EL CATEDRÁTICO, EL JUEZ Y EL BABLE: FRANCISCO BASTIDA Y LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO NÚMERO TRES DE OVIEDO.

Hoy día veintiocho de mayo de 2010, el diario La Nueva España publicaba un artículo de opinión debido a Francisco Bastida, catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Oviedo, en la que sometía a crítica jurídica la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres de Oviedo que desestimaba la demanda interpuesta por un miembro del Servicio Jurídico del Principado de Asturias que, a través del cauce del procedimiento especial para la vulneración de derechos fundamentales, pretendía se declararan vulnerados sus derechos fundamentales por la Administración autonómica cuando ésta se negó a dar curso a una solicitud redactada en bable. Al asunto en cuestión ya le habíamos dedicado un recentísimo post en el que se daba cuenta a los lectores del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Por el ejercicio cotidiano de mi profesión conozco al titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número tres de Oviedo, quien siempre que he tenido una vista en su juzgado me ha tratado con una un respeto y consideración exquisitos y dignos de elogio -al igual que todos sus compañeros de dicho orden jurisdiccional, sin excepciones-.  Por formación universitaria conozco al profesor Bastida, que precisamente fue quien como docente se encargó de impartirme las asignaturas de Derechos fundamentales y libertades públicas así como la optativa Constitución y Comunidades Autónomas; siempre he sentido un profundo respeto por sus opiniones, aunque la verdad es que no son infrecuentes las ocasiones en que mis puntos de vista son totalmente contrarios a los expuestos por mi antiguo profesor. Mas la verdad es que en esta ocasión puedo suscribir casi en su integridad la crítica del profesor Bastida a la sentencia judicial, aunque no pueda decir lo mismo de la frase inicial que, de tapadillo, introduce al inicio de su colaboración para echar un capote al todavía juez Baltasar Garzón, de quien dice textualmente que “parece que es el Supremo el que abre una causa general contra Garzón” (llamar “causa general” a un proceso penal me parece absolutamente fuera de tono e impropio de una persona de tan alto nivel intelectual y personal como Francisco Bastida; máxime cuando realmente las actuaciones judiciales frente a tan siniestro personaje debieran haberse abierto lo menos hace una década, pero esto es otro tema del que ya nos hemos hecho eco en varias ocasiones y al que, seguramente, volveremos a dedicar alguna otra intervención).

