PERDUE v. KENNY: PREVALENCIA DE LA FACTURACIÓN POR HORAS Y EXCEPCIONALIDAD DE LA REVISIÓN AL ALZA.

Anteayer, día 21 de abril de 2010 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos publicó su sentencia en el caso Pardue v. Kenny, a cuyos antecedentes fácticos ya habíamos dedicado un post anterior. Recordemos que se trataba de un asunto donde los honorarios de un letrado que defendía los intereses de un grupo de menores que litigaba en defensa de sus derechos civiles por gravísimos defectos en el sistema estatal de guarda de menores , habían sido incrementados por el juez de instancia con base al excelente trabajo realizado por el abogado demandante, decisión que había sido confirmada por el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal Supremo, en una sentencia de la que fue ponente el juez Samuel Alito, revoca tal pronunciamiento.

Parte el Tribunal del hecho de que la regla general en el sistema estadounidense radica en que cada parte soporte sus propias costas, si bien en el caso de que el litigio verse sobre derechos civiles, el Congreso aprobó una ley en virtud de la cual en este tipo de asuntos la parte pueda verse resarcida de “una parte razonable de los honorarios de letrado como parte de las costas”. Nos encontramos, pues, ante un concepto jurídico indeterminado que deja en manos de los juzgados su concreción, y en base al cual es posible la aplicación de varios criterios, entre los cuales está el sistema “lodestar” o facturación en base a las horas de trabajo dedicadas al asunto, sistema que se ha generalizado en el ámbito norteamericano. Reconoce el Tribunal Supremo que, aunque el sistema no es perfecto, tiene importantes ventajas, entre las cuales destaca que el mismo es “objective, and thus cabins the discretion of trial judges, permits meaningful judicial revier, and produces reasonably predictable results”.

Un hecho importante es que la propia jurisprudencia anterior del Tribunal Supremo había calificado como honorarios “razonables” aquellos suficientes para estimular a un capable attorney para hacerse cargo de la representación de un cliente en un caso de derechos civiles, siendo el método de facturación por horas suficiente para lograr tal objetivo; es más, tal sistema cubre todos los factores que integran lo que la legislación entiende por “honorarios razonables”.

Ahora bien, en lo que es el núcleo del asunto sometido a debate en el caso concreto enjuiciado, el Tribunal Supremo admite el reajuste al alza de los honorarios, si bien en circunstancias absolutamente excepcionales, pero bien entendido que la carga de la prueba de que existen esas circunstancias y que, por tanto, deben reajustarse al alza los honorarios, corresponde precisamente a la parte que lo solicita. No obstante, y a lo que afecta al caso, los resultados superiores a las expectativas únicamente pueden tenerse en cuenta para este supuesto siempre y cuando sean resultado de la actuación concreta del letrado. La respuesta que da el Tribunal Supremo a la cuestión jurídica es positiva, es decir, que sí es posible en casos excepcionales esa elevación, pero siempre y cuando se den las siguientes circunstancias:

1)      Que el método utilizado a la hora de determinar la tarificación horaria no establece de manera adecuada el “attorney´s true market value”, es decir, el precio que en el mercado libre tendrían los honorarios de dicho letrado.

2)      Que la actuación del letrado incluya un adelanto extraordinario de los gastos y que el proceso se haya prolongado excesivamente en el tiempo. Es interesante la doctrina del alto tribunal cuando indica que “When an attorney agrees to represent a civil rights plaintiff who cannot afford top ay the attorney, the attorney presumably understands that no reimbursement is likely to be received until the successful resolución of the case, and therefore enhancements to compensate for delay in reimbursement for expenses must be reserved for unusual cases

3)      Pueden existir circunstancias extraordinarias en las que una actuación jurídica conlleve un retraso excepcional en el pago de los honorarios, en cuyo caso el Tribunal opta por el reajuste al alza aplicando el interés legal.

El Tribunal, pues, casa la sentencia y devuelve el asunto al juzgado de instancia. Mas no porque el ajuste al alza de los honorarios del letrado sea improcedente, sino porque entiende el Supremo que el juez no ofreció la motivación necesaria (de hecho, en la sentencia se dice que incrementa los honorarios en un 75%, sin justificar por qué aplica ese porcentaje y no otro superior o inferior; establece comparaciones con criterios habituales en el mercado pero sin indicar supuestos concretos de los que se ha valido). No obstante, frente al parecer mayoritario del Tribunal Supremo, los magistrados John Paul Stevens, Stephen Breyer, Ruth Bader Gisburn y Sonia Sotomayor formularon un voto particular argumentando que la actuación del juzgado federal había sido correcta y, por tanto, la elevación al alza de los honorarios de los letrados había sido procedente.

Insisto en que si uno compara la situación con la existente en nuestro país, es para que los letrados españoles se echen a llorar. Los letrados que desempeñan el servicio del turno de oficio perciben compensaciones absolutamente ridículas que, a mayor abundamiento, algunas comunidades están pensando en reajustar a la baja como medio para combatir la crisis. No sólo son reducidos los honorarios, sino que se abonan en un plazo medio de seis meses después de finalizado un procedimiento. Además los jueces en este país no sólo no sirven de ayuda, sino que clavan el estoque en todos los casos que pueden; véase, si no, cómo ha respondido el poder judicial el año pasado en el caso de la huelga de funcionarios (palmaditas en la espalda, declaraciones institucionales de comprensión y apoyo a los huelguistas, compadreo intolerable a la hora de ocupación de espacios públicos –salas de vistas- para recaudar dinero con el que nutrir “cajas de resistencia” sin que se pronunciase ni una sola vez la palabra “justiciable”) con la que tuvo lugar cuando se produjo la huelga de abogados de oficio: clamor en voz alta hablando del sacrosanto derecho del ciudadano, al hecho que no puede dejarse a éste indefenso y ayuno de un procedimiento sin dilaciones indebidas (este último otro sarcasmo más a añadir al anterior) y, en el caso del juez de lo contencioso-administrativo de Gijón hablando en la sentencia de que la Constitución quiere que se de “apoyo moral” al detenido (sic).

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s