UN JUZGADO FEDERAL SUSPENDE CAUTELARMENTE LA LEGISLACIÓN DE ARIZONA SOBRE INMIGRANTES. LA CRISIS DEL MODELO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL CONCENTRADA

Uno no puede más que quitarse el sombrero ante los tribunales estadounidenses a la hora de enfrentarse a las impugnaciones de instrumentos legislativos con base en la inconstitucionalidad de los mismos, sobre todo si lo comparamos con la lenta, pausada, cansina y tardía respuesta del Tribunal Constitucional español, cuyo prestigio (que siempre fue bastante escaso) ha caído últimamente a la altura del betún. Vamos, que es como comparar a Aquiles con la tortuga, y si algo nos demuestra este ejemplo es la crisis del modelo austrokelseniano de justicia constitucional concentrada en un organismo más político que jurídico, por más que el insigne pensador austríaco hubiese ideado un órgano apartado de las pasiones políticas. Es interesante contrastar lo sucedido con la legislación de extranjería promulgada por el Estado de Arizona con lo sucedido en nuestro país con supuestos como el Estatuto de Cataluña o el aborto.

Pues bien, de todos es sabido que el estado de Arizona aprobó en el primer trimestre del presente año una serie de medidas legislativas muy duras y restrictivas para frenar la emigración ilegal. Entre otras medidas, se facultaba a los agentes de la policía para detener sin orden de arresto a una persona sospechosa de cometer un ilícito que conllevase la expulsión de los Estados Unidos, así como previsiones que tipificaban como delitos el tráfico de seres humanos y el hecho de que un inmigrante no hubiese solicitado u obtenido permisos de residencia. La legislación, sancionada por la gobernadora del estado el día 23 de abril de 2010, establecía como fecha de entrada en vigor el día 29 de julio de dicho año. El día 6 de julio la representación procesal de los Estados Unidos solicitó ante el Juzgado Federal del Distrito de Arizona una demanda impugnando la ley por inconstitucional dado que el estado de Arizona estaría invadiendo competencias federales, puesto que (según los Estados Unidos) la competencia en materia de inmigración es del gobierno federal y, por tanto, Arizona habría invadido con tales medidas las atribuciones federales. Pero la impugnación no sólo se limitó a abrir un proceso de enjuiciamiento constitucional de la ley, sino que se solicitó como medida cautelar (motion for preliminary injuction) la suspensión provisional de la ley en tanto en cuanto el juzgado federal no resolviese sobre la validez de dicho instrumento legislativo estatal. En una Orden fechada el día 28 de julio de 2010 (es decir, un día antes de la entrada en vigor de la ley) la juez Susan Bolton estima parcialmente la solicitud de medida cautelar de los Estados Unidos y suspende cautelarmente cuatro apartados de la ley (en concreto, los que obligan al agente a realizar un esfuerzo razonable para determinar la situación de una persona detenida o arrestada si existen motivos fundados para creer que tal persona se encuentra ilegalmente en los Estados Unidos; el que tipifica como delito el que un inmigrante no solicite los papeles de residencia así como el que un inmigrante ilegal solicite permiso de residencia o desempeñe cualquier tipo de trabajo; y aquel que autoriza al agente para detener sin orden de arresto a una persona de la que se sospeche ha cometido una infracción que conlleve como sanción la expulsión del territorio).

Si uno lee detenidamente el texto de la orden, uno encontrará sin duda alguna puntos de conexión o semejanza con alguna de nuestras instituciones. Por ejemplo, la propia institución de medida cautelar así como los requisitos para su adopción, tales como la pérdida de finalidad legítima al recurso y la ponderación de intereses en juego que debe inclinarse a favor del beneficiario de la solicitud, aunque se exige un requisito adicional inexistente en la legislación española: el solicitante de la medida ha de demostrar que tiene posibilidades de que su demanda sea estimada: “A plaintiff seeking a preliminary injuction must establish that he is likely to succeed on the merits, that he is likely to suffer irreparable harm in the absence of preliminary relief, that the balance of equities tips in his favor, and that an injuction is in the public interest (Winter v. Natural Res. Def. Council Inc, 129 S. Ct. 365, 374 [2008])”. Tras un exhaustivo razonamiento, la juez desgrana meticulosamente las partes de la legislación que pueden ser objeto de una suspensión cautelar de aquéllas que no son susceptibles de producir perjuicio alguno, centrándose en el análisis jurídico de las primeras.

