NUEVA LECCIÓN ESTADOUNIDENSE: UN JUZGADO FEDERAL ANULA POR INCONSTITUCIONAL LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN CALIFORNIANA.

El sistema judicial estadounidense ha vuelto a poner en evidencia simplemente con su buen funcionamiento ordinario las enormes carencias jurídicas del sistema español de justicia constitucional. Baste comparar lo ocurrido en Norteamérica con la legislación referente a la prohibición de matrimonios homosexuales y lo ocurrido en nuestro país todavía llamado España con el patético espectáculo ofrecido por el más alto intérprete de la Constitución respecto al estatuto catalán. Allí se enjuiciaba la constitucionalidad de una reforma constitucional; aquí, la constitucionalidad de una modificación estatutaria que, no olvidemos, tiene carácter de ley orgánica.

Respecto a los antecedentes fácticos de la situación californiana, los hemos resumido con bastante extensión en un post anterior. No obstante, y en apretada síntesis, el asunto derivaba de una reforma del código civil californiano que únicamente consideraba como válido el matrimonio entre un hombre y una mujer, legislación que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo del Estado; ante ello, se promovió una reforma constitucional (la denominada proposition 8) que trasladaba al texto constitucional la definición del matrimonio como unión de un hombre y una mujer, modificación constitucional que fue aprobada no sólo por el legislativo, sino que, sometida a referéndum, fue ratificada por el cuerpo electoral. Pues bien, dicha modificación constitucional fue a su vez impugnada por varios ciudadanos ante el Juzgado Federal del Distrito Norte de California, cuestionando la validez de dicha reforma constitucional al entender que vulneraba los derechos consignados en el Bill of Rights, concretamente el due process of law y la equal protection clause. Pues bien, en una sentencia de ciento treinta y ocho páginas, el juez federal Vaugh Walker estimó las pretensiones de los demandantes y, en consecuencia, declaró inconstitucional dicha reforma. En su conclusión final, el juez entiende que los demandantes han acreditado mediante “pruebas abrumadoras” que dicha modificación vulnera los derechos a la equal protection y al due process; que la reforma no ofrece base racional alguna que justifique la discriminación de las parejas del mismo sexo y, por tanto, al ofrecer un tratamiento jurídico diferente, debe reputarse que la modificación constitucional es nula por vulneración de los preceptos constitucionales federales; y, en consecuencia, ordena a todos los funcionarios que no apliquen la Proposition 8. Conviene recordar que la denominada equal protection clause es un derecho recogido en la decimocuarta enmienda constitucional, una de las denominadas “enmiendas de la reconstrucción”, aprobadas tras la victoria unionista en la guerra de secesión (esta enmienda en concreto fue aprobada en julio de 1868) y destinada a impedir que los estados sureños promoviesen o aprobasen cualquier tipo de medida que discriminase a la población negra.

Pero retengamos lo que aquí nos interesa para ofrecer una vía de contraste con el caso español. Si repasamos la situación anteriormente descrita, nos encontramos con los siguientes rasgos:

1)      Reforma de una constitución estatal (es decir, aprobada por un estado en el ejercicio de su soberanía) ratificada por el cuerpo electoral.

2)      Impugnación de la normativa ante un juzgado federal, es decir, ante un órgano integrado en el poder judicial federal.

3)      Declaración de inconstitucionalidad realizada en una sentencia de un juez federal que surte plenos efectos.

4)      Ausencia de cualquier tipo de manifestaciones separatistas o antifederalistas por las autoridades californianas.

Ante este panorama uno no puede más que echarse a llorar ante el penoso espectáculo ofrecido por el Tribunal Constitucional español a la hora de verificar la adecuación o no a la Constitución de la Ley Orgánica 6/2006 de 19 de julio de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Comparemos los escenarios:

1)      En el caso español estamos ante una Ley Orgánica. Es decir, ante una norma aprobada por las Cortes Generales y que en modo alguno es una “constitución” de la autonomía; cierto que ha sido refrendada por el cuerpo electoral, pero por unos ciudadanos que no ostentan la soberanía.

2)      La impugnación se verificó ante un órgano expresamente excluido del poder judicial; un órgano cuyos componentes no forman parte del poder judicial.

3)      La declaración de constitucionalidad se realiza en una “sentencia” emanada de un órgano no judicial, al que los constitucionalistas más pudorosos califican de “legislador negativo” para disimular la naturaleza eminentemente política del organismo.

4)      Creo ocioso resumir los continuos asaltos, amenazas y agresiones verbales que de manera  abierta y absolutamente descarada se realizaron no sólo desde el gobierno de la Generalidad de Cataluña, sino desde el propio Gobierno de la Nación.

Creemos haber expuesto de una manera objetiva y razonada ambas situaciones y el modo en el que ambas fueron resueltas. Ante ello, no puedo menos que recordar las afirmaciones del actual chief justice John G. Roberts cuando indicaba ante un grupo de estudiantes su orgullo por el hecho de que los Estados Unidos proviniese de la tradición inglesa del common law en la que uno de sus mayores logros fue establecer un poder judicial fuerte y autónomo, puesto que una de las mayores dificultades de establecer una democracia es el dotarla de una judicatura independiente. Toda una lección magistral que nuestro país está empeñado en orillar, prefiriéndo refocilarse en  viejos esquemas y manejos caciquiles y picarescos.

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