VARAPALO DEL TSJ DE ASTURIAS A LA POLÍTICA DEL PRINCIPADO DE NOMBRAMIENTOS “A DEDO”

Tanto el diario La Nueva España como El Comercio se hacen hoy eco de la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por el que se anula el nombramiento de doscientos cuarenta altos cargos del Principado nombrados por el sistema de libre designación cuando, según la resolución judicial, debieran haber sido nombrados por concurso. No es la primera vez, ni presumiblemente será la última, que el Principado recibe un sonoro bofetón judicial en cuanto al sistema de provisión de puestos. Eso sí, impasible el ademán e inasequible al desaliento la Administración autonómica se pasa las resoluciones judiciales por la palomilla y continúa haciendo lo que le viene en gana. Y, si no, véase como en el diario El Comercio, fuentes de la Administración indican que, cito textualmente, “a efectos prácticos, la sentencia no tiene ningún repercusión, y la gente seguirá en sus puestos de trabajo. Lo único que dice el juez es que su forma de elección no es la más adecuada, aunque no ilegal, por lo que en el futuro deberá modificarse”. La propia Consejera de Administraciones Públicas había defendido el sistema de libre designación al sostener que “además de por estar permitida por la ley, porque permite destituir de su cargo al funcionario elegido si no cumple con sus obligaciones. El Principado alega que el concurso de méritos obliga a mantener en el puesto al funcionario, ocurra lo que ocurra”. Naturalmente, pese a ser reiteradas y constantes las condenas en este sentido, es casi seguro que, deferentes en el fondo, no se impondrían las costas a la Administración “por no apreciar mala fe y temeridad en ninguna de las partes”, coletilla o cláusula de estilo que se ha convertido prácticamente en ley no escrita de la Sala.

Las auténticas barbaridades que perpetran diariamente las Administraciones en materia de personal claman al cielo, sin que nadie se responsabilice de tan nefasta gestión. Como quien realmente paga el pato es el ciudadano con sus impuestos y, como los políticos y altos cargos se encuentran absolutamente blindados y, en la práctica se les aplica la antigua máxima inglesa del king can do no wrong, a ver quien es el guapo que se atreve con ellos. Lo triste del asunto es que, pese a la sentencia, la propia Administración ya adelanta que los nombrados a dedo van a seguir en sus puestos. Porque ¿qué es lo que ocurrirá en el mejor de los casos? Que el Principado, en el caso que se decida a ejecutar la sentencia, un lustro de estos convocará un concurso para la provisión de los puestos, un concurso en el que no quepa a nadie la menor duda, superarán precisamente quienes hoy ostenten ya de facto esos puestos. Y, una vez cubierto con el ropaje formal del concurso la designación previamente realizada ¿Quién la impugnará ahora? La sacrosanta discrecionalidad técnica de los tribunales de selección saldrá a relucir y el poder judicial, renuente a desautorizar a la Administración, probablemente se vea con las manos atadas. Y, si no, ahí tienen el ejemplo del Ayuntamiento de Gijón, donde en la última provisión de puestos para personal directivo sacó a concurso cuatro plazas cuyos titulares fueron dados a conocer nada más y nada menos que en la prensa regional incluso con anterioridad a la convocatoria del concurso. Y lo más gracioso es que, pese a que el artículo 13 del Estatuto Básico del Empleado Público incluye entre los criterios para selección del personal directivo los de mérito, capacidad e idoneidad, al elegido por el Ayuntamiento de Gijón para la Dirección de Área de Urbanismo no se le conoce otra vinculación con la materia urbanística que la amistad íntima con el actual concejal del ramo, a quien estuvo vinculado durante años cuando éste ocupaba la máxima responsabilidad en materia de gestión del empleo público local donde, dicho sea de paso, sufrió igualmente severos varapalos judiciales (del Tribunal Superior de Justicia, que no del Juzgado de lo Contencioso de Gijón, que en materias de personal siempre ha dado carta blanca a la Administración para obrar como desee).

Buena prueba del abierto desprecio que por la ley tiene la Administración en cuanto a nombramiento de personal lo tenemos en el sistemático incumplimiento del artículo 10.5 de la Ley del Principado de Asturias 8/1991 de 30 de julio, de organización de la Administración del Principado de Asturias, cuyo tenor literal establece que “Los titulares de los órganos a que se refieren los apartados precedentes serán nombrados libremente por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de los respectivos Consejeros. Los Secretarios Generales Técnicos y los Directores Regionales, salvo supuestos individualmente estimados por el Consejo de Gobierno, serán designados entre funcionarios de carrera de cualquier Administración, pertenecientes a cuerpos, grupos o escalas para cuyo ingreso se exija titulación superior”. Pues bien, vea el lector interesado el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 1 de agosto de 2003, donde se publica el Decreto 121/2003 por el que se nombra a don Daniel Gutiérrez Granda como Director General de Deportes. El señor Granda ni ostenta titulación superior ni es funcionario de carrera ni se establece en el nombramiento las razones por la que estamos ante una excepción a la regla general, tal y como establece la normativa legal al respecto. Y no es este último un caso aislado.

En cualquier país civilizado los responsables de tales desaguisado no volverían a ocupar un cargo público en su vida. En España, por el contrario, a los incompetentes y a quienes desde la élite política vulneran abiertamente la ley se les promociona a las más altas instancias.

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