiento sobre el fondo o si, por el contrario, es de interés la continuación del mismo para fijar doctrina jurisprudencial. Parece ser que la defensa de los diecisiete chinos interesa la continuación del procedimiento, mientras que la Administración sostiene que la nueva situación hace devenir en innecesaria la resolución del asunto.

Es evidente, pública y notoria la crítica doctrinal en cuanto a la insuficiencia del caso Boumediene, postulando la necesidad de establecer unos criterios básicos o referentes mínimos que arrojen algo de luz a los jueces de distrito que de manera constante han de enfrentarse a peticiones de habeas corpus solicitadas por presos de Guantánamo. Pero esa insuficiencia o falta de audacia del caso Boumediene no debe hacernos olvidar la cuestión de fondo: la culpable omisión del legislador, que no desea contaminarse las manos con un asunto tan peliagudo y candente, como de la Administración Obama, que ha renunciado a liderar una reforma en esta materia. Ambos poderes han preferido mirar para otro lado y depositar en el poder judicial una tarea que, en principio, a ellos correspondía.

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