FISCALES, ABOGADOS Y TURNO DE OFICIO: EL TSJ DE ASTURIAS HACE PIÑA CON EL FISCAL FRENTE A LOS LETRADOS.

El día 30 de junio de 2010 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha notificado a las partes con una celeridad inaudita en dicho organismo su Sentencia dictada tan sólo un día antes y que resolvía los recursos de apelación interpuesto por varios letrados y por el Colegio de Abogados de Gijón rente a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Gijón que anulaba los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria del Colegio de Abogados de Gijón de 29 de octubre de 2008 y de la Junta de Gobierno del día 30 de octubre de 2009, tema este al que ya le habíamos dedicado un post anterior. A los recursos de apelación se opuso el Ministerio Fiscal, con un escrito del cual ha de reconocerse que, cuando menos, la persona que lo redactó se molestó en buscar doctrina y jurisprudencia; y el Principado de Asturias, quien por medio de su defensor en el caso, Juan S.I. presentó un escrito de apenas dos páginas más propio de tertulia de café, sin la más mínima elaboración y sin citar ni un solo precepto legal ni una sola sentencia en la que apoyarse (en realidad, la actuación del Principado de Asturias en los autos fue discretísima, por no decir nula, limitándose al papel de bufonesca comparsa del Ministerio Fiscal, bajo cuya toga tan cobardemente se escondió).

La sentencia en cuestión refleja lo que ha se había indicado en este post, que existen castas privilegiadas ante cuyas actuaciones jueces y fiscales miran para otro lado y otras sobre las cuales descarga todo su rigor, extremando con ellas el valor que les flaqueó en otros casos. Se consagra también judicialmente (aunque no de manera expresa) una doctrina según la cual la vulneración de derechos fundamentales en unos casos es justificada y en otros no. El texto íntegro de la resolución judicial puede consultarse aquí.

De la sentencia merecen destacarse los siguientes aspectos:

1)      Los tres magistrados avalan la tesis de que el Ministerio Fiscal vive en la torre de marfil descrita por Michael Ende. Porque resulta que la circunstancia de que el acto impugnado por el fiscal saltara a la prensa no sólo escrita sino virtual al haberse publicado al día siguiente en los tres diarios de mayor tirada en la región (y constaban en autos las páginas en cuestión de tales diarios) carece de relevancia porque “ni su publicación, sin más, lo convierte en hecho notorio del que tiene conocimiento la generalidad de las personas” (folio 6). ¡Ahora entiendo por qué Garzón pidió el certificado de defunción de Franco!¡Y yo que pensaba que al suspendido juez estrella se le había ido la pinza!

2)      En cuanto a la falta de legitimación del Ministerio Fiscal, la sentencia es confusa. Por un lado dice que surgen dudas a raíz de la regulación contenida en la Ley 29/1998 respecto a la anterior Ley 62/1978. Porque, si bien dice que en el proyecto de ley se les reconocía legitimación activa, “sin embargo, el texto definitivo de dicha ley, en su artículo 19.f se limita a señalar las atribuciones del Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la Ley, entendiendo con ello que tenían la condición de parte, una vez interpuesto el recurso, artículos 117.2 y 119 de la Ley 29/1998, pero no para interponer el recurso, pues en otro caso no se hubiera rectifica (sic) el proyecto de Ley. Sin embargo, su regulación no difiere en lo esencial del artículo 8.4 de la Ley 62/1978 que al igual que el vigente 119 de la Ley 29/1998 establece que de la demanda se dará traslado al Ministerio Fiscal para alegaciones, por lo que no se contradicen las alegaciones antes hechas a favor de la legitimación del Ministerio Fiscal para interponer el recurso”. ¿En qué quedamos? Este párrafo, dicho sea con todos los respetos, parece iniciado por el doctor Jekyll y finalizado por Mister Hyde. Pero lo curioso no termina ahí, puesto que sigue la resolución “La anterior alegación que pudiera tener cierto fundamento cuando se trate de derechos fundamentales considerados en su generalidad o en abstracto, sin embargo decae en el supuesto que examinamos en cuanto afecta a la designación de abogados para atender el turno de oficio, pues la legitimación para recurrir viene reconocida en las disposiciones anteriormente reseñadas”. Disposiciones que no sólo no contemplan expresamente la legitimación del Ministerio Fiscal, sino que el propio redactor de tan oscura sentencia reconoce que fueron modificados a lo largo de la tramitación parlamentaria para eliminar la legitimación activa del fiscal. Pero lo realmente extraño es ese párrafo final que parece abrir las puertas a la tesis de que en unos supuestos el Ministerio Público está legitimado y en otros no (cuando se trate de “derechos fundamentales considerados en su generalidad o abstracto”). ¿Acaso en el presente asunto no impugnaba “derechos fundamentales considerados en su generalidad o abstracto”? Explíquenmelo, por favor, que yo no lo entiendo.

3)      Rechaza la vulneración alegada del derecho de igualdad respecto a la situación vivida por los Jueces, Secretarios Judiciales y, sobre todo, la huelga de funcionarios que paralizó totalmente la Administración de Justicia hace dos años (el aspecto que más vergüenza torera debió provocar en el juez de instancia y en el Tribunal, más que nada porque en autos constaban unas declaraciones de la juez decana de Oviedo que no tenían desperdicio en el sentido de decir que la justicia estuvo paralizada dos meses y no pasó nada) se ventila con el siguiente aserto digno de los mármoles “Por último, suscitan los letrados recurrentes un supuesto trato discriminatorio respecto a los funcionarios de la Administración de Justicia que afecta al derecho de igualdad, cuestión que debe de rechazarse sin mayores consideraciones pues en el primer supuesto se trataba de un derecho de huelga, en tanto que en el que aquí examinamos se trata de simples medidas de presión que vulneran derechos fundamentales sin ejercitar derecho de huelga alguno”. Es lógico que el Tribunal lo rechace escuetamente “sin mayores consideraciones” para no caer en el bochorno y en el descrédito más absoluto, pero obsérvese la filosofía que subyace implícitamente en dicho párrafo: si la vulneración de derechos fundamentales tiene su origen en el derecho de huelga ejercitado por una minoría, en ese caso la vulneración de derechos fundamentales sería tolerable. Habrá que ver qué opina el Tribunal Constitucional de esto, porque sin duda alguna este párrafo justificaría la interposición del recurso de amparo.

4)      No todo va a ser negativo en esta lamentable resolución, pues explícitamente reconoce que “no es función de los letrados dar apoyo moral” a los detenidos.

Estamos viendo cómo en Madrid los sindicatos están ejecutando una huelga donde no se respetan los servicios mínimos, donde el paro (téngase en cuenta que estamos hablando de Madrid, donde el metro es esencial para el desplazamiento interurbano de grandes masas de ciudadanos) afecta al 100% del servicio, donde las pérdidas se están cifrando en casi tres millones de euros diarios y donde incluso varios piquetes coactivos (mal llamados “informativos”) han agredido físicamente a trabajadores que deseaban incorporarse a su puesto de trabajo. Sin embargo los valientes, aguerridos, osados e indomables integrantes del Ministerio Público, que con tanta celeridad actuaron en el caso de las reivindicaciones de los letrados y tanta consideración mostraron por los derechos fundamentales de los ciudadanos, en el caso de Madrid han decidido no romper la omertá. ¡De vergüenza!

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2 comentarios el “FISCALES, ABOGADOS Y TURNO DE OFICIO: EL TSJ DE ASTURIAS HACE PIÑA CON EL FISCAL FRENTE A LOS LETRADOS.

  1. He leido la sentencia. Me parece correcta y fundada.

    La crítica que realizas a la supuesta extemporaneidad por anuncio en prensa es infundada, bastando a mi juicio con leer el Fundamento Cuarto de la misma.

    En relación a la crítica que realizas en tu punto 3) debo decirte que a mi juicio (y al del TSJ) estás totalmente confundido. Efectivamente no puede compararse una situación de ejercicio del derecho de huelga con unas medidas de presión -ya que no se ha formulado convocatoria de huelga-. Por ello creo que el Tribunal lo rechaza “sin mayores consideraciones” porque es evidente y claro, no porque quiera evitar “caer en el bochorno y en el descrédito más absoluto”.

    Por último en relación a la consideración que realizas: “si la vulneración de derechos fundamentales tiene su origen en el derecho de huelga ejercitado por una minoría, en ese caso la vulneración de derechos fundamentales sería tolerable” PUES CLARO, lo que habrá que realizar es un juicio de confrontación constitucional del derecho en juego, así, derecho fundamental es la educación -27- ¿acaso no es posible la huelga en dicho sector?. Derecho constitucional es el acceso a información veraz -20- ¿acaso no es posible la huelga en dicho sector? Lo que habrá que hacer en estos supuestos de colisión de derechos fundamentales (huelga vs el que proceda) es analizar casuísticamente en cada momento y circunstancia cual debe prevalecer.

    La cuestión determinante, es que en el presente litigio la parte vencida no estaba ejercitando el derecho de huelga, por lo que sus actuaciones son, como acertadamente indica el TSJ, contrarias al Ordenamiento Jurídico.

    Por lo demás, lo dicho, de la lectura de la Sentencia se aprecia una correcta fundamentación y análisis jurídico.

    Un saludo.

  2. Prueba:
    He leído tu atenta intervención y respecto a la misma, he de realizar las siguientes precisiones:
    1) La aparición en prensa de una noticia puede convertirla en un hecho notorio. Por esa regla de tres, como digo en el post, ¿Estuvo acertado Garzón al pedir el certificado de defunción de Franco? Y cuando el fiscal, por ejemplo, actúa de oficio cuando se publican determinadas informaciones en algunos medios de comunicación ¿Qué ocurre? ¿Es que en unos casos sí se entera y en otro no?
    2) En cuanto al tema de la huelga, verás que ni en la contestación a la demanda ni en el recurso de apelación se menciona esa palabra, y ello porque se dió expresamente la razón al fiscal en un tema: no se trata de dilucidar si los letrados tienen o no el derecho a la huelga (tema en el que ni el fiscal ni los codemandados entraron y que únicamente sostuvo el Colegio de Abogados) sino si los acuerdos vulneraban o no derechos fundamentales de los ciudadanos. Los codemandados sostenían que no, porque no hubo ninguna privación de asistencia letrada a ningún detenido (en todo casadmitir que habría una vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas), pero para que haya una privación del derecho a la asistencia letrada tiene que haber existido una actuación material sin la asistencia de dicho profesional, y aquí no se dió. Y si el recurso se basa no en el contenido del acto, sino en sus posibles perjuicios a terceros, entonces la huelga de funcionarios fue ilegal porque, utilizando palabras de la propia sentencia de instancia “aquéllos [los derechos fundamentales] prtegen intereses generales mientras que con intereses que, por muy respetables que sean, afectan al grupo que los plantea. Añade la sentencia que aunque la suspensión de aquéllos servicios pudiera tomarse, en hipótesis, por una actividad de huelga, y aunque esta se hubiera llevado a cabo por los cauces legales, la colisión de derechos fundamentales en juego impediría amparar en el ejercicio del derecho de huelga el acuerdo impunado”. Es decir, que aun aceptando que fuese una huelga la misma no podría aceptarse por el conflicto de derechos. ¿Y por qué en este caso no y en el de una huelga de funcionarios (que afectó a TODA la Administración de Justicia) no sólo no se aplicó la tesis de la colisión sino que la propia Fiscal de Área de Gijón alentó expresamente a los huelguistas a seguir con sus manifestaciones? Se mire como se mire hay una doble vara de medir.
    3) Por último, veo que en tu post no haces referencia al asunto de la legitimación del Fiscal que confieso he sido y soy incapaz de entender tal y como aparece en la resolución del TSJ. Supongo en este caso coincidirás conmigo, la argumentación que ofrece la sentencia de apelación es, cuando menos, oscura y confusa (parece dar a entender que no está legitimado activamente pero es indudable que es parte necesaria -cosa que esta última que nadie en el pleito puso en duda- pero súbitamente se da el giro copernicano y se dice que sí lo está.
    Te agradezco sinceramente tus aportaciones y te mando un cordial saludo

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