¿ABANDONO DE LA DOCTRINA CHEVRON DE “DEFERENCIA JUDICIAL” HACIA EL EJECUTIVO? ¡QUÉ ENVIDIA!

En la doctrina norteamericana está abriéndose paso cada vez más la idea de que la doctrina Chevron de deferencia judicial hacia el ejecutivo debe ser superada y volver a los criterios de control de la actividad administrativa contenidos en la Administrative Procedure Act de 1946.

Recapitulemos a grandes rasgos, para el lector no familiarizado con el ordenamiento jurídico norteamericano. En los Estados Unidos, la administración se encomienda a agencias administrativas, creadas por la ley que les otorga no sólo facultades administrativas, sino funciones que en derecho estadounidense reciben el nombre de cuasi-legislativas ( rulemaking) y cuasi-judiciales (adjudication), y así ocurre desde 1887 cuando se crea la Interestate Commerce Commission, la primera agencia administrativa en el sentido moderno (aunque, en realidad, buceando en la historia es posible encontrar precedentes ya a finales del siglo XVIII, pues como indica Jerry L. Mashaw, con ese criterio la primera agencia en el sentido moderno seríala Oficina de Patentes, creada en 1791). El control judicial de la actividad administrativa se contiene en la Administrative Procedure Act de 1946, donde  el juez resolvería todas las cuestiones sin estar vinculado exclusivamente por los criterios interpretativos de la agencia, que no sería más que uno de los muchos criterios que el juez podría tener en cuenta a la hora de decidir el asunto. No obstante, el día 25 de junio de 1984 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dio a luz la sentencia Chevron v. Natural Resources Defense Council (467 US 837 [1984]), en la cual se estableció como doctrina a aplicar en los casos de interpretación administrativa de textos legales un doble criterio: en primer lugar, debe verificarse si en efecto estamos ante un precepto legal ambiguo u oscuro en el que el legislador no haya establecido el criterio a adoptar en ese caso y, de darse este, los Tribunales deben otorgar deferencia a la interpretación realizada por la agencia administrativa, siempre que ésta supere el test de razonabilidad. La sentencia fue redactada por John Paul Stevens y adoptada por unanimidad de los siete magistrados (dos de ellos, Thurgood Marshall y William Rehnquist no participaron en el caso). Ahora bien, esa doctrina ha ocasionado múltiples problemas en la práctica, porque el propio Tribunal Supremo pronto abandonó la concepción original de la doctrina, excluyendo en determinados supuestos o actuaciones administrativa la deferencia Chevron a la hora de afrontar la revisión judicial de determinadas actuaciones de las agencias. En este sentido un sector de la doctrina jurídica ya había sometido a una implacable crítica doctrinal a la sentencia Chevron (pensemos en el malogrado Bernard Schwartz y en las páginas que en su indispensable Administrative law había dedicado al tema) pero actualmente un sector nada desdeñable de la élite jurídica ha comenzado a plantear abiertamente la necesidad de que el Tribunal Supremo abandone explícitamente el criterio Chevron de deferencia judicial hacia el ejecutivo y vuelva a los cánones anteriores a dicha sentencia, no sólo porque la misma sería incompatible con la regulación de la Administrative Procedure Act de 1946, sino porque ni tan siquiera dicha resolución judicial habría alcanzado los fines que teóricamente perseguía, que eran reducir moderadamente el control judicial sobre la actividad del ejecutivo a la vez que intentar con ello que el legislador procediese a una redacción más cuidadosa de las leyes. En definitiva, que la propia doctrina administrativa norteamericana aboga ya expresamente por abandonar tal doctrina.

Chevron debe situarse en su contexto, en el año 1984, con un Tribunal Supremo integrado casi exclusivamente por magistrados que debían su cargo a presidentes republicanos (la honrosa excepción de Byron R. White, nombrado por Kennedy, pero que en cuanto a los valores a defender era más un conservador, como lo demuestra el hecho de que fue uno de los dos magistrados –el otro fue William Rehnquist- que se opuso rotundamente a la despenalización del aborto en el caso Roe v. Wade) y con una presidencia republicana, la de Ronald Reagan, a punto de finalizar su primer mandato y a las puertas de obtener de manera abrumadora la reelección. Una lección sí debemos aprender: el propio Tribunal Supremo abandonó al poco tiempo la doctrina Chevron, añadiendo en ulteriores casos innumerables matizaciones tales como supuestos en los cuales no es de aplicación, criterios adicionales y otras circunstancias que hacían de muy difícil comprensión la misma, amén de dificultar enormemente su aplicación práctica. En definitiva, que esa deferencia pronto se rodeó de un cerco de excepciones, matizaciones, puntualizaciones y especificaciones que redujeron en no poca medida el alcance de la misma.

Quizá en nuestro país, donde la doctrina de la deferencia judicial hacia el ejecutivo ha penetrado hasta los tuétanos en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo más a nivel de principio general inspirador de resoluciones que como doctrina legal, debiéramos aprender la lección de lo ocurrido al otro lado del Atlántico.

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