AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 27/2010: EL CURIOSO ASUNTO DEL FUNCIONARIO Y EL BABLE.

El recentísimo Auto del Tribunal Constitucional 27/2010 de 25 de febrero inadmite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo frente al artículo 4.2 de la Ley 1/1998 del Principado de Asturias de Uso y Promoción del Bable. El Auto de la Sala, que cuenta con un voto particular concurrente del Magistrado Manuel Aragón Reyes, entiende que la cuestión carece manifiestamente de fundamento.

Los hechos tienen su origen en la Resolución de 6 de marzo de 2007, en virtud de la cual la Consejería de la Presidencia del Principado de Asturias rechaza dar curso a la solicitud de un letrado del Servicio Jurídico del Principado de Asturias en virtud de la cual solicitaba varios días de permiso, motivando su decisión en el hecho de estar la solicitud escrita en bable, y que el artículo 4.2 de la Ley 1/1998 únicamente contempla las comunicaciones orales o escritas en bable por parte de los ciudadanos, mas no de los funcionarios o personal de dicha Administración.. El letrado en cuestión interpuso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo un procedimiento especial para la protección de derechos fundamentales. El Juzgado en cuestión planteó una cuestión de inconstitucionalidad frente al artículo 4.2 de la Ley 1/1998 al entender que dicho precepto legal vulnera lo dispuesto en los artículos 3.2 y 81.1 de la Constitución. Los argumentos que vierte el titular de dicho juzgado en el auto que plantea la cuestión se centran o basan en que, de facto, se está regulando “a través de una ley ordinaria un aspecto que integra el núcleo duro de la oficialidad”, es decir, que se está reconociendo de facto la oficialidad del bable mientras que de iure la lengua en cuestión carece de dicho estatus; por ello, siempre según el juzgado, “se convierte la eficacia del bable/asturiano en una especie de península lingüística” y que “al establecerse de facto un régimen de cooficialidad se está reconociendo el derecho de los ciudadanos a elegir la lengua oficial en sus relaciones con la Administración pública”. A mayor abundamiento, se argumentaba en el auto que planteaba la cuestión que el legislador autonómico estaría “adentrándose en el régimen de validez de los actos administrativos, materia que está sometida a la legislación básica estatal”, al conceder validez a los escritos presentados en bable por los ciudadanos. El Fiscal General del Estado, tras hacerse eco de varias infracciones formales a la hora de plantear la cuestión, solicita que se inadmita la misma al estar notoriamente infundada, porque es posible acomodar tal precepto al ordenamiento constitucional.

Pues bien, el Tribunal Constitucional, tras recordar en el fundamento jurídico segundo la posibilidad de inadmitir a trámite cuestiones de inconstitucionalidad que estén “manifiestamente infundadas”, rechaza el planteamiento de la cuestión. Tras exponer o recordar en el fundamento jurídico cuarto la doctrina que sobre la oficialidad de las distintas lenguas ha desarrollado el alto intérprete de la Constitución, ventila todo el asunto con dos brevísimos párrafos del fundamento jurídico quinto del auto:

El referido precepto legal no reconoce al bable/asturiano como “medio normal de comunicación” en el seno de la Administración autonómica, como tampoco le atribuye esa condición en las relaciones que ésta entable con los sujetos privados “con plena validez y efectos jurídicos”, notas identificativas de la oficialidad de una lengua determinada. Dicho de otro modo, el precepto legal no atribuye a los ciudadanos el derecho a elegir la lengua del procedimiento, limitándose a imponer a la Administración del Principado de Asturias la obligación de tramitar los escritos que los ciudadanos le dirijan en bable/asturiano. Contemplada la norma con otra perspectiva, su principal virtualidad consiste en privar de toda discrecionalidad a la Administración autonómica a la hora de aceptar las comunicaciones que reciba en esa lengua.

De la obligación de tramitar tales escritos se deriva la validez de éstos a todos los efectos administrativos, y en particular el reconocimiento de su eficacia para paralizar el cómputo de los plazos de caducidad o prescripción de las acciones en vía administrativa. Nótese, a este respecto, que el limitado alcance de la norma que nos ocupa, lo dispuesto en el art. 4.2 de la Ley de uso y promoción del bable/asturiano también se refleja en la definición de su ámbito de aplicación, pues la plenitud de validez a todos los efectos predicada por el legislador autonómico sólo vincula al Principado de Asturias, según se precisa en el inciso final de este precepto legal, quedando por tanto extramuros de ese ámbito de aplicación el resto de poderes públicos existentes en el territorio autonómico

La citada resolución cuenta asimismo con un voto particular de Manuel Aragón Reyes quien, aún coincidiendo en que la cuestión debía inadmitirse a trámite, discrepa sobre los argumentos que debieran haber conducido a dicha inadmisión. Y ello porque considera, tras un análisis del caso, que no se dan los supuestos del artículo 35.1 de la LOTC, al no depender la validez del fallo del procedimiento en la constitucionalidad o no de la norma. La razón que esgrime Aragón Reyes es que el precepto en cuestión se refiere al uso del bable en las relaciones del ciudadano con la Administración del Principado. Ahora bien, en el supuesto enjuiciado el solicitante “lo hace en su condición de funcionario de dicha Administración pública y en el marco de la relación de servicio que le liga a aquélla como empleado público […] Esta es justamente la razón por la que la Administración del Principado de Asturias ha rechazado tramitar la petición del funcionario, al entender –acertadamente, a mi juicio- que la previsión contenida en el art. 4.2 de la Ley del Principado de Asturias 1/1998 de 23 de marzo de uso y promoción del bable no es de aplicación a los asuntos que, en relación con el servicio, pueden plantear los funcionarios de la Administración del Principado”, contrastando dicho precepto con el artículo 3 del meritado texto legal, referido expresamente a los funcionarios. Por ello, “que el precepto cuestionado se refiere exclusivamente a las relaciones de los ciudadanos con la Administración del Principado de Asturias, al status de ciudadano, me parece claro, sin que se atisbe razón suficiente que justifique extender su ámbito de aplicación a las relaciones internas de la propia Administración, tanto en lo que se refiere a las comunicaciones entre órganos administrativos, como en lo que se refiere a los actos de comunicación que puedan plantear sus funcionarios en el marco de la relación de servicios”.

Queda, pues, claro, que la Administración del Principado de Asturias está obligada a dar curso a todas las solicitudes que, escritas en bable, presenten los ciudadanos ante dicha Administración, pero no así en el caso de los funcionarios, que no son titulares de ese derecho de elección que ostenta el ciudadano. Quizá hubiera debido plantearse la cuestión de inconstitucionalidad en otros términos, por ejemplo, si esa diferencia de trato, si ese derecho que se concede al ciudadano pero no al funcionario vulnera el derecho constitucional de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución, o, dicho en otras palabras, si la relación de especial sujeción que tiene el funcionario con la Administración justifica que se le prive de un derecho que sí ostenta en su condición de ciudadano o administrado simple. Siempre nos quedará esa duda.

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