LOS PROCESOS DE ESCASA CUANTÍA EN EL PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.

Se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía. Tal y como indica la Exposición de Motivos del meritado texto, el mismo tiene su origen en normas comunitarias europeas, en concreto el Reglamento CE de 12 de diciembre  de 2003 por el que se establece un proceso monitorio europeo y el Reglamento de 11 de julio de 2007 por el que se establece un proceso de escasa cuantía. No obstante, la modificación prevista no deja mostrar la voracidad recaudatoria que el moderno leviatán español, ya que, como se indica en el punto quinto de la Exposición de Motivos: “…esta ley sale al paso de una distorsión detectada en la actualidad en relación con los procesos monitorios, a los cuales se recurre, al no estar gravados con la tasa judicial, de manera masiva para eludir procesos en los que sí resulta exigible dicho tributo. A tal fin se modifica el artículo 35 de la Ley 53/2002 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, para incluir dentro del hecho imponible d ela tasa judicial la presentación inicial del procedimiento monitorio, sin modificar ni el ámbito subjetivo ni las exenciones de este tributo”. En definitiva, que aprovechando que el Pisuerga de una reforma procedimental pasa por Valladolid se introduce de tapadillo una modificación de las tasas fiscales para gravar las peticiones iniciales de los procedimientos monitorios, cuyo límite cuantitativo, recordemos, fue elevado de 30.000 a 250.000 euros por la reciente Ley 13/2009.

Las novedades más importantes de este proyecto de ley son los siguientes:

1)      Se eleva de 900 a 2000 euros la cuantía en la que no es necesaria la comparecencia mediante procurador y abogado en los procesos civiles.

2)      Se añade un nuevo apartado al artículo 815 en virtud del cual se establece la posibilidad de que el Juez plantee al peticionario la posibilidad de aceptar una propuesta de requerimiento de pago por importe inferior al consignado en la petición inicial cuando se desprenda de la documental aportada que la cantidad establecida en la petición inicial es incorrecta. Si el peticionario en plazo no superior a diez días no contesta o rechaza tal solicitud se le tendrá por desistido.

3)      Se introducen dos nuevas disposiciones finales, la vigésimotercera (el actual ordinal vigésimotercero pasará a ser el vigésimosexto) y el vigésimocuarto, que incorporan respectivamente medidas para facilitar la aplicación en España del proceso monitorio europeo y el proceso europeo de escasa cuantía, estableciendo las normas de competencia y procedimiento aplicables en tales casos.

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