RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL FUNCIONARIO POR DAÑOS A TERCEROS: SISTEMA NORTEAMERICANO Y ESPAÑOL.

Hace poco menos de diez días cuando el redactor de estas líneas iniciaba la lectura de un interesantísimo artículo debido a Dina Mishra y publicado en el Yale Law Journal. El trabajo se titulaba When the interest of Municipalities and their officials diverge: Municipal dual representation and conflicts of interest in $ 1983 litigation, y abordaba el espinoso tema del conflicto de intereses que puede originarse cuando un mismo letrado defiende a un ente local y a un funcionario de dicha Administración en el caso de que un litigante dirija su acción de reclamación por daños frente a ambos. Y es que, pese a que la norma en cuestión (el 42 U.S.C. 1983) permite a cualquier ciudadano que ha sufrido un daño el ejercitar una acción de reclamación por daños frente al causante de los mismos, los Tribunales rechazaron la posibilidad de que tal norma amparase el ejercicio de una acción frente a los entes locales. Hubo que esperar hasta el año 1978, y en concreto hasta la sentencia Monell v. Department of Social Services para que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconociese la legitimación pasiva de las entidades públicas, permitiendo así al demandante entablar un proceso de reclamación por daños bien frente a la Administración, bien frente al funcionario o frente a ambos simultáneamente. El problema que se plantea en el caso de una acción dirigida frente a ambos, funcionario y Administración, y en el que ambos ostenten la misma dirección letrada, es el posible conflicto de intereses, conflicto que, según la normativa estadounidense se da en dos supuestos: cuando la defensa de un cliente perjudica abiertamente al otro defendido y cuando existe un claro riesgo de que la defensa de uno o varis clientes se encuentre limitada por las obligaciones del abogado respecto a otro cliente, antiguo cliente, tercera persona o incluso por intereses personales del propio abogado. En el caso de defensa conjunta del funcionario y de la Administración, Mishra se lamenta por el hecho que, “municipal attorneys not infrequently may favor the municipality´s interests despite ethical obligations to do otherwise”. Téngase en cuenta que en Estados Unidos la Administración no puede ser condenada a daños punitivos, pero el funcionario sí.  Además, la defensa de ambos demandados puede aconsejar diferentes estrategias de defensa, pues frente a la Administración, el ciudadano ha de demostrar que el daño sufrido, es decir, la “deprivation of his federal rights ocurred as a result of the enforcement of a municipal policy or custom”, término éste (policy) que engloba todo tipo de ordenanzas, regulaciones o decisiones públicamente adoptadas y promulgadas por el órgano competente. Además, en 1989 el Tribunal Supremo reconoció en el caso Clanton v. Harris que el ciudadano puede invocar a efectos de demostrar la responsabilidad de la Administración que el daño sufrido por el particular tiene su origen en la defectuosa formación recibida por el funcionario. Sin embargo, si el actor dirige su acción frente al funcionario se encuentra con el obstáculo de la qualified inmunity que este ostenta por las actuaciones desarrolladas en el ejercicio de sus funciones, por lo que su acción deberá tender a destruir esa inmunidad demostrando que la actuación del empleado público excedió la misma. En realidad, todo el extenso y magnífico trabajo de Dina Mishra trata de aportar posibles soluciones al problema del eventual conflicto de intereses que puede originarse a un letrado consistorial en caso de que las estrategias de defensa del ente público y del funcionario puedan entrar en conflicto. Pero lo que interesa es lo siguiente: se protege al funcionario con la qualified inmunity, pero se permite la acción directa frente al mismo, solo o conjuntamente con la Administración.

Volvamos los ojos a nuestro país. La sobreprotección de las autoridades públicas es atroz, por no decir que absoluta y, por ello mismo, contraproducente. La Ley 30/1992 eliminó la acción directa contra el funcionario estableciendo que las acciones de responsabilidad patrimonial se dirigirían única y exclusivamente frente a la Administración. La medida trató de venderse hacia el público como una garantía de indemnidad, dada la reconocida solvencia de la Administración que le permitiría hacer frente a todo tipo de obligación económica, pero lo que en realidad encubría era la consagración legal de la impunidad de las autoridades responsables de las actuaciones causantes del daño. Y, si no, lanzo en voz alta esta pregunta: ¿En cuantas ocasiones la Administración ha dado cumplimiento al artículo 145.2, cuyo tenor literal establece que “La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia grave, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca”?

No se trata de cargar a la responsable de una actuación administrativa que causa un perjuicio al ciudadano con unos daños punitivos que, como bien dice Dina Mishra, pueden arruinar la economía de dicha persona. Pero entre el negro y el blanco, entre la ruina económica y la impunidad absoluta, existe una amplia gama de grises que quizá debiera ser explorada. Estoy seguro de que si ciertas autoridades viesen peligrar sus propias economías en el caso de una actuación dañosa, se lo pensarían dos veces y, en cierta medida, se aligeraría de trabajo a los Tribunales, pues los propios cargos administrativos aplicarían el self restrain. Es precisamente la conciencia de la total impunidad la que lleva a determinadas autoridades a tomar decisiones que, en el caso de que conllevase un mínimo riesgo para sus economías personales, estoy seguro no adoptarían.

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2 comentarios el “RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL FUNCIONARIO POR DAÑOS A TERCEROS: SISTEMA NORTEAMERICANO Y ESPAÑOL.

  1. ¿Cómo esta Monsieur?. Que razón lleva usted, como siempre, en este artículo.hay cosas que no alcanzo a comprender, como que un juez de lo social desconcoendo una jurisprudencia a favor del demandante que anula por completo la pretensión de la administración no tenga los reaños de decirle: Oiga usted, es que desconoce los fallos que en su día les dijeron que esto es así y no de otra manera?. Que costoso es el sistema judicial. Alguien pensará eso de que: todos tienen que vivir. Sí, es cierto, pero no a costa y sobre la dignidad de los demás.

    Publicaré este artículo en Ulpilex.es. Gracias.

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