No obstante, comparemos la situación norteamericana con la que nos es familiar, y así podremos verificar lo siguiente:

1)      Modelo difuso frente al concentrado. Los Estados Unidos impugnan un instrumento legislativo del Estado de Arizona ante un juzgado federal sito en dicho territorio, y no ante el Tribunal Supremo. Un juzgado, por otra parte, inserto en el poder judicial, y no en un limbo jurídico como el Tribunal Constitucional español, expresamente separado del poder judicial y calificado muy pudorosamente de “legislador negativo”.

2)      Celeridad de la medida. Fíjese el lector que la demanda se presenta el día 6 de julio de 2010, y que la Orden del Juzgado de Distrito adoptando la medida es de 28 de dicho mes. Un total de veintidós días, tiempo récord si tenemos en cuenta que en el ínterin ha tenido lugar una vista oral y que el texto de la resolución judicial se extiende nada menos que en treinta y seis nutridas páginas.

3)      Eficacia y seguridad jurídica. Con la adopción de la medida se evita que la norma sea objeto de aplicación hasta tanto no sea verificada la plena constitucionalidad de la misma, evitando perjuicios irreparables en caso de que sea declarada su inconstitucionalidad.

Tal situación es inimaginable en un país como el nuestro, donde el plazo de resolución del Tribunal Constitucional no se cuenta por días, sino por años, y donde la suspensión cautelar de una ley es una pieza de museo. Ello explica que en ocasiones al Tribunal Constitucional no le quede otra opción que confirmar la adecuación al texto constitucional de instrumentos legislativos para evitar males mayores. Tomemos como ejemplo, en el recurso de inconstitucionalidad promovido frente a la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y donde el alto intérprete de la Constitución ha rehusado conceder la suspensión cautelar. Pensemos o planteémonos ¿qué ocurriría en el supuesto de que el Constitucional estimase que dicha normativa infringe preceptos constitucionales? ¿Qué ocurriría con las interrupciones del embarazo realizadas al amparo de la norma legal si ésta es declarada inconstitucional?

En definitiva, que en mi humilde opinión (que, como siempre, someto gustoso a cualquier otra mejor fundada en derecho, pero que es una íntima convicción) estamos ante una crisis total del modelo de justicia constitucional concentrado. Y es mi opinión que, en el supuesto de acometer una reforma constitucional, uno de los títulos que debería ser eliminado de raíz es el Título IX y el nefasto órgano que dicho apartado regula.

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2 comentarios el “UN JUZGADO FEDERAL SUSPENDE CAUTELARMENTE LA LEGISLACIÓN DE ARIZONA SOBRE INMIGRANTES. LA CRISIS DEL MODELO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL CONCENTRADA

  1. En este caso, resulta dudosa una opinión fundada en mejor Derecho,absolutamente de acuerdo con sus argumentaciones que difícilmente podrán ser contrarrestadas…

    Monsieur, es usted un maestro!

  2. Monsieur dice: “(…)Pues bien, de todos es sabido que el estado de Arizona aprobó en el primer trimestre del presente año una serie de medidas legislativas muy duras y restrictivas para frenar la emigración ilegal (…)”

    ¡Hombre, Monsieur!, decir que “de todos es sabido” respecto al asunto que abordas, suena bastante pretencioso, máxime cuando en este país lo que conocemos es la talla de sujetador de “la princesa del pueblo”.

    Menos mal que los que te conocemos sabemos que pecas de todo lo contrario.

    ¡Me quito el sombrero, Monsieur!

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