ODISEA JUDICIAL DE UNA SECRETARIA INTERINA: LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA ANULAN LA RESOLUCIÓN DE LA SECRETARIA COORDINADORA QUE NO ACEPTÓ SU RENUNCIA AL CARGO (I).

Pues sí, la verdad. El camino ha sido largo, y muchos los disgustos y penalidades que ha tenido que sufrir una secretaria judicial interina a quien la Secretaria Coordinadora Provincial había denegado de manera injustificada el cese, pero por fin los tribunales han puesto las cosas en su sitio y han propinado un varapalo, cuando no un tremendo bofetón jurídico al prepotente actuar de quien por circunstancias puramente accesorias ostenta un cargo más político que otra cosa. Pero, en fin, dado que el asunto ya no tiene vuelta de hoja al haber ya sentencia firme (la última palabra la ofreció la pasada semana la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León), dedicaremos este primer post a los antecedentes fácticos y al pleito de instancia, reservando para nuestra siguiente intervención el devenir de la apelación realizada por el Abogado del Estado.

Los hechos se remontan a finales de noviembre de 2008, cuando una persona que ocupaba con carácter interino el cargo de Secretario Judicial en un Juzgado de Primera Instancia tuvo conocimiento de que, merced a un concurso de traslados, la plaza que ostentaba había sido adjudicada en propiedad a otra persona. A lo largo de esos días finales del mes de noviembre de 2008, la secretaria judicial interina no sólo manifestó su intención de renunciar a principios de diciembre, dado que el día 22 de dicho mes el Secretario titular tomaría posesión del cargo. De hecho, las secretarias judiciales de la localidad (una pequeña capital de provincia) le hicieron incluso una comida y le manifestaron su voluntad de sustituirla los escasos días que transcurrirían desde su renuncia hasta la incorporación del titular. Los acontecimientos se precipitaron cuando a la secretaria interina le fue ofrecida otra plaza de secretaria en una comunidad autónoma diferente, por lo que presentó, ya de manera oficial y por escrito, justificando su voluntad de cesar en el hecho de que, en primer lugar, habría de cesar en breve espacio de tiempo (en concreto, en once días) y, en segundo lugar, en que no había disfrutado de vacaciones. Al día siguiente, la Secretaria Coordinadora no acepta la renuncia invocando “necesidades del servicio”, pero sin justificar en manera alguna de qué necesidades estaba hablando y, de existir las mismas, las razones por las que no estaban cubiertas. Evidentemente la actuación de la Secretaria Coordinadora lo que pretendía era impedir que su hasta entonces subordinada tomara posesión del nuevo cargo que le había sido ofrecido, puesto que una persona con dos dedos de frente y con un mínimo sentido común no argumenta que en diez días puedan existir “necesidades de servicio” que no puedan ser cubiertas por los cauces de sustitución ordinaria, máxime cuando todos los órganos judiciales de la localidad están sitos en un palacio que carece de suficientes salas de vistas que permitan señalamientos simultáneos. Evidentemente, la funcionaria interina, habiendo solicitado el cese se incorporó en el nuevo puesto de trabajo que le habían ofrecido al día siguiente de presentar su renuncia. Cuatro secretarias judiciales de la localidad (el sesenta por ciento de las secretarias, si descontamos a la propia afectada) presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia un escrito protestando por la actitud de la coordinadora, indicando que ellas se habían ofrecido voluntariamente para cubrir la vacante durante esos diez días (por cierto, que la coordinadora posteriormente, en el informe emitido para dictar la resolución al recurso de alzada interpuesto contra la denegación del cese, acusó literalmente a las cuatro secretarias firmantes del escrito de alentar a su compañera; acusación que, amén de un detalle de mal gusto, bordea peligrosamente el ilícito penal). El día 22 de diciembre de 2008 se incorporó al Juzgado el Secretario titular, redactando la coordinadora un acta de cese en el que indicaba que la Secretaria interina cesaba ese mismo día por incorporación del titula. Impugnada en vía administrativa la resolución que denegaba el cese, la alzada interpuesta fue desestimada, por lo que no quedó más remedio que acudir a la vía judicial. En el ínterin, la Secretaria Coordinadora se apresuró a iniciar a la vez un expediente sancionador contra su antigua subordinada.