Ciñéndonos al tema que nos ocupa, lo cierto es que, personalmente, y limitando el análisis al punto de vista estrictamente jurídico, existe una circunstancia que no puedo comprender y que el profesor Bastida manifiesta expresamente y con total acierto en su intervención. El magistrado plantea la cuestión de inconstitucionalidad respecto al artículo 4.2 de la Ley 1/1998 con la oposición expresa de ambas partes en litigio, pero con una particularidad, que obra además en los antecedentes del Auto del Tribunal  Constitucional que inadmite a trámite la cuestión: el juzgador manifiesta textualmente que “Así, en caso de considerarse constitucional el art. 4 de la Ley 1/1998, de 23 de marzo, en los términos en que se consideran válidas y eficaces las comunicaciones que dirijan los administrados en bable/asturiano ante la Administración del Principado, el fallo sería estimatorio de la pretensión del recurrente; y en caso de considerarse inconstitucional el citado art. 4 de la Ley 1/1998, de 23 de marzo, por considerarse que establece una oficialidad del bable/asturiano, el fallo sería desestimatorio de la pretensión del recurrente”. En otras palabras, que adelanta materialmente el fallo del asunto en función de la constitucionalidad o no del precepto, dado que en el supuesto de que el Tribunal Constitucional avale la adecuación de dicho precepto a la Constitución, el fallo sería estimatorio y, en caso contrario, desestimatorio. Pues bien, ya sabemos que el alto intérprete del texto constitucional ha manifestado la adecuación del precepto a la carta magna, mas la sentencia ha sido desestimatoria. ¿Qué ha cambiado, pues? Ni más ni menos que el voto particular de Manuel Aragón Reyes, en el cual parece ser que la sentencia se ha apoyado de manera casi literal. Porque, en efecto, si bien el Auto en cuestión avala la constitucionalidad del precepto legal con base en que el mismo no otorga al bable el carácter de oficial, el voto particular del magistrado Aragón Reyes manifiesta que dicha norma se aplica única y exclusivamente a ciudadanos, y no a funcionarios, que tienen un precepto legal específico en dicha norma; en definitiva, que el derecho de usar el bable en las relaciones oficiales con la Administración es un derecho del que son titulares única y exclusivamente los ciudadanos, y no los funcionarios. Esta tesis es la que somete a crítica el profesor Bastida, cuando manifiesta textualmente que “Además, la tesis del voto particular al auto del TC y a la que se abona el juez tiene un fundamento tan endeble que no se sostiene, porque no diferencia entre dos posiciones jurídicas muy diferentes, la del funcionario que ejerce un derecho como trabajador y el funcionario que ejerce una competencia como miembro de un órgano de la Administración. La única lengua oficial y válida de comunicación entre órganos administrativos en el Principado de Asturias es el castellano, pero cuando un funcionario se dirige como empleado solicitando un permiso laboral no ejerce una competencia, sino un derecho ante su empleadora y nada tiene que ver aquí la sujeción jerárquica para que quede privado de un derecho ciudadano, que, por lo demás, tiene un contenido mínimo, como es que se dé por presentado el escrito, sin ni siquiera estar obligada la Administración a contestarle en bable”. Existe, además, a mi juicio, otra consideración adicional ya expuesta en mi intervención anterior sobre el tema: cabría preguntarse si la tesis esgrimida por el magistrado Aragón Reyes no supondría en sí misma una vulneración del principio constitucional de igualdad, puesto que a la hora de dirigirse a la Administración no como autoridad sino como administrado, se está otorgando un tratamiento diferente en función de la condición social (funcionario o no) del sujeto titular del derecho. Quizá lo más prudente hubiera sido que el juez, a la hora de elevar el auto planteando la cuestión, hubiese presentado como cuestión a debatir el hecho si la interpretación del artículo 4.2 de la Ley 1/1998 en el sentido de que el mismo sea aplicable únicamente a ciudadanos y no a funcionarios vulnera lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución.

Existe, además, una consideración adicional que expresa el profesor Bastida respecto a la resolución judicial: “Desde luego, para defender la legalidad el juez no necesita hacer un juicio de intenciones del funcionario, afirmando que con sus reiteradas solicitudes en bable pretendía «menoscabar el principio de autoridad de sus superiores» y que «parece moverse por el único interés de interferir en el buen funcionamiento de la Administración». Estos desahogos son improcedentes en una sentencia”. Suscribo íntegramente tales manifestaciones. El juicio de legalidad o, para ser más precisos, el juicio sobre la vulneración o no en este supuesto concreto de derechos fundamentales en el actuar administrativo no implicaba un juicio de valor sobre la intencionalidad del recurrente, juicio del que, además, por los términos utilizados “parece” que el propio autor del reproche no estar muy seguro. No se trata en un proceso de hacer un juicio de intenciones, sino de legalidad o, en este caso, de constitucionalidad, y no de hipotéticas actuaciones o finalidades del demandante o del demandado. Máxime cuando, como bien indica Francisco Bastida, “Si es un derecho de los ciudadanos usar el bable ante la Administración, no se alcanza a comprender cómo al funcionario que se le premia por conocer el bable se le priva de su uso cuando simplemente desea utilizarlo como lo haría un ciudadano normal. Tampoco cómo la pretensión de ejercer lo que se considera un derecho se puede interpretar como un intento de «menoscabar el principio de autoridad de sus superiores» y de moverse «por el único interés de interferir en el buen funcionamiento de la Administración»”. Conociendo como creo conocer profesionalmente al magistrado en cuestión no logro explicarme las razones por la que en este caso ha realizado dicho juicio de valor. Sin duda alguna sus razones tendrá, aunque en este momento no se me ocurre cuáles pueden haber sido.

En todo caso, creo que tanto la intervención del profesor Bastida como este humilde post demuestran que en un campo como el jurídico donde todo es opinable, no sólo es lícita y posible, sino aconsejable la crítica de una determinada resolución judicial cuando la misma se limita al campo jurídico, única y exclusivamente exponiendo las razones por las que, en derecho, se entiende no ajustada a derecho la opinión del juez vertida en la sentencia.

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