STOP THE BEACH RENOURISHMENT, INC. v. FLORIDA DEPARTMENT OF ENVIROMENTAL PROTECTION: PROPIEDAD PRIVADA DE TERRENOS COSTEROS Y TITULARIDAD DE TERRENOS GANADOS AL MAR.

El pasado día 17 de junio de 2010 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos publicaba su sentencia Stop the Beach Renourishment Inc v. Florida Department of Enviromental Protection, un curiosísimo supuesto donde se entremezclan dominio público, expropiación forzosa así como la distinción entre perspectivas de derechos y derechos adquiridos a la luz de los hechos y de las alegaciones planteadas por los litigantes. Una sentencia que merece ser leída por ser una auténtica lección de dominio público, propiedad privada y privación singular de la propiedad.

Partamos del marco legal consistente en la legislación del estado de Florida. En dicho territorio, la zona sumergida bajo el mar y la playa constituyen dominio público estatal, dominio que comprende la zona del mar territorial y en la playa la línea comprendida entre la bajamar y lo que la normativa define como línea media de altamar (línea que se fija en el alcance medio de la marea alta computado durante los últimos diecinueve años), constituyendo esta última la línea divisoria o frontera entre el dominio público estatal y la propiedad privada o litoral, de manera que desde esa línea hacia el mar estamos ante un dominio público incompatible con la propiedad privada, mientras que de la misma tierra adentro es posible la propiedad privada. Esos propietarios poseen ciertos derechos en relación con el mar y la playa, derechos que podríamos de alguna manera equipararlos a nuestra servidumbre de paso y de vistas (a tener libre el acceso al mar y a que nada obstaculice la libre visión del mismo). Tienen, igualmente, derecho a hacer suyos los terrenos ganados al mar a consecuencia de la acción directa del mar es decir, por el depósito de sedimentos, lodo, arena y otros elementos, así como por los terrenos que se originan a consecuencia de la retirada del mar (en el primer caso, estamos ante el concepto jurídico de accretion y el en el segundo en el de reliction, aunque el Tribunal Supremo a efectos dialécticos los engloba ambos en el concepto de accretion). No obstante, para que podamos hablar de este tipo de figura jurídica ha de darse un requisito indispensable, y es que el aumento de terrenos ganados al mar ha de ser gradual e imperceptible, es decir, que únicamente con el paso del tiempo pueda verificarse esa mutación fáctica, puesto que si esa modificación es súbita y evidente ya no estaremos hablando de accretion, sino de lo que se denomina avulsion, cuyo régimen jurídico es diferente, pues mientras que aquél permite al propietario de los terrenos particulares reclamar la porción de terreno ganada para su propiedad, el último no, puesto que los terrenos ganados al mar por avulsion continúan siendo de titularidad pública.

Pues bien, en el año 2003 la ciudad de Destin y el condado de Walton solicitaron los permisos necesarios para restablecer varios metros de playa que habían sido gravemente dañados por varios huracanes. La actuación estatal de restauración lograría ganar varios metros al mar aumentando el espacio costero (estaríamos, pues, ante un avulsion y no ante un accretion). De conformidad con la legislación estatal de 1961, el ente local solicitó los permisos correspondientes al Departamento de Protección Ambiental, quien dio el visto bueno a la obra concediendo los permisos solicitados. No obstante, tal actuación fue impugnada por la Stop the Beach Renourishment, una sociedad sin ánimo de lucro integrada por propietarios de edificios de primera línea de playa, quienes llevaron tal actuación al juzgado. En primera instancia obtuvieron un pronunciamiento favorable, puesto que el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito sostuvo que tal proceder vulneraría dos de los derechos fundamentales de los propietarios: el derecho a integrar en su propiedad los terrenos ganados por accretion y el derecho a que sus servidumbres permanecieran intactas. La actuación administrativa conllevaría una privación inconstitucional de la propiedad (léase, expropiación). No obstante, y dado que en principio el máximo intérprete del derecho estatal es el Tribunal Supremo del Estado, el Tribunal de Apelaciones le eleva la cuestión planteándole abiertamente si, a la luz de los hechos expuestos, la actuación administrativa era materialmente expropiatoria al privar a los propietarios de los terrenos costeros de derechos de propiedad sin su justa compensación. El Tribunal Supremo de Florida contesta de manera negativa afirmando que no existe ninguna actuación materialmente expropiatoria; amén de reprochar al tribunal inferior el desconocimiento de la distinción entre accretion y avulsion, el Tribunal Supremo de Florida rechaza los razonamientos de la instancia, puesto que entiende que el derecho de accretion es una perspectiva de derecho y no un derecho adquirido, por lo que no cabe expropiación del primero. Tal decisión fue impugnada vía certiorari ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, sosteniendo los recurrentes que la decisión del Tribunal Supremo de Florida vulneraba los derechos constitucionales de propiedad reconocidos en la quinta y decimocuarta enmienda.

El Tribunal Supremo desestimó el recurso y confirmó íntegramente la sentencia de su homólogo de Florida en una sentencia redactada por Antonin Scalia y que contó con el voto favorable de todos sus compañeros salvo John Paul Stevens, quien no participó en las deliberaciones al abstenerse por existir un conflicto de intereses, dado que el veterano magistrado posee en Florida un chalet en primera línea de playa (¡o tempora, o mores!, qué envidia ver tales actitudes y qué contraste entre la dignitas de Stevens y la penosa degeneración doméstica de Maria Emilias y Pumpidos). El Tribunal Supremo entiende que no existe privación singular de la propiedad y, por tanto, no existe expropiación. Entiende el alto organismo judicial que existe en este supuesto un choque o conflicto entre dos principios nucleares del derecho estatal: primero, el derecho que ostenta el estado, como propietario del terreno sumergido colindante a la propiedad, a drenar el mismo en tanto en cuanto no interfiera con los derechos de los propietarios; y, segundo, la doctrina de la avulsion, en base a la cual si el estado logra ganar al mar de manera súbita y abrupta terrenos previamente cubiertos, ese terreno añadido pertenece al estado pese a que elimine el derecho del propietario de acceso al mar.

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