La demanda se presentó oportunamente en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Soria, solicitando no sólo la declaración de nulidad del acto administrativo que denegaba el cese, sino que al amparo de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 29/1998 se solicitaba el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, consistente en que se condenara a la Secretaria Coordinadora a redactar un nuevo acta de cese en el que se reflejara que la Secretaria interina había cesado el día siguiente de la presentación de la renuncia, y no diez días más tarde por incorporación del titular. El texto íntegro de la demanda puede encontrarse aquí.

La vista del procedimiento abreviado se fijó originariamente para el día 17 de diciembre de 2009, pero no pudo celebrarse por causa imputable directamente al Abogado del Estado. Recordarán los lectores del blog que esos días se produjo un temporal con fuertes nevadas en todo el norte peninsular. Por aquéllas fechas la plaza de Abogado del Estado en la plaza en cuestión se encontraba vacante, y el mecanismo “ideado” para suplir tal vacante fue precisamente desplazar al Abogado del Estado residente en Logroño hasta el lugar donde debía celebrarse la vista (la distancia entre ambos puntos es de 106 kilómetros). Pues bien, el abogado de la demandante acudió puntualmente a la cita, pese a afrontar un recorrido de 415 kilómetros durante el cual la nieve fue constante compañera de viaje. El Abogado del Estado excusó su presencia el mismo día 17 de diciembre mediante una llamada telefónica realizada a las 9:30 (cuando tenía pleitos fijados para una hora más tarde) argumentando que el mal estado de las carreteras le impedía acudir a la vista. Una responsabilidad flagrante de la Abogacía del Estado que, aquí sí, no procedió a cubrir en forma una vacante ocasionando un perjuicio a varios demandantes que vieron cómo ese día sus pleitos tuvieron que ser reubicados. Por lo que se ve, en la Abogacía del Estado no había problema en renunciar aún sin tener sustitutos para cubrir la vacante y produciendo (en esta ocasión sí) perjuicio para el interés público al obligar a suspender los pleitos. Pero, en fín, cosas de este cuerpo especial de funcionarios.

La vista se fijó esta vez para el mes de febrero de 2010, y esta vez sí compareció el Abogado del Estado, una persona que acababa de acceder a la plaza (era su primer destino y había tomado posesión poco tiempo antes) y que hizo gala en todo momento de una corrección y unos modales absolutamente exquisitos y dignos de elogio, pero su defensa estaba sustentada en pilares de barro: básicamente sostenía que estábamos ante un supuesto de potestad discrecional y que, por tanto, la apreciación de la Secretaria Coordinadora sobre las “necesidades de servicio” debía prevalecer. No existía en el expediente ni un solo dato que indicase que se hubiesen producido alteraciones en el servicio, fue un hecho público y notorio que no se suspendió ni un solo pleito y que el mecanismo de sustitución ordinaria funcionó como un mecanismo de relojería sin producir perjuicio alguno ni para la Administración de Justicia ni para el  justiciable.

Poco tiempo después, se notificó a las partes la sentencia, cuyo texto íntegro puede consultarse aquí. El varapalo para la Administración fue antológico. No sólo se rechazaban una por una todas las alegaciones de la Secretaria Coordinadora y se desmontaba (con el propio expediente administrativo en la mano) la débil tesis del demandado, sino que se estimaron íntegramente todas las presensiones, imponiendo las costas del pleito a la Administración declarando expresamente la temeridad del demandado.

Sin embargo, pese a la exhaustiva fundamentación jurídica de la sentencia, el Abogado del Estado recurrió en apelación. Pero, como diría Michael Ende, esa es otra historia y será contada en otra ocasión (…en un próximo post que no se demorará mucho en el tiempo).

CONTINUARÁ……

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s