ABBOTT v. ABBOTT: TRIBUNAL SUPREMO Y SECUESTRO INTERNACIONAL DE MENORES.

El tema de la sustracción internacional de menores es un problema delicado que implica a las jurisdicciones de los diferentes estados. En este sentido, el pasado 17 de mayo de 2010 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha publicado la sentencia Abbott v. Abbott, donde, por cierto, la parte que en principio más preocupación mostraba por una posible sustracción del menor fue quien consumó tan acción.

Los Abbott contrajeron matrimonio en Inglaterra en 1992, ostentando el marido la nacionalidad británica y la esposa la estadounidense. Por motivos de trabajo ambos se trasladaron a Hawaii (donde en 1995 nació su hijo) y en el año 2002 a Chile. En dicho país ambos instaron judicialmente la separación en el año 2003, y los tribunales de dicho país accedieron a tal pretensión, atribuyendo la guardia y custodia del menor a su madre, estableciendo un régimen de visitas a favor del padre; pero algo más, puesto que al amparo de la legislación del menor existente en Chile se otorgó al padre lo que se conoce como un derecho ne exeat, es decir, el derecho a que el progenitor que tiene la guardia y custodia (en este caso la madre) necesitase obligatoriamente el consentimiento del otro antes de que pudiese sacar al menor del país (o, como dice la sentencia, el derecho ne exeat impone un deber a una parte que es un correlativo derecho de la otra). Cuando el padre sacó un pasaporte británico para su hijo, la madre, preocupada, acudió a los tribunales chilenos y logró que éstos le otorgasen a ella un derecho ne exeat; no obstante en el año 2005 fue precisamente la madre quien, sin permiso de su ex-cónyuge y sin haber solicitado el permiso de los Tribunales, sacó al menor del país, averiguándose posteriormente que tanto la madre como el hijo se encontraban en Texas. En el año 2006 el señor Abbott solicitó en un Tribunal de Distrito una sentencia que acordase el regreso del menor a Chile, pretensión que fue desestimada al sostener que el derecho ne exeat no constituía un derecho de custodia según la legislación internacional aplicable. Tal resolución fue confirmada expresamente por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito judicial. El asunto llegó al Tribunal Supremo, donde tuvo lugar la vista oral el día 12 de enero de 2010 siendo la cuestión jurídica a decidir si el derecho ne exeat confiere al progenitor beneficiario del mismo un “derecho de custodia” tal y como viene definido en el Convenio Internacional de 24 de octubre de 1980.

El Tribunal Supremo, por seis votos a favor y sólo tres en contra (los del inevitable John Paul Stevens, acompañado en esta ocasión por Stephen Breyer e incomprensiblemente por Clarence Thomas), estima el recurso y anula la resolución del juzgado confirmada por el Tribunal de Apelaciones. No es casual que la sentencia fuese redactada por Anthony Kennedy, magistrado que desde el año 2000 ha citado frecuentemente derechos foráneos en sus sentencias. En este caso, era aplicable el Convenio de 24 de octubre de 1980 sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Menores, que había sido desarrollado a nivel interno por la International Child Abduction Remedies Act.  Pues bien, parte Anthony Kennedy de las reglas interpretativas a seguir por el Tribunal Supremo a la hora de esclarecer jurídicamente la cuestión: “This Court´s inquirí is shaped by the text of the Convention; the views of the United States Department of State; decisions addressing the meaning of ´rights of custody`in courts of other contracting states; and the purposes of the Convention”; tras un exhaustivo análisis se llega a la conclusion que el derecho ne exeat otorgado al padre le confería un derecho de custodia y, por ello, la sustracción del menor por la madre habría de calificarse como ilegal. La sentencia en cuestión es muy interesante porque no sólo analiza la legislación chilena en la materia, sino que Anthony Kennedy examina la solución dada a la materia en otros ordenamientos. Así, se hace eco de resoluciones de la Cámara de los Lores (máxima instancia judicial inglesa hasta que la Constitutional Reform Act de 2005, en ejecución de la normativa comunitaria europea, desplazó tal cometido al United Kingdom Supreme Court, que entró en funcionamiento el pasado año 2009), del Tribunal Supremo de Israel, de los Tribunales Supremos de Austria, Sudáfrica y Alemania así como de los tribunales de apelación de Australia e Inglaterra, de la posición contraria del Tribunal Supremo de Canadá e incluso de la división de los tribunales franceses. No obstante, la sentencia constata que “Scholars agree that there is an emerging international consensus that ne exeat rights are rights of custody, even if that view was not generally formulated when the Convention was drafted in 1980”; Kennedy incluso desciende a la fase previa a la adopción del Convenio, haciéndose eco del informe Pérez-Vera que dió origen al mismo.

Una auténtica lección magistral de un juez que cada vez siente más la necesidad de hacerse eco de las soluciones que otros sistemas dan a los grandes problemas que se plantean en cualquier sociedad. Una apertura del sistema norteamericano (que, al igual que el británico, tiende a permanecer encerrado en sí mismo) que esperemos se vea acompañado de una apertura de otros sistemas al fascinante mundo del common law.

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