¡VENTE P´A ESPAÑA, ASHCROFT!: INMUNIDAD DEL ATTORNEY ESTADOUNIDENSE FRENTE A IMPUNIDAD DEL FISCAL ESPAÑOL.

Es noticia la petición del writ of certiorari que ante el Tribunal Supremo han interpuesto recientemente los abogados de John Ashcroft (y cuyo texto puede el lector encontrar aquí) para que el alto órgano judicial revoque la doctrina del tribunal de instancia. Ya en su día nos hicimos eco de la sentencia que el 4 de septiembre de 2009 dictó el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito Judicial en el caso Al-Kidd v. Ashcroft, que negaba al antiguo Attorney General la inmunidad frente a las acciones judiciales que entabló frente a el un ciudadano estadounidense de religión musulmana. El ciudadano en cuestión, que había sido encarcelado merced a una orden judicial emitida por un juez de distrito a instancias de la fiscalía para que se garantizase su presencia en el juicio como testigo, deambuló por diferentes prisiones hasta que al final se le excarceló sin que tuviese que declarar en sala. Posteriormente entabló lo que en derecho norteamericano se conoce como Bivens action (que, a grandes rasgos, equivaldría a nuestra solicitud de responsabilidad patrimonial) frente a John Ashcroft, a quien acusó de utilizar abusivamente las órdenes de retención de testigos en una política premeditada para detener preventivamente a sospechosos del terrorismo. Las alegaciones de la absolute immunity de la que gozan los fiscales norteamericanos y que fue esgrimida por la defensa de Ashcroft fue rechazada tanto en el juzgado de distrito como en el Tribunal de Apelaciones. No obstante, en este último tribunal, uno de los jueces discrepantes argumentó que de permitir el enjuiciamiento de los fiscales crearía “perverse incentives for prosecutors to alter their decisions about trial strategy in order to avoid personal liability”.

Claro que los fiscales norteamericanos tienen una solución muy fácil si desean evitar todo tipo de responsabilidad.  ¡Vénganse todos a ser fiscales en España! ¡Vente p´a España, Ashcroft! Y es que, distinguidos american attorneys, en nuestro país los fiscales no son inmunes, sino impunes. Sólo varía una letra pero el régimen jurídico da un giro de ciento ochenta grados. ¿Y por qué (se preguntará el sorprendido fiscal estadounidense)? Resumamos:

1)      Impunidad total en cuanto a los gastos judiciales. Porque “en ningún caso se impondrán las costas al Ministerio Fiscal” (artículo 394.4 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil y 139.5 de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; la Ley de Enjuiciamiento Criminal no establece explícitamente la impunidad, pero sí de manera implícita cuando en su artículo 240 dice que las costas podrán declararse de oficio, imponerse a los procesados, al querellante particular o al actor civil, pero no menciona a los fiscales).

2)      Impunidad total frente a las posibles acciones de responsabilidad civil. Ya sabemos que en estos supuestos responde siempre papá estado por mor de lo dispuesto en  los artículos 139 a 146 de la Ley 30/1992 y en los preceptos de la Ley Orgánica 6/1985. La Ley 4/1999 eliminó de la letra de la ley la posibilidad de dirigir la acción directamente frente al funcionario responsable, y aunque la actual normativa exige de la Administración que repita frente al empleado público responsable del daño, creo que no existe ni un solo caso en toda la geografía española donde un ente público haya exigido dado cumplimiento efectivo a lo establecido en el artículo 145.2 de la Ley 30/1992.

3)      Impunidad total en cuanto a posibles sanciones disciplinarias. Si usted, fiscal estadounidense, decide a la vista de los dos puntos anteriores venir a nuestro país y piensa que, pese a lo indicado en los dos puntos anteriores, aún pesa sobre su cabeza la espada de Damocles de un expediente disciplinario….¡no se asuste! Puede que los artículos 63 a 65 de la Ley 50/1981 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal edifique un severísimo régimen disciplinario para los integrantes de este cuerpo especial (¡y tan especial!) de funcionarios, pero no es más que mucho ruido y pocas nueces. Si usted acude al archivo donde se guardan los expedientes sancionadores abiertos a fiscales se encontrará con una estancia llena únicamente de polvo y telarañas.

Eso sí, puede usted incurrir en el desvío o en la enemistad de sus superiores. Pero no se preocupe, que no ocurrirá como en su país, donde un asistant district attorney puede ser puesto de patitas en la calle o inhabilitado como cualquier letrado particular. ¡Aquí no! ¡Faltaría más! Lo peor que puede ocurrirle será un cambio de destino (aún se recuerda la purga que al más puro estilo estalinista ejerció el actual Fiscal General del Estado con determinados fiscales del Tribunal Supremo).

